También ha sido un acierto la estrategia de interdicción aérea y marítima, incluso por encima de las acciones contra los cultivos ilícitos (aspersión y erradicación manual), que es el primer eslabón, y sobre las actividades que se ejecutan para minimizar la comercialización y el consumo, los otros dos eslabones de la cadena.

Esa es la principal conclusión que se desprende de los análisis que ha realizado el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, que en los últimos años ha estado desarrollando una agenda de investigación para hacer una evaluación económica e independiente de la efectividad y de los costos de las políticas antidrogas implementados bajo el Plan Colombia.

Su director, el profesor Daniel Mejía, que actualmente preside la Comisión Asesora para la Política de Drogas del Gobierno colombiano, dio a conocer los avances de las investigaciones, en el ‘Primer encuentro internacional de centros de observación e investigación del delito, con énfasis en la lucha antidrogas’, que acaba de terminar en Bogotá.

Mejía recordó que cuando, entre 1992 y 1994, el gobierno de Alberto Fujimori decidió cerrar el puente aéreo que comunicaba los centros de cultivo en Perú y Bolivia con los centros de procesamiento de la base de coca en clorhidrato de cocaína en Colombia, se observó que casi todos los cultivos de coca se desplazaron a Colombia.

Esas circunstancias históricas propiciaron en Colombia un aumento fuerte, ya no solo en las actividades de tráfico de droga, sino de cultivo de hoja de coca y producción del clorhidrato de cocaína.

“En el último año hemos venido observando, con el aumento en las incautaciones y el incremento en la efectividad en las políticas de interdicción en el país, que los grupos armados ilegales están revaluando sus cálculos de rentabilidad y están decidiendo dejar más cocaína en el mercado local”, aseguró el investigador.