Al Congreso aterriza este miércoles un proyecto de ley que desde ya promete encender el debate. Se trata de una iniciativa que consiste en prohibir la comercialización y distribución de indumentaria, objetos o imágenes alusivas a personas que hayan sido condenadas, específicamente, personajes como Pablo Escobar o Jhon Jairo Velásquez, alias “Popeye”. Incluso, se vetaría el uso y porte de símbolos referentes a este tipo de sujetos.

Si bien es un fenómeno que se presenta en otras partes del país, e incluso a nivel mundial, con figuras como Joaquín “El Chapo” Guzmán o Al Capone, en Antioquia es fácil cruzarse locales comerciales, tiendas y caspetes donde abundan todo tipo de objetos alusivos al fallecido narcotraficante Pablo Escobar y algunos de sus secuaces.

Llaveros, camisetas, gorras y hasta imágenes de su cédula hacen parte del ramillete de “recuerdos” o souvenirs. Inclusive, hay tours para visitar sus propiedades y hasta hace poco se instauraba en Medellín un museo levantado por la familia de “el Patrón”. 

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Advirtiendo que el propósito es “superar esta estigmatización y paradigmas culturales”, el representante Cristian Avendaño, de la Alianza Verde y quien es oriundo de Santander, radicó la iniciativa con miras a que desde el Estado se adopten “medidas para contrarrestar el narcoturismo, el turismo sexual y la venta de artículos que exaltan y vanaglorian la imagen de narcotraficantes y criminales como modelos a seguir por la presentes y futuras generaciones”.

El proyecto adiciona un artículo al Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana para que sean sancionados quienes comercialicen, distribuyan, usen o porten símbolos o material audiovisual que exalte la imagen de personas condenadas. Se contemplan multas de entre $173.000 y $693.000, así como la suspensión temporal de la actividad o la destrucción del bien.

Se exceptúa el material destinado para hacer pedagogía ciudadana o investigación, así como para la propaganda electoral de condenados que hayan cumplido su pena y se encuentren habilitados para participar en comicios electorales. 

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Debate

La iniciativa genera una intensa discusión en la medida en que no solo afecta a quienes, de alguna manera u otra, dependen de este tipo de comercio para subsistir, sino que afecta la libertad de expresión, teniendo en cuenta que la Constitución consagra como derecho fundamental expresar y difundir su pensamiento y opiniones, bien sea a través de camisetas o llaveros.

Frente a la primera controversia, Avendaño asegura, en diálogo con El Colombiano, que no cree que la restricción “afecte a muchos” y que le ha pedido al Gobierno estudios de caracterización de quienes se lucran de estas actividades; sin embargo, no hay respuestas y persiste el subregistro.

“No hay ninguna información oficial o caracterización de qué personas podrían vivir de este tipo de actividades y qué impacto económico podría tener. Queremos abrir el debate entendiendo ese riesgo y planteando que esas personas tengan algún apoyo para la reconversión de su actividad”, explica.

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No obstante, la iniciativa no contempla ningún tipo de apoyo para quienes subsisten de este tipo de comercio. Para Avendaño, se trata de un aspecto que se puede incluir a medida que avance la discusión. “Haciendo un análisis, muy de calle, observamos que las personas que dependen de este tipo de actividad lo hacen como adyacente a su actividad principal. Es decir, comercializan prendas, pero no todas de Escobar, por ejemplo”.

Este medio consultó por cifras frente a cuántas personas dependen de esta actividad. No obstante, desde la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) señalaron que la mayoría, “por no decir que todos los comerciantes” de este tipo de actividades son informales, por lo que no hay “ningún registro”.

¿Cómo sería la reconvención?

Según el representante Avendaño, los procesos de reconvención económica para quienes derivan su sustento de este tipo de actividad comercial deben ser adelantados por el Ministerio de Industria y Comercio, abarcando un acompañamiento técnico e incluso financiero. “A corto plazo eso puede tener una implicación, pero a largo plazo traerá beneficios. No podemos pretender atraer más turismo promoviendo una imagen negativa de violencia, destrucción y muerte”, explica.

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En relación con eso, recalca que el proyecto podría incluir un régimen de transición y que las multas contra quienes sean sancionados inicialmente sean pedagógicas.