El fiscal 4 contra delitos de la administración pública de La Guajira imputó a los hermanos Antonio Ramón, Enrique Eduardo y Carmenza Lucía Ávila Chassaigne, por los delitos de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

“Estas personas están vinculadas por el desvío de alrededor de $25 mil millones en la construcción de escuelas y colegios en La Guajira”, aseguró en rueda de prensa el director (e) de seccionales de la Fiscalía, Gonzalo Buriticá Ortiz, en Bogotá.

Enrique y Carmenza Ávila fueron capturados la noche del martes en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, tras arribar en un vuelo procedente de Miami, Estados Unidos. Su hermano se entregó en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), acompañado de su abogada.

Los tres tenían sendas órdenes de arresto, proferidas por el juzgado 2do. Promiscuo municipal del municipio Villanueva. “Se presume que ambos serían los cerebros del millonario desfalco”, agrega la información.

La Fiscalía dio a conocer que la investigación estableció que el detrimento se habría cometido a través del contrato 770, por valor de $90.000 millones, suscrito en 2009 entre la Gobernación de La Guajira y la firma Unión Temporal del Norte, conformada por Ávila SAS y HH Arquitectura.

El “objeto era el diseño y construcción de la infraestructura educativa de La Guajira”, añade el comunicado enviado. Se trataba de la edificación de 42 megacolegios en ese departamento, en la administración de Jorge Pérez Bernier (2008-12).

Entre las posibles anomalías, los investigadores determinaron que la Unión Temporal del Norte “subcontrató en un 90% las obras que se comprometió a hacer”. Esa tercerización tuvo un costo de $17.000 millones, según las pesquisas.

Por esta investigación, las autoridades judicializaron el 20 de octubre anterior a Dinora Luz Sierra Peñalver, Almis Enrique Alberto Martínez, Jhon Luis Polo Suárez y Álvaro José Ávila Durán, por los mismos cargos.

“Un juez se abstuvo de imponerles medida de aseguramiento, pero les prohibió salir del país e ingresar a las instalaciones de Ávila SAS”, refirió la Fiscalía.