Una crítica desde la academia a la forma en la que funciona el sistema procesal para policías y militares en la Nación, que históricamente ha sido ‘blanco’ de controversias por afectar los derechos de quienes participan en el proceso. 

Durante años de adelantar labores jurisdiccionales, Neira empezó a ver que entre la jurisdicción penal ordinaria y la militar una tiene más garantías que la otra, lo que lo llevó a concluir que “la justicia penal militar está mandada a recoger”.

Así pues, desde su proceso formativo como doctor en Derecho empezó a plasmar diferentes casos donde se hace evidente que la víctima de un delito por parte de soldados o de policías resulta revictimizada cuando quiere revisar su proceso en la entidad victimaria.

Otro desacierto es que las audiencias se realizan a puerta cerrada, por lo que nadie se entera como se juzga a un militar o policía. 

“Hasta los propios procesados se convierten en una víctima del sistema porque no tienen claro de quien se deben defender, ni del especialista que debe ser el abogado”,  aseveró Neira quien relató que ahí empieza “un paseo judicial” que conforme a muchos antecedentes tardan hasta más de 10 años en resolverse.

Sumado a lo anterior, el Estado está conformado por tres ramas del poder público, el rovirense asegura que los jueces penales militares no pertenecen a la rama judicial, sino a la ejecutiva del Gobierno, y eso hace parte de la crítica que se hace en el escrito con la que se suscita a una reforma en el sistema.

El deber ser

De los tres capítulos que comprenden ‘La perversa justicia penal militar colombiana’ de la casa editorial Ediciones Nueva Jurídica, el autor plantea cómo debería funcionar el sistema penal militar. 

Primero, dice que los jueces penales militares deberían laborar en el Palacio de Justicia a la vista de todo el mundo y con un único código, de tal manera que cualquier persona pueda conocer cómo se juzga a un integrante de la Fuerza Pública por jueces expertos en temas policiales y militares, pero que actúen desde el sistema ordinario.

Asimismo, “se debe incitar a los legisladores a que no escuchen solo a los militares que están adentro administrando justicia, porque ellos no van a querer soltar ese poder, sino que escuchen a las bases, a los que todos los días interactuamos con los expedientes” acotó Neira.

DATO

De los casos abordados en el libro está el del joven Santiago Murillo, asesinado por un policía el 1 de mayo de 2021 en Ibagué. 

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