Un nuevo choque entre la Contraloría General de la República y la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se presentó ayer por cuenta de la investigación que ambos organismos adelantan por el ‘carrusel de pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura.

Según reclamó la Contralora, Sandra Morelli, la entidad que ella dirige tiene total competencia para investigar a los magistrados del presunto ‘carrusel de pensiones’ y agregó que para ella “es clara la competencia de la Contraloría en la investigación” y agregó “nos sometemos a lo que diga la autoridad competente (actualmente, Consejo de Estado)”.

Para la Contralora es “extraño” que muchas autoridades simultáneamente estén argumentando que son quienes deciden el conflicto y a la vez  estén argumentando que tienen la competencia de investigar a los magistrados.

“Me llama poderosamente la atención que nadie quiera que la Contraloría lo investigue porque en realidad nosotros aplicamos el debido proceso y en todos los casos queremos ser garantistas”, aseguró.

Así mismo, Morellli aseveró que no conoce “qué diferencia hay que uno esté sometido a la vigilancia de la Contraloría frente a lo que pueda hacer la comisión de Acusaciones (…) son las mismas normas, es la misma conducta y son las mismas pruebas; uno esperaría que en todas las sedes de juzgamiento e investigación los resultados fueran exactamente los mismos”.

La Contralora fue más allá y afirmó que “en el fondo parece que pudiera existir un metro distinto y eso sería muy nocivo para el país” y agregó que no entiende “a qué conclusión distinta o qué diferencia hay entre la investigación del señor representante Germán Blanco (presidente de la Comisión de Acusación) y la investigación del delegado de la Contraloría”.

Morelli advirtió que los representantes de la Comisión “podrían ser sometidos a un proceso de pérdida de investidura”, toda vez que “algunos miembros de esa célula que están liderando este proceso tienen algún conflicto de interés, pues pudieron haber intervenido en la elección de los investigados”.
 
Comisión de Acusación reclama competencia
El presidente de la Comisión de Acusación, Germán Blanco Álvarez, dijo que “los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura constitucionalmente deben ser investigados por la comisión de Acusaciones y lo deben ser por presuntas irregularidades de carácter disciplinario o de carácter penal”.

Sin embargo, Blanco admitió que hay una disyuntiva y la normatividad no es clara cuando se trata de alguna responsabilidad fiscal, cuando la indagación es contra aforados.

Por eso, el mismo representante confirmó que la competencia se resuelve a través de los conceptos que emita el mismo Consejo Superior de la Judicatura.

Y aunque pueden nombrar conjueces para no terminar siendo ‘juez y parte’ a la vez, los magistrados sí podrían influenciar directamente en la elección de quien defina quien los investigará.

En la Cámara se inició la investigación sobre el ‘carrusel de las pensiones’ en el Consejo Superior de la Judicatura desde mediados de 2011. Sin embargo, de momento se desconoce de cualquier desarrollo alrededor de la investigación que está en manos del representante de La U Héctor Javier Vergara.

ME CANSÉ DE AGUANTARLE LOS ATROPELLOS DE LA SEÑORA CONTRALORA
“Invito a la señora Contralora a que nos respete, que respete a la justicia colombiana, a los jueces de la República, que no trate de volver una investigación fiscal en un circo donde nosotros estamos actuando como payasos. No somos payasos, somos personas que ostentamos un cargo a la cual le exigimos respeto”.

Con estas duras palabras el magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, rechazó el anuncio de la Contraloría de abrir un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados y exmagistrados de la Judicatura por el llamado ‘carrusel de las pensiones’.

Villarraga dijo que la contralora Sandra Morelli no podía abrir ese proceso ya que en este momento, tanto en el Consejo de Estado como en la Sala de Conjueces de la Judicatura, se está definiendo quién tiene la competencia para investigar a los magistrados en materia fiscal: si la Contraloría o la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

“No entiendo con qué parámetros jurídicos ella (Morelli) puede continuar una investigación cuando ella misma ha reconocido ante el Consejo de Estado que tiene dudas de la competencia y está pidiendo que le dirima ese conflicto” dijo al explicar que así sí se le estaría garantizando el debido proceso de las partes.

Por esta razón, Villarraga anunció que interpondrá una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá contra Morelli. “Me cansé de aguantarle los atropellos de la señora Contralora, considero que me están violando el debido proceso, que me violó el derecho a la defensa, de contradicción y el juez natural. Son derechos fundamentales”, dijo.
Pero Villarraga fue más allá y sostuvo que Morelli se está acostumbrando a desprestigiarlos a través de los medios de comunicación y de paso desacreditar a la justicia ya que dijo no entender como una persona con ese cargo puede cometer tan “craso error”.

“A mi personalmente me parece extraño esta no es una actuación administrativa regular sino una actuación de carácter político que ad portas del segundo debate de la reforma a la justicia pretenden desprestigiar a todas las cortes. Yo no alcanzo a concebir quien puede tener tan grandes intenciones malignas en contra de la justicia colombiana para debilitarla”, señaló.

Para el Magistrado es claro que detrás de todo este caso del presunto ‘Carrusel’ lo que hay de fondo es “imponer una reforma pensional de incalculables consecuencias para la clase trabajadora de Colombia”.