La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, publicó el informe sobre la situación de Derechos Humanos de Colombia en el marco de las protestas.

En la rueda de prensa entregada por la comisionada y presidenta de ese organismo, Antonia Urrejola, el organismo confirmó que la respuesta del Estado a las protestas “se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza” e hizo un llamado para superar la polarización.

“Aun cuando los reportes oficiales indican que solo un 11 % de los eventos de protesta se derivaron en disturbios la comisión destaca que estos presentaron graves afectaciones a los derechos humanos tanto de manifestantes como de personas ajenas a la protesta y servidores públicos”, dijo Urrejola.

Además, sostuvo que hay en el país un clima de extrema polarización “que está presente en diferentes sectores sociales y se manifiesta en discursos estigmatizantes que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público. La comisión encuentra dichos recursos muy preocupantes cuando provienen de las autoridades públicas”.

Según el informe, durante las protestas hubo varias violaciones de los derechos humanos relacionadas con el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia de género, violencia basada en discriminación étnica, violencia contra periodistas y misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección, denuncias de desaparición, uso de la asistencia militar de forma inadecuada, aplicación de las facultades disciplinarias en contra de personas electas para cargos públicos y el uso de la jurisdicción penal militar. 

“La comisión destaca la violación al derecho a la vida y a la integridad personal, constató que de manera reiterada la respuesta del Estado se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal. 

La comisión recibió graves denuncias sobre el empleo indiscriminado de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en la protesta especialmente en Cali”, dijo la presidenta de esa comisión.

Además, condenó el alto número de pérdidas de vidas en el marco de las protestas, “sin perjuicio de las diferencias existentes en las cifras reportadas por el Estado y la sociedad Civil.

Mientras que el sistema Nacional de Información de Derechos Humanos reportó 54 personas fallecidas hasta el 24 de junio, la sociedad civil da cuenta de 84. 

“La comisión condena toda muerte de un manifestante como resultado del uso de la fuerza por parte de agentes estatales”.

Frente a los hechos sucedidos durante la protesta, la comisión manifestó su solidaridad con todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de las protestas y sus familias, “es necesario rendir un homenaje a quienes perdieron la vida, las mujeres víctimas de violencia sexual, las personas que fueron heridas y víctimas de lesiones oculares, las personas desaparecidas; recalcando la importancia de la justicia y reparación para ellas y ellos será imprescindible en el reconocimiento de la dignidad humana y para avanzar en un proceso de reconciliación social, diálogo y reafirmación del Estado social de derecho”. 

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