Entre los hallazgos están que no cuenta con una red de prestadores suficiente que garantice la prestación de los servicios de manera oportuna, incumple con los tiempos de respuesta a las solicitudes de autorización de servicios ambulatorios, durante la vigencia 2019 fue notificada de 7.653 acciones de tutela en salud, y 2.199 incidentes de desacato.

También al analizar las bases de datos del giro directo publicado por la Adres, se destacan giros por 138.119 millones de pesos (vigencia 2018) y de 149.170 millones de pesos (vigencia 2019), a los vinculados directos e indirectos de Comparta; tampoco cuenta con la verificación de la metodología para el cálculo de reservas técnicas, ni mantiene prácticas contables y administrativas que permitan garantizar la confiabilidad y razonabilidad de la información financiera.

Comparta en la actualidad atiende a más de 1.5 millones de usuarios, operando en los departamentos de Arauca, Atlántico, Boyacá, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Santander, Sucre y Tolima.

También la Supersalud abrió investigación administrativa contra José Javier Cárdenas, exrepresentante legal de la EPS Comparta, por considerar que, presuntamente, no efectuó una serie de reportes de información financiera que debían hacerse en diferentes fechas de 2018. También otro proceso por hechos similares ocurridos en 2019

También se dispuso que durante la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, Comparta deberá remitir al Contralor designado por la Supersalud el detalle la forma como se hará el giro autorizado por la Adres.

Por último, la Superintendencia prorrogó hasta el próximo 27 de octubre de 2020, la medida preventiva de vigilancia especial que rige sobre Comparta EPS.