Según la versión digital de este medio de comunicación, María Elisa Morón, vicepresidenta de gestión corporativa en Colpensiones, fue llamada a juicio por la Fiscalía General de la Nación tras ser acusada de un presunto direccionamiento de un contrato destinado a la defensa jurídica de la entidad.

De acuerdo con los documentos que obtuvo Semana, aparte de supuestamente entregarle el contrato a dedo a una empresa, Morón habría influido en el aumento al parecer injustificado del monto, que pasó de 4.142 millones a 12.455 millones de pesos.

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El contrato que hoy tendría sentada en el banquillo de acusados a la directiva Morón era para proporcionar apoyo en la representación jurídica de Colpensiones. Este fue adjudicado a la firma Lupa Jurídica SAS. Pese a la magnitud del monto, según Semana, no se presentaron cotizaciones competitivas, y la contratación se basó simplemente en un análisis de precios que al parecer fue concertado con Colpensiones.

El medio recogió las palabras de Carlos Orozco, fiscal a cargo del caso, quien apuntó que Colpensiones realizó un análisis de precios y condiciones de mercado con el fin de determinar el valor estimado del futuro contrato, lo cual descalificó irregularmente a la firma Icarus SAS, que era la otra empresa que competía por el contrato.

“Usted no verificó el contenido de los estudios previos, los cuales reflejaron el valor del contrato producto de una cotización concertada con el contratista Lupa Jurídica SAS”, se lee en un extracto de la acusación del Fiscal.

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De hecho, para Semana, Lupa Jurídica SAS se vio beneficiada indebidamente mediante la provisión de información privilegiada desde Colpensiones (al parecer con el beneplácito o la omisión de Morón) y esto les habría permitido ajustar la cotización y asegurar el contrato.

De otro lado, el fiscal Orozco presentó en su escrito de acusación, recogido por Semana, pruebas que apuntarían que María Elisa Morón permitió la salida de casi 8.300 millones de pesos adicionales al contrato original, sin cumplir con los procedimientos y recomendaciones necesarias. “Usted, señora Morón, lesionó sin justa causa el bien jurídico de la administración pública”, aseveró la Fiscalía.

Por tal motivo, la Fiscalía presentó cargos por posible celebración indebida de contratos y peculado contra Morón, según aparece en el escrito.

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Cabe recordar que el pasado 28 de mayo del 2024, el Ministerio Público informó que, además del contrato para la defensa jurídica, habría otros contratos para los puntos de atención al cliente que también tendrían problemas. Por ello ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra la vicepresidenta Morón Baute y tres directivos más por los presuntos sobrecostos de un contact center y los suministros de trabajadores en misión.

La investigación se dio a raíz de la denuncia de la senadora Paloma Valencia quien calculó que las adiciones incrementaron los contratos de $26.000 millones a $65.000 millones sin justificación.