Sin embargo, el abogado que representa al Estado ante la CIDH, Julio Sampedro, indicó que "no hay elementos de prueba" contundentes que demuestren que las demás nueve personas salieron con vida del Palacio y luego fueron desaparecidas. 

En ese sentido dijo que muchas de las pruebas presentadas por la defensa de las víctimas son imprecisas y contradictorias, y que los videos que demostrarían la supuesta salida con vida de las víctimas son de "poca calidad en las imágenes", y no han permitido confirmar la identidad de quienes aparecen con un análisis morfológico. 

Sampedro reiteró que existen "dudas razonables" de si hay o no responsabilidad del Estado en el caso de las otras nueve personas en el proceso, además de Franco (guerrillera del M-19) y Rodríguez Vera. 

A su vez y en el segundo día de audiencia, el ex ministro Jaime Castro Castro dijo que el presidente Betancur "ordenó el operativo militar respetando la vida y la integridad tanto de los magistrados, rehenes y asaltantes", y agregó que "El operativo mismo, si hubo excesos o no, eso es responsabilidad de los militares. El presidente no asumió la dirección de los operativos de guerra, aunque sí los ordenó". 

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el reconocimiento de Colombia en los hechos del Palacio es constructivo pero no suficiente, e indicaron que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia y que han pasado 28 años sin que el caso esté resuelto. 

La Comisión señaló que el Estado reconoce que al menos nueve de los desaparecidos estaban en el Palacio durante la toma y la retoma, y cuestionó que el Estado reconoce que no se ha logrado tener claridad sobre los hechos que rodearon la muerte del exmagistrado Carlos Horacio Urán, pero que está demostrado que salió con vida y luego fue ejecutado extrajudicialmente. 

La CIDH tiene como plazo el 18 de diciembre de este año para pronunciarse sobre este reconocimiento del Estado colombiano en el caso del Holocausto del Palacio de Justicia. 

Este martes en la primera audiencia el Estado hizo un "reconocimiento parcial" de la "responsabilidad" y las "omisiones" aquel 6 y 7 de noviembre de 1985. 

"El Estado colombiano pide perdón a las víctimas y a sus familias y entiende que el tiempo transcurrido hasta hoy, desde que ocurrieron los hechos, ha traído como consecuencia que hayan perdido la confianza en el Estado y sus instituciones", manifestó la directora de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén.