Cuando en Colombia se habla de justicia, los ciudadanos suelen unirle el adagio popular según el cual, “cojea pero llega”. Aunque la realidad se empeña en mostrar que es más el tiempo que dura cojeando, que llegando a los fallos que necesita el país. Como ahora, cuando se cumplen dos semanas del paro de empleados de la rama. 

Las reclamaciones de los trabajadores tienen origen desde hace aproximadamente 20 años, cuando se expidió la Ley 4 de 1992, que, entre otras cosas, ordenaba la nivelación salarial. Los años han pasado y la promesa, según los sindicatos de la justicia, ha quedado en el olvido. Por eso, los funcionarios le exigen al Gobierno un billón y medio de pesos, para que durante los próximos tres años se pueda implementar esa nivelación. 

Son 46 mil empleados de la Rama, quienes se verían beneficiados con la asignación del prepuesto, los que protestan en las diferentes capitales del país. El viernes marcharon unos diez mil de ellos por el centro de Bogotá. Un coche fúnebre con un ataúd y un hombre disfrazado de diablo abrieron la manifestación, que reunió a quienes laboran en los tribunales superiores de Cundinamarca y Bogotá, en el Administrativo de Cundinamarca, en el CTI, en unidades de la Fiscalía y en todos los juzgados de la ciudad. 

La situación no parece fácil de solucionar, pues la distancia entre las propuestas de cada una de las partes indica que la conciliación está lejos. La propuesta del Gobierno es de destinar 50 mil millones de pesos durante los próximos 20 años, mientras que la judicatura le pide 5 billones en ese lapso. 

El principal dilema generado por los salarios de los trabajadores que administran justicia en el país está en la diferencia que existe entre un juez del circuito y un magistrado de Tribunal, la cual es de, aproximadamente, $14.000.000. El bache es particularmente significativo en el paso entre el sueldo de un magistrado de Tribunal y el de jueces municipales, secretarios, sustanciadores y demás empleados de despacho. 

Y mientras los protestantes exigen lo que al parecer les pertenece, cerca de 1.200 audiencias han quedado represadas en Colombia en las últimas dos semanas. 

Al respecto, el presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, afirmó que cada día de paro le cuesta a la Nación mil millones de pesos, por lo que hasta el momento se estiman las pérdidas en más de 15 mil millones de pesos. 

Las fallidas conciliaciones 

Desde el 11 de octubre pasado, día en el que se suspendieron las labores, la ministra de Justicia, Ruth Estela Correa, se ha reunido siete veces con los representantes del sindicato de trabajadores, Asonal Judicial, sin conseguir acuerdos. 

Para los indignados trabajadores, las propuestas que les plantea la ministra, son indecentes e irrespetuosas: “Con las propuestas del Gobierno es imposible llegar a un acuerdo, porque sería a 20 años, es decir para las futuras generaciones eso es indecente y una falta de respeto”, indicó Fernando Otálvaro, presidente de Asonal Judicial. 

La opinión es compartid por el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, quien considera que el Gobierno propone soluciones pobres y mediocres: “Abogaría por que el Gobierno tome en serio el asunto y deje de estar proponiendo soluciones a lo pobre, la indignación de los funcionarios es por la justicia colombiana, que ha sido discriminada en un proceso histórico; esas soluciones a lo pobre mantienen a la Rama en una condición de minusvalidez y eso debe indignar a la sociedad colombiana. Es imposible que tengamos democracia, si no tenemos una justicia tratada con la mínima condescendencia”. 

En la fallida reforma a la justicia, había quedado estipulada la expedición de una ley con la que se buscaba la nivelación de los salarios de los servidores judiciales. Dicha ley debía entrar a regir en el periodo siguiente inmediato a la aprobación del caído acto legislativo; allí estaba previsto un incremento presupuestal de dos billones de pesos en un periodo de tres a cinco años. 

El drama para los ciudadanos 

Como es usual en el país, el paro no es malo para todo el mundo. Hay quienes encuentren en esas aglomeraciones una oportunidad de trabajo. Como William Abella, encargado de motivar con su sonido a las personas que se reúnen diariamente a las afueras del complejo judicial de Paloquemao. 

Abella fue contratado, por 120 mil pesos diarios, para proveer el sonido. Él se dedica a alquilar sus equipos para ‘viejotecas’, pero con el cese del 95 % de los empleados de la Rama Judicial tiene la posibilidad de sacarle el doble de provecho a su trabajo; para él es mejor que el Gobierno y Asonal no lleguen a un acuerdo pronto. “Acá estoy de 8 de la mañana a 5 de la tarde y de noche voy a las ‘viejotecas’, por eso me sirve este trabajo. Por mí, que siga el paro, porque así me gano una plática extra, que me sirve”. 

Mientras tanto los colombianos que necesitan con urgencia el servicio judicial, llegan hasta las oficinas esperanzados en tramitar tutelas, demandas o cualquier otro recurso legal, sólo para encontrar cada mañana que el cese sigue, como sus problemas. 

Es el caso de Martha Martínez, una de los miles de colombianos que cada día de esta semana madrugó al complejo judicial de Paloquemao. Llegó buscando alguna respuesta a la denuncia por alimentos que interpuso contra su exesposo, a quien se le ordenó desde el pasado junio que suministre una cuota alimentaría para su hija de 20 meses, por 120 mil pesos mensuales, pero que hasta hoy no ha cumplido. 

“Necesito saber qué fiscal me va ayudar con mi caso, pero al llegar acá encontré todo cerrado. No me quiero ir sin ver quién me colabora. Es un sacrificio para mí estar acá”. La respuesta de los funcionarios judiciales es implacable: “Estamos en paro”. 

Esperanza de negociación 

El viernes se abrió un nuevo capítulo en la negociación, al incluirse en el proceso el vicepresidente de la República, Angelino Garzón. Él buscará lograr con Asonal Judicial una conciliación, pero al igual que con la jefe de la cartera de Justicia, su primera reunión no tuvo los resultados esperados. 

Durante el encuentro, lo que sí se decidió fue descongelar las negociaciones y nombrar una comisión exploratoria, para que las partes expongan nuevas soluciones y propuestas frente al reajuste salarial. Dicha comisión está conformada por cuatro representantes de Asonal Judicial y voceros de los ministerios de Justicia, Hacienda y Trabajo. 

Entre tanto y hasta que las pretensiones de los trabajadores judiciales no se suplan, la justicia en Colombia ni cojeando llegará.