XIOMARA MONTAÑEZ MONSALVE

El enfrentamiento de parejas en los estrados judiciales por definir la paternidad de los hijos es cada día más frecuente en el país.

En el fenómeno, que ha aumentado en los últimos cinco años, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, se registra en promedio la apertura de 40 procesos diarios. Tras una serie de pruebas y alegatos frente a abogados, defensores de familia y jueces, los demandados terminan otorgando a los menores el apellido y fijando una cuota alimentaria, que no siempre es una cifra suficiente y que en la gran mayoría de los casos no se entrega en la fecha acordada.

A esto se suma el hecho de que muchas mamás asumen el rol de padre y madre, por lo que sus hijos cerecen sin una figura paterna. Además, como lo afirma el Icbf, hombres y mujeres no están asumiendo con responsabilidad su propia sexualidad, ya que muchos de estos hijos que no son reconocidos son el resultado de una noche de rumba y tragos, o de relaciones ‘prohibidas’ o, en casos extremos, no son descendientes del hombre demandado.

Si bien es cierto que en materia de juicios de filiación Colombia es uno de los países más avanzados en la prueba de paternidad con marcadores genéticos, esto no es motivo de orgullo, si se tiene en cuenta que la realidad es el aumento en el número de parejas que solicitan la práctica, como ocurre en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca y Santander.

Algunos hombres, a pesar de que se ha logrado demostrar científicamente el parentesco, que pueden ir a la cárcel por no cumplir lo ordenado por la ley y que tienen el dinero suficiente para cumplir con sus obligaciones, entregan sus bienes a terceros, se declaran en quiebra o desempleados, para evadir el pago de dichas obligaciones. Otros, que realmente no tienen las condiciones económicas para cumplir, terminan tras las rejas.

¿Tienen las normas jurídicas la fuerza suficiente para obligar a un padre o a una madre a que cumpla con sus obligaciones económicas y de crianza? ¿Qué deben hacer las instituciones del Estado frente a este panorama? Esto es lo que opinan algunos expertos.

Más allá de las normas

María Stella Arciniegas González, magíster en Derecho de Familia, explica que la ruta jurídica para hacer valer los derechos de hijos extramatrimoniales ha tenido una serie de evoluciones importantes desde 1936.

Según la abogada, hoy en Colombia no puede haber un niño, niña o adolescente sin padre, porque así lo expresa el mandato constitucional. La norma tiene peso, afirma Arcinegas, porque todo juez debe ordenar dentro de una investigación las pruebas, así el abogado no las pida, para establecer la paternidad. Además, ante la negativa del padre de practicarse la prueba, también tienen validez los testimonios y documentos entregados por la madre.

De igual manera, existe la posibilidad de la figura jurídica de la reticencia, según la cual, ante la negativa del presunto padre de practicarse la prueba, esto se vea tomado como un indicio de paternidad.

No obstante, para la abogada, lo verdaramente relevante es que la paternidad irresponsable está relacionada con el embarazo en adolescentes, la delincuencia juvenil y el consumo de drogas.

“En Colombia, las mujeres se abrogaron un derecho: decidir si el niño tiene o no papá; incluso, cuando van a registrar a sus hijos, muchas dicen que no saben quién es el padre, así lo sepan”, añade Arciniegas.

“Mientras el Estado e instituciones como el Icbf no tomen consciencia de que se necesitan lugares aptos para que los niños, niñas y jóvenes crezcan en un mejor contexto, porque sus padres no pueden brindarles mejores condiciones por la falta de recursos, ellos se van a criar como adultos”, asegura.

¿Cómo responder desde la cárcel?

La inasistencia alimentaria, según explica el penalista Carlos Ortiz, es otro de los factores que deben ser analizados. De nada vale que un hombre vaya a la cárcel por este delito, si desde allí no puede responder con sus obligaciones económicas.

“Este es un delito con el que se muestra la realidad económica de muchas familias colombianas. La mayoría de los casos involucran a personas de poca preparación, con ocupaciones informales y con un total abandono del Estado en los procesos psicosociales de recomposición familiar. La cárcel lleva a que muchas veces esta situación empeore”, comenta el abogado Ortiz.

Actualmente, la tendencia en la justicia es a la no resolución del conflicto, asegura este penalista, pero “se han montado en el ‘caballito de batalla’ de los derechos de los menores y de la familia, y solo se habla del aumento de penas”.

En el concepto de Carlos Ortiz, el Estado debe fortalecer el Icbf en ese aspecto, pues la entidad no se involucra más allá de quitarles los derechos a los padres. “Debe haber un acompañamiento psicosocial por parte de esta entidad”.

Según el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, no se puede desconocer que el aparato judicial sigue presentando obstáculos para las mujeres que demandan por inasistencia alimentaria, cuya mayoría son menores de edad.

Tal como lo reveló Dejusticia en un diagnóstico practicado a este delito en 2012, algunos funcionarios judiciales desvaloran el conflicto que las mujeres exponen.

“Al considerar que se trata de asuntos domésticos, les imponen trabas. En ocasiones les indican que si ellas tienen suficiente dinero para cubrir los gastos de sus hijos, entonces no tienen por qué acudir al sistema judicial”.

Trabajo de todos

Gloria Rocío Pérez Asencio, defensora de familia del Icbf, afirma que se debe tener en cuenta la corresponsabilidad entre entidades gubernamentales y no gubernamentales, no solo para sacar adelante una ley o una norma, sino para formar mejores padres.

Por su parte, el Icbf llama a los padres, tal como lo establece la Constitución y el Código de la Infancia y la Adolescencia, ya que uno de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes es la identidad en su componente filiación.

“Nos hemos enriquecido en herramientas jurídicas, pero las cifras siguen en aumento, en especial, los embarazos de adolescentes. Hay que dar pautas de crianza a los padres, porque a muchos les da pena hablar del problema. Deben creer en las entidades y los programas del Estado, acudir a las comisarias de familia, a las personerías del Ministerio Público, para que expertos les brinden apoyo desde la salud mental”, expresa.