el ministro del ramo, Alejandro Gaviria, ha prometido una revolución educativa, que incluirá aumento de cupos de educación superior, cobertura prácticamente universal del PAE y mejoramiento de la infraestructura.

Gaviria habló con Colprensa de cómo está trabajando el Ministerio en esos propósitos y se refirió, además, a su relación con Fecode.

El gobierno Petro prometió una revolución educativa. ¿En qué se ha avanzado en estos meses? ¿Qué podemos esperar el año que viene en educación?

El comienzo es de armar equipo, de conceptualizar en qué consistiría esa revolución educativa y encontrar unas prioridades: la primera, los aumentos en cobertura de educación superior. Tenemos una meta, que va a ser parte del Plan Nacional de Desarrollo, de un aumento en 500.000 personas, no solamente en universidades, en el Sena también.

Lo segundo, entender la profundidad de la crisis educativa como resultado de la pandemia y tratar de poner en práctica algunas medidas adicionales, la evaluación, y un programa ambicioso de voluntariado que involucre a 40.000 personas. 

Tercero, como mi llegada al Ministerio coincide con el aumento de la inflación, los problemas de hambre y la ola invernal, el PAE se está reconceptualizando para que no sea solamente una estrategia de permanencia, sino también de seguridad alimentaria y se avance hacia la cobertura universal.

Lo cuarto es tratar, que es una idea obsesiva del presidente, de ver cómo utilizamos las escuelas, los colegios para la reconciliación, para la paz, para la creación de una cultura distinta. Y quinto, infraestructura, en donde queremos hacer también un impacto importante.

Para el 2023 está previsto un crecimiento significativo en recursos para el Ministerio. ¿En qué va a notar la gente esos recursos?

Pensemos en personas individuales y le voy a dar ejemplos: el PAE hoy tiene cobertura del 74 % y no opera durante todos los días del año, entonces, la idea es que tenga una cobertura universal, que uno podría hablar del       95 %. 

Escuelas rurales que están abandonadas: en el plan de infraestructura queremos hacer un énfasis en eso, mejoramiento de escuelas rurales utilizando un banco de proyectos que hay aquí, una convocatoria que se hizo de seis mil y pico. 

Ahí se va a empezar a notar desde el año entrante. Mejoría de la infraestructura que implica también dignidad en la educación. La persona que se gradúa de secundaria y que veía muy escasas (las) posibilidades de educación superior, que tenga más posibilidades.

Hablemos del PAE. Muchas veces la preocupación no solo cobertura, sino la calidad de los alimentos. ¿Qué trabajo se viene haciendo para garantizar que no haya corrupción y que se entregue calidad?

Antes de contestarle esa pregunta, voy a contestarle con una noticia: se hizo ya la primera resolución en la que se distribuyen recursos a todos los municipios de Colombia.

Se están distribuyendo algo así como 1,2 billones de pesos. Recuerde que eso se complementa con recursos propios que aportan las entidades territoriales. 

Hicimos un énfasis en esa distribución en una serie de entidades territoriales, donde la cobertura estaba por debajo del      50 % y para eso necesitamos algunos recursos en la adición (presupuestal de 2023). 

Hay algo más de 200 municipios en 22 departamentos donde por cuestiones de seguridad alimentaria, queremos el PAE los 360 días del año. 

Para eso vamos a necesitar en la adición presupuestal 400.000 millones de pesos. Entonces ahí hay cambios que estamos haciendo de cómo se distribuyen los recursos y cuáles son los objetivos.

Yo siempre he creído que una falla de la descentralización del Estado colombiano es el no acompañamiento de las entidades territoriales y a veces lo que hay como causa subyacente a la corrupción es eso, problemas de capacidades que no existen en las entidades territoriales, en este caso para la contratación del PAE. 

El nuevo director del PAE, que trabajó conmigo como viceministro de Salud, Luis Fernando Correa, es tal vez la persona que más ha trabajado con las entidades territoriales en Colombia y vamos a hacer toda esa labor de acompañamiento.

Los problemas del PAE son de doble naturaleza, uno es en las ciudades, donde por razones obvias, por la dimensión y el alcance, es más industrializada la operación. Lo otro es en las zonas rurales, donde estamos viendo que los padres de familia y las Juntas de Acción Comunitaria, pueden jugar un papel importante, uno, para que se contrate bien, con operadores idóneos, y otra que se involucre a las comunidades.

