Uno de los puntos está relacionado con la crisis político administrativa que se ha generado en la ciudad a causa del desgobierno que ha producido la decisión irrestricta por parte de la familia y del mismo Alcalde de guardar silencio y desconocer que la salud de los gobernantes es de interés colectivo.

“Evitando que el desarrollo socio económico de la ciudad avance en una región competitiva, con tareas por hacer y ejecutar conocidas de manera general en el plan de desarrollo, que, a su vez, permite que la desconfianza domine la percepción ciudadana y en las inversiones nacionales e internacionales desconfianza institucional, que frena este desarrollo y a la ciudad, los cartageneros y cartageneras hoy no podemos dar un compás de espera para afrontar el futuro que necesitamos y merecemos”, dicen en el documento.

Y agregan que los retos de Cartagena son muchos e impostergables, es una ciudad que vive minuto a minuto; su gente, su institución y su economía se alimentan del progreso y las decisiones que a diario se deben tomar y no de una inconsecuente espera transitoria y postergada que nadie sabe, ni la misma familia, ni el alcalde, cuando terminará.

“Cartagena, ciudad de todos, de Colombia y del mundo, vive hoy la crisis político administrativa más profunda de la época contemporánea y desde el proceso de elección popular, que permitió que Campo Elías Terán Dix construyera una figura memorable, apreciada y digna de haber sido elegida, con la confianza, la altivez, la jovialidad, la vocación de servicio y su interés decidido de trabajar por la ciudad, que lo hizo profesionalmente y como ser humano, hombre, esposo y padre, virtudes que lo caracterizan y lo dignifican”.

“A esto se suma la decisión de la Contraloría General de la Nación de suspender del ejercicio del cargo al Alcalde, dentro de una investigación fiscal en su contra y varios funcionarios de alto nivel, como es la Secretaria de Educación, también suspendida del ejercicio del cargo, circunstancias estas que siguen evidenciando la falta de cuidado y salvaguarda de los bienes de uso público, por parte de nuestro gobernante”, explican en la proposición.