La forma como se cubren las vacantes de los magistrados de las Altas Cortes da para que no se pueda confiar mucho en la imparcialidad con que pueden actuar los elegidos, sobre todo en aspectos relacionados con el ordenamiento político e institucional.

Es común en la izquierda considerar a las encuestadoras como dignas de poco crédito, pues las ve más inclinadas a incidir en la voluntad de la población que a detectar con rigor científico su sentir respecto del asunto de que trata la encuesta.

El diario El Espectador dio inicio a su editorial del pasado 30 de septiembre con una sensata afirmación relacionada con las movilizaciones populares del 27 del mismo mes: “Tomarse las calles para manifestarse es un acto político. Es extraño, entonces, que se acuse a quienes se manifestaron esta semana de estar persiguiendo una agenda política”.

El término utopía hace referencia a una forma de sociedad tan perfecta que solo cabe en las mentes más brillantes y progresistas de la humanidad.

A las generaciones de colombianos que por su edad apenas comienzan a hacerse testigos del acontecer político debe parecerles curioso que prácticamente no haya episodio de la política nacional en la que no tenga algo que ver Gustavo Petro, bien como participante directo, bien como participante indirecto, pero siempre dejando ver su mano en casi todos los asuntos de algún interés.

He recibido un audio del jurista quindiano y luchador social César Arias, mediante el cual hace un lúcido comentario acerca de lo que representa para los colombianos la actual regla de fijación de precios de la gasolina y la existencia del Fondo para la Estabilización de los Precios de los Combustibles -FEPC-.

El pasado 31 de agosto, en el corregimiento de El Salado, municipio de Carmen de Bolívar, ante algunas centenas de campesinos de la región, el presidente Gustavo Petro hizo una emotiva defensa de su política agraria, preocupándose especialmente por salirle al paso a unas infundadas críticas según las cuales tal política es expropiadora, e incluso de expropiación exprés.

Está a punto de morir este mes de agosto, dejándonos en materia electoral unos resultados cargados de luces y sombras para los latinoamericanos. Refirámonos al tema utilizando el socorrido procedimiento del orden alfabético y comencemos por Argentina. 

Por estos días, nuestros congresistas pasaron a ganar la bobadita de $43.418.537, es decir, $5.538.108 más que el año pasado. ¿Que se trata de incrementos autorizados por la constitución y ley? Claro que sí. Pero ello no significa que quienes están facultados para modificar tales ordenamientos no puedan hacerlo, sobre todo cuando tales modificaciones han terminado convirtiéndose en un imperativo moral por referirse a normas generadoras de tan extrema inequidad como estas, las relacionadas con su salario.

Me perdonarán mis lectores que me refiera a un caso personal, pero lo hago por tratarse de algo que pasa muy frecuentemente, y de lo cual estamos en el derecho de exigir inmediata solución.