Según el decreto, entre las compañías que se verán especialmente afectadas serán las empresas petroleras, mineras, y cementeras, pero no se tocará, por ahora, a los sistemas masivos de transporte público, o a los vehículos de carga.

Sin embargo, según expertos, la medida tendría un leve impacto en las finanzas públicas del Gobierno, que busca cerrar el hueco en el Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible, Fepc. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, estimó que el ahorro sería de $600.000 millones, lejos del déficit de alrededor de $20 billones del Fepc.

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"Esta es una medida bastante contenida en cuanto a quien va dirigida, que no afectaría a los sistemas de transporte públicos masivos. Al final sería para un porcentaje menor de estos grandes consumidores. El monto que se terminaría recaudando no es tan elevado, en un déficit que podría estar cercano a los $20 billones, por consecuencia del desajuste entre el precio internacional y el del diésel", dijo David Cubides, director de investigaciones económicas en Alianza.

En efecto, según un documento técnico del Ministerio de Hacienda, dentro de los grandes consumidores han reducido su participación sobre el consumo nacional de combustibles líquidos en los últimos años, pasando de representar 12,8% del consumo total en 2019 a solo 4,7% en 2022.

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"Esto se explica principalmente por las implicaciones que tuvo la pandemia y la devolución de los títulos mineros en el Cesar", dice el estudio del MinHacienda.

Agrega que los grandes consumidores corresponden a una pequeña proporción del total, y en el que aquellos estabilizados y no estabilizados por el Fepc tienen un comportamiento similar. Los consumidores que están estabilizados representan 5,2% del promedio de los últimos cuatro años, mientras que los no estabilizados, 4,8%. En 2022 la relación fue de 4,7% y 4,1%, respectivamente.