Las organizaciones reiteraron que los feminicidios representan la forma más extrema de vulneración de los derechos de una mujer, además que este delito acaba de ser tipificado de manera específica en la legislación colombiana a través de la Ley 1761 de 2015, conocida como 'Rosa Elvira Cely'. 

“Los feminicidios, así como cualquier forma de violencia contra las mujeres, constituyen una grave violación de sus derechos humanos, un atentado contra su dignidad e integridad y una vulneración flagrante de su derecho a una vida libre de violencia, lo que limita la garantía del conjunto de sus derechos fundamentales”, resaltó la ONU. 

Así mismo, recordó que el feminicidio y la violencia sexual afecta a miles de mujeres en Colombia, que al día de hoy han sido víctimas de estos graves delitos, quienes siguen enfrentado serias barreras para acceder a la justicia y para lograr una respuesta rápida, efectiva y garantista de sus derechos por parte del sistema de justicia colombiano. 

En tal sentido, pidieron llevar a cabo acciones decididas y sistemáticas para prevenir que sucedan estos graves hechos. Actualmente hay al menos 617 mujeres en riesgo de ser asesinadas, de acuerdo con información proporcionada por el Instituto Nacional de Medicina Legal. La violencia contra las mujeres y los feminicidios son inaceptables, se pueden evitar y se deben prevenir. 

La ONU aseguró que la omisión del Estado en la protección de la vida de todas estas mujeres es un tema central en estos luctuosos hechos. “Hasta la fecha se evidencia una falta de resultados puntuales de la Fiscalía en la judicialización de la violencia sexual contra las mujeres tanto en el marco del conflicto armado como fuera de él”, rescató. 

En este sentido, estos feminicidios son la consecuencia de la permisividad social de la violencia contra las mujeres y de la falta de una intervención oportuna por parte de las instituciones, para protegerlas y prevenir la ocurrencia de estas muertes que ensombrecen los avances de la sociedad colombiana, en transformar las condiciones culturales que generan la problemática. 

Finalmente, las dos Oficinas hacen un llamado a las instituciones competentes para que se actúe con la debida diligencia para que haya justicia para las mujeres víctimas de estos nuevos y atroces casos de feminicidio, sancionando a los responsables, transmitiendo a la sociedad colombiana un mensaje de repudio por estos hechos y buscando la aplicación de medidas para la no repetición.