Durante la jornada, el equipo de la Contraloría sostuvo reuniones por separado con la administración municipal, Espunat y el consorcio Soluciones Ambientales para Natagaima, operador del relleno. 

También se escuchó  a líderes comunitarios y veedores ciudadanos, cuyas denuncias públicas motivaron esta auditoría especial. 

Además, se realizó una inspección en el relleno sanitario para verificar de primera mano sus condiciones de operación.  

La contralora Carolina Giraldo Velásquez explicó que el propósito de esta actuación es esclarecer la trazabilidad de los recursos invertidos por el ente territorial y la ESP en el proyecto, así como las contraprestaciones del convenio firmado. "La comunidad manifiesta que, pese a las inversiones de diferentes administraciones y vigencias, no ven realmente la existencia de un relleno sanitario", señaló. 

En ese sentido, el equipo auditor, conformado por profesionales en contaduría, derecho, arquitectura e ingeniería forestal, analizará la legalidad y pertinencia de dichas inversiones.  

Uno de los principales puntos de revisión será la concesión del relleno por 30 años, a pesar de que la licencia ambiental solo tiene una vigencia de nueve años. 

Comunidad expuso preocupaciones

La comunidad ha manifestado su preocupación por el manejo del relleno, señalando posibles irregularidades en su operación y afectaciones ambientales. 

María Consuelo Ibatá Zambrano, residente de Natagaima, denunció la falta de gestión adecuada de los residuos.

 "Se llevan las basuras sin clasificación, las entierran en las celdas y sacan los lixiviados hacia la quebrada Nataroco, lo que está contaminando el medio ambiente", afirmó.  

Por su parte, Claudia Lorena Gallego Restrepo, otra de las voceras de la comunidad exigió medidas más drásticas frente al contrato de operación del relleno. "No es un relleno sanitario, es un basurero que afecta la salud de la comunidad, las fuentes hídricas y el turismo del municipio", señaló.  

Inversiones

Otro aspecto clave de la auditoría es la inversión de recursos públicos en el predio donde opera el relleno, el cual pertenece al municipio. 

Humberto Paloma, presidente de la Veeduría Ciudadana Natagaima No Quiere Basuras de Otros Municipios, cuestionó esta situación. "Se han invertido cerca de 9 mil millones de pesos en este proyecto, y ahora el consorcio operador se cree dueño del predio porque ha hecho algunas obras", aseguró.  

La contralora Carolina Giraldo reiteró que, aunque la comunidad ha expuesto problemáticas ambientales y sociales, la actuación especial de fiscalización se centrará en el manejo de los recursos públicos. 

"Nosotros hemos sido muy claros con la comunidad que dentro de nuestra competencia debemos revisar exclusivamente las inversiones realizadas y la administración dada a los recursos públicos asignados al proyecto. Sobre otros temas que pudieran detectarse correremos los traslados que correspondan", enfatizó.  

Finalmente, la Contraloría anunció que los resultados de esta actuación especial se entregarán en un plazo de aproximadamente dos meses y que, dado que en terreno se radicaron nuevas denuncias, se evaluará la posibilidad de ampliar el alcance de la auditoría en caso de ser necesario.