¿Ese control hasta dónde llega? Se busca que sean operadores idóneos, pero hay una capacidad de selección de las entidades territoriales. ¿Van supervisar qué tipo de operadores contratan?

No hasta llegar a decidir quiénes son, porque yo creo que no sería razonable de alguna manera, pero sí en la revisión de los pliegos, en la construcción de pliegos tipo, en las alertas tempranas que estamos haciendo todo el tiempo y en el acompañamiento a los secretarios de Educación.

Calidad educativa

¿Hoy en día la calidad del profesorado debería ser un motivo de preocupación frente a la educación en Colombia?

Yo tengo que confiar en los profesores y creer que ellos tienen las capacidades para hacerlo. Colombia está en un proceso de renovación de sus maestros y maestras. Yo no creo en la evaluación punitiva. Me han dicho que básicamente para mejorar la educación en Colombia uno debe pelear con los maestros o maestros, enfrentando a Fecode. Eso es un gran error. Yo creo que los maestros motivados son fundamentales. Que haya en algunas regiones problemas de calidad de los profesores, que no siempre el sistema educativo allá ha sido capaz de atraer el mejor talento también es una verdad que tenemos que aceptar, pero yo creo que la responsabilidad primordial de un ministro de Educación es trabajar de la mano de los maestros y maestras.

Sobre el tema de educación superior, fue un logro que no hubiera un aumento más allá de la inflación, pero las matrículas en universidades son costosas en general…

Han venido creciendo. Cuando yo fui rector de la Universidad de los Andes, llamé la atención sobre ese tema en el interior de la universidad y en general de que ha existido un aumento real de las matrículas en algunas universidades, que ha sido alto en los últimos 20 años. Eso hay que aceptarlo. Ahora, eso ha tenido de otro lado un aspecto positivo y es que las universidades se han transformado, profesores con doctorado, buena infraestructura, laboratorios y demás.

¿Cuál es la estrategia de ustedes para extender esa posibilidad de educación superior y que el costo baje?

La estrategia tiene cuatro ejes principales: el primero es la consolidación de la política de gratuidad en las universidades públicas, que hoy cuesta algo así como 1,5 millones de pesos y beneficia casi a 800.000 personas, consolidarla, seguirla fortaleciendo. La segunda es también centrada en las universidades públicas: aumentar los recursos, pero amarrar ese aumento a aumentos de la cobertura. 

El tercero, que no se menciona, pero para mí es fundamental, es una reforma al sistema de aseguramiento de la calidad. Cuando uno tiene esta conversación con un rector de universidad privada, le dice ‘bueno, yo aumento la cobertura, pero yo necesito innovar en términos de programas y si presento aquí un registro calificado para un programa se demora dos años y medio’. Estamos derogando dos resoluciones burocráticas que no estaban permitiendo la agilidad en la aprobación de registros calificados y seguramente vamos a hacer una reforma del Decreto 1330, de aseguramiento de la calidad.

Y el otro es el de infraestructura, amarrada a una estrategia de regionalización, para que estos aumentos de la cobertura pasen en regiones en donde generalmente no pasan y donde la cobertura no es del 53,54 %, como es el promedio nacional, sino que está por debajo del 30 %. Planteamos en un primer paso 34 sedes o complejos educativos nuevos en diferentes partes del país, asociados a 70.000 u 80.000 estudiantes en regiones en donde la educación superior no ha llegado.

Infraestructura

Sobre el tema de infraestructura, ve uno casos como el del niño que llega en caballo al grado…

Le doy algunos datos. Hicimos una especie de balance de infraestructura: 41 % de las construcciones tienen más de 40 años en Colombia. 43 % de las 43.000 sedes no han realizado ningún tipo de mantenimiento en los últimos cinco años; 30 % no cuenta con agua y 55 % no cuenta con agua potable. Entonces es un balance difícil, es una infraestructura compleja. Uno podría hacer el énfasis en nuevos megacolegios aquí y allá, pero nosotros queremos cambiarlo y hacer un mejoramiento de esta infraestructura, muy enfocado en el área rural donde están los mayores problemas.

Pero muy ligado a eso está también el tema del transporte, porque uno ve niños que prácticamente se juegan la vida para llegar a estudiar. ¿Cómo van a trabajar eso?

