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Señor Presidente: el ministro de Agricultura, doctor Rubén Darío Lizarralde, utilizó su poder en el Estado para lograr la más amplia difusión de una brutal agresión en contra mía, ataque que incluyó violar en forma flagrante mis derechos constitucionales y legales.

Desde que César Gaviria introdujo al país en el libre comercio, voces ilustradas señalaron que a la industria instalada en Colombia le iría muy mal, incluso peor que al agro, porque no podría competir con la gran producción de las trasnacionales localizadas en países donde la producción fabril contaba con los respaldos oficiales de los que carecía aquí.

The Economist informó que Colombia era el segundo país del mundo con mayor riesgo ante una disminución de los flujos de capital extranjero, fenómeno de muy probable ocurrencia. Ante un concepto tan negativo, y de una de las consideradas biblias neoliberales, el ministro de Hacienda reclamó.

El martes pasado debió comparecer ante la Comisión Quinta del Senado el ministro de Agricultura. Pero el debate de control político no pudo realizarse porque la víspera en la noche informó que no asistiría y que tampoco respondería a las preguntas del senador citante, dado que, afirmó, ellas se referían a sus actividades como gerente de Indupalma.

Nadie recuerda el nombramiento de un ministro de Agricultura que haya caído más mal que el de Rubén Darío Lizarralde.

El efecto principal de las más grandes protestas agrarias de la historia de Colombia –campesinos, indígenas, jornaleros y empresarios; sí, y empresarios– es la cada vez más amplia condena al libre comercio. Porque esa política destruye el aparato productivo, desnacionaliza lo que no arruina, concentra aún más la riqueza y aumenta el desempleo y la pobreza.

Alguien se equivoca cuando mueve una mano y sin proponérselo le echa un vaso de agua encima a otro. Pero no es una equivocación tomar el mismo vaso y tirárselo en la cara al que está al lado.