La reforma a la salud sigue concentrando gran parte de la atención de los colombianos por estos días, en medio de los anuncios del Gobierno para radicar el proyecto de ley al Congreso y arrancar con la discusión de un articulado que el país todavía no conoce, pero mucho se especula.

Esta situación ha llevado a que se genere un ambiente tenso entre la ministra Carolina Corcho, quien lidera la elaboración y presentación del proyecto, y distintos sectores, por el hermetismo con el que se ha manejado el tema de la construcción del texto que va a ser estudiado por el legislativo, sin mensaje de urgencia, como lo anunció el presidente Gustavo Petro.

De cara a la radicación de la polémica reforma,  también se conoció una encuesta realizada por Invamer y la Andi, en la que los colombianos se mostraron, en su mayoría, satisfechos con el actual sistema de salud, lo cual suma otro elemento al intenso debate que se vive. Según el sondeo realizado a 2.704 ciudadanos en 104 municipios, el 73 % afirmó sentirse satisfecho con el sistema actual de salud. 

Por otro lado, incluso al interior del Gobierno la reforma ha generado un quiebre ante las posturas de algunos ministros, entre estos Alejandro Gaviria, quien ha dejado entrever el malestar que tendría por algunos puntos que plantea la ministra Corcho, pues asegura que hay mucho que conservar del sistema actual.

¿Cuáles son las líneas rojas?

Uno de los grandes cambios que traería la reforma está relacionado con el manejo de los recursos. La ministra Corcho ha señalado que estos serían manejados, únicamente, por entidades públicas, en este caso la Adres, entidad del Estado que hoy maneja los recursos del sector salud, con el objetivo de fortalecer el pago directo hacia clínicas y hospitales del país. Con esto se busca, según Corcho, que haya un mayor control del dinero.

Se trata de un tema que preocupa a Alejandro Gaviria, ministro de Educación, quien ha estado en el centro de este debate por sus cuestionamientos a dicho proyecto de ley. El exrector de los Andes señala la importancia de diferenciar entre el giro directo y la ordenación del gasto, esto porque la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), hoy en día hace lo primero y en cuanto al gasto, en palabras de Gaviria, la entidad del Estado carece de capacidades y como lo plantea la reforma es algo ‘ilusorio’.

“¿Quién va a realizar el control de gastos, la auditoría de cientos de millones de facturas? Suponer, como en la propuesta actual, que con un sistema de información que no existe y tres mil personas desde Bogotá se van a hacer cargo de esta tarea, es ilusorio”, señaló Gaviria.

Para Ramón Abel Castaño, médico de la Universidad CES de Medellín, quien ha desarrollado investigaciones sobre la equidad y sostenibilidad del sistema de salud, el modelo que se plantea desde el proyecto de reforma representa un impacto fiscal enorme para el país.

“Una cosa es comprar almuerzos escolares, donde uno dice, por ejemplo, en La Guajira son 20.000 almuerzos escolares diarios, uno manda la plata para 20.000 almuerzos y no hay ningún riesgo en esta transacción; en cambio, cuando se habla de salud, se entrega un recurso por cada persona, eso no quiere decir que cada persona se va a gastar tres consultas al año o va a estar hospitalizada una vez al año, entonces esa decisión de qué es lo óptimo, qué va a requerir cada persona para un tratamiento, eso no es solamente mándeme la factura que yo le pago, como lo propone la ministra, lo que implica un riesgo muy grande de que los recursos no alcancen”, señaló Castaño.

¿Acabar las EPS?

Ligado a este punto de financiamiento, otra línea roja de la reforma está relacionada con el futuro de las EPS, al quitarles a estas entidades la intermediación financiera. Para esto tampoco existe una claridad de quiénes van a sustituir las funciones de estas.

De acuerdo con lo que se ha conocido, los llamados Centros de Atención Primaria serían la puerta de entrada al sistema de salud con este nuevo sistema. Para esto se estima la creación de 2.500 centros y cada uno tendría alrededor de 20.000 usuarios.

Es algo que también preocupa dentro de los cuestionamientos hechos por Gaviria, donde asegura que “hoy en día las EPS tienen diez veces más centros de atención primaria que los propuestos en la reforma. ¿Qué va a pasar? ¿No tendríamos en el esquema muchas más colas y problemas de atención? ¿Quién va a coordinar el traslado de los pacientes?”.

Castaño explica que la entidad que sustituya a las EPS debe realizar tres tipos de controles sobre la atención médica que hoy en día se conoce: un control previo antes de que se brinde la atención, concurrente (durante la atención) y posterior (después de la atención), factores necesarios para garantizar que el dinero destinado a la salud alcance para todo el año.

Entre tanto, la ministra Corcho ha señalado frente a este punto que se crearán los fondos regionales, quienes estarán a cargo de la revisión de las cuentas que hospitales y clínicas reporten, pero este punto solo estaría relacionado con la atención posterior, entonces ¿qué pasará con los controles previos y concurrentes?

“El modelo está proponiendo el pago directo a prestadores bajo la modalidad de pago por evento, es decir, por cada actividad que el médico del hospital haga. Esto implica que se incremente sustancialmente el volumen de actividades, como se elimina el control previo y concurrente, y solo queda el posterior, va a ser muy difícil controlar ese incremento en el volumen de actividades. Lo que va a pasar, sin duda, es que los recursos para todo el año se van a acabar antes de tiempo”, dijo Castaño.

Según el experto, sería retroceder 30 años en el tiempo, cuando existió en su momento el Instituto de Seguro Social. “Esa experiencia ya la vivió Colombia con la libre adscripción del Seguro Social en el año 97, cuando se recibieron facturas de cualquier prestador del país, entonces todo el mundo se inscribió y a los cuatro meses se les acabó la plata, dejaron de pagar y quebraron un montón de prestadores, una experiencia que no queremos repetir”.

Aunque el Gobierno está empeñado en centrar este debate en el Congreso en las sesiones extraordinarias de los próximos días, las expectativas que tienen algunos expertos frente a la reforma siguen siendo latentes.

Son dudas que aún persisten en el ambiente y que fácilmente podrían convertirse en el punto de quiebre, quitándole solidez a la reforma ante el Congreso de la República, a la cual le espera un largo y amplio debate para que estas puedan ser aprobadas.

¿Médicos y enfermeras serían empleados públicos?

Otro punto de la reforma que también genera duda se conoció en los últimos días, luego de una reunión con el Ministerio de Salud y la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Norma Hurtado, quien explicó en varios medios que el proyecto plantea que los médicos y enfermeros pasarían a ser empleados públicos.

Como aún no se conoce el texto, la parlamentaria dijo que aún no hay un consenso entre los partidos políticos, lo que genera más expectativas, entre estas cuánto dinero aportará el Ministerio de Hacienda para realizar este cambio.

“El total del costo de la atención primaria va a ser de $25 billones, incluyendo la formalización laboral. La ministra habla de una transición y en esos términos uno diría que sí es viable, pero falta ver cómo evolucionan las cosas... yo, personalmente, no creo que sea viable llegar a ese nivel de formalización”, agregó el médico de la Universidad CES, Ramón Abel Castaño.

DATO: Aunque inicialmente estaba previsto que el proyecto de reforma a la salud se presentara el 6 de febrero, se conoció hace unos días que el texto se estaría radicando entre el 15 y el 20 de ese mes.