Ahí hay dos problemas. Hay algunos de esos problemas de transporte que muestran ausencia de infraestructura también, que no está, que no hay una infraestructura multigrado, con profesores que atienden varios grados, que algunas de ellas se han ido cerrando, por razones en el fondo financieras. Entonces garantizar cierta presencia en buena parte del país. El tema del transporte lo contratan las entidades territoriales, en parte con los recursos que se giran por el Sistema General de Participaciones, en parte con recursos propios. Esa pregunta me da pie para plantear, tal vez, una de las preocupaciones más grandes que yo he encontrado en el sector: los recursos que se giran cada vez están siendo más copados por la nómina, por muchas razones y están siendo insuficientes en dos dimensiones principales: la primera los servicios administrativos, el guardia o el celador del colegio, las aseadoras y, lo otro, temas neurálgicos como el transporte y todo el tema de psicoorientadores o psicoorientadoras para los temas de salud mental. Por eso he dicho desde el comienzo que el sector tiene un déficit (y) sólo se arregla estructuralmente con una reforma al Sistema General de Participaciones.

Mencionó usted el tema de educación para la paz. Ha habido resistencia a que, por ejemplo, el informe de la Comisión de la Verdad se lleve a los colegios. Como sociedad, ¿cómo resolvemos ese tema de qué es lo que se le debe enseñar a los estudiantes en materia de paz?

Hay una gran paradoja, porque yo empiezo el Ministerio con esa polémica o con esa controversia de llevar el informe de la Comisión de la Verdad y este tema de ‘La escuela abraza la verdad’. Si alguien hubiera ido a una escuela primaria, se hubiera dado cuenta de que lo que estaba ocurriendo allá poco tenía que ver con el informe propiamente dicho, eran instrumentos pedagógicos que operaban básicamente en dos dimensiones: la resolución de conflictos y temas de construcción de planes de vida y proyectos futuros, y ocurría algo muy interesante y es que esta educación para la paz y la reconciliación se juntaba con la formación de competencias socioemocionales, que es fundamental en cualquier sistema educativo.

Dentro de eso hay otra discusión, que es más en secundaria, y es cómo Colombia va a hacer la paz, cómo nos vamos a reconciliar con un pasado ignominioso. Yo creo que la pregunta que le planteó el padre Pacho de Roux a la sociedad (”¿qué nos pasó?”), es una pregunta que no puede estar por fuera del sistema educativo. Todos estamos tocados por lo que pasó en Colombia. Todos la podemos contar. Yo crecí en Medellín, que era una ciudad cívica y pacífica, y abrí los ojos y ya era la ciudad más violenta del mundo. Yo dije desde el comienzo que yo soy un liberal y los liberales creemos en el pluralismo. A mí no me gustaría llevar una historia única y una historia oficial y una sola interpretación de los hechos, pero si hay una interesante, loable, que se hizo por un grupo de especialistas y que en el fondo quiere poner este tema de la reconciliación en este sentido amplio, tiene todo el sentido que las escuelas hagan eso.

Usted ha dicho que la pandemia nos trajo un retroceso, una pérdida en el nivel educativo y el aspecto psicosocial. ¿Cómo es ese diagnóstico que ustedes hacen, no solamente de lo que perdimos, sino del rezago que traemos frente a otros países y qué se va a hacer?

Hay preocupaciones muy grandes sobre todo en primaria, los niños de segundo, tercero y cuarto grado, hoy en cuarto o quinto grado, que estuvieron con educación virtual durante la pandemia. Dos terceras partes de esos niños no saben leer, que ese es un resultado que se está repitiendo en América Latina. Las brechas en dos sentidos, entre colegios privados y públicos y entre niveles socioeconómicos de los estudiantes, de estrato cuatro y estrato uno y dos, crecieron de una manera substancial. Esa es una receta para construir desigualdad futura.

Ahí lo que vamos a hacer son dos cosas: primero, consolidar un programa que yo encuentro, que estaba un poco suelto, que no estaba sirviendo para lo que tiene que servir, esto es, transmitirles a los rectores y maestros información idónea sobre lo que está ocurriendo. Se llama ‘Evaluar para avanzar’. Estamos con el Icfes fortaleciendo eso, o sea, que por lo menos se tenga la información casi que niño por niño, en las diferentes instituciones. Y lo otro es el programa de voluntariado, como una forma de llegar con algo distinto también, o sea, decirle a la sociedad “aquí tenemos un reto, no solamente para el sector educativo, sino para todos”.