Al hablarse de “familia cafetera” suele venir a la mente aquella finca reverdecida llena de gente amable y trabajadora, pero esta frase ha cobrado otro sentido en el Tolima.

El Comité Departamental de Cafeteros, a cargo de Gildardo Monroy, está ahora en el ojo de huracán por el posible nepotismo que existe al interior de la organización.

Esta situación se ventila luego de que se vuelven a revivir los cuestionamientos que llueven sobre el Comité y su brazo anexo, la ONG Prohaciendo, por los millonarios convenios de obras de ingeniería  ejecutados con dineros públicos en lo corrido de la gobernación de Óscar Barreto Quiroga (ver recuadro).

Demasiado cercanos
La que podría ser la punta del iceberg es la denuncia de un líder cafetero de la población de Planadas, en el sur del Tolima, Luis Hoover Mora Bello.

Desde noviembre de 2010, informó al ente Directivo Nacional del Comité sobre las presuntas inhabilidades en la elección de dos representantes, al tener familiares en la organización, lo cual es, por norma interna, prohibido.

Más aun, iría en contra del contrato de Administración que firman el Gobierno nacional y la Federación de Cafeteros de Colombia.  

El primer caso es el de Olivo Rodríguez Díaz, miembro elegido al Comité de Cafeteros por la circunscripción de Planadas.

Su primo hermano, Audénago Rodríguez Ramírez,Ctrabaja como extensionista en el distrito de La Meseta del Municipio del Líbano, y se vinculó laboralmente en la organización cafetera desde el año 2006; fecha anterior a la elección de Olivo Rodríguez.

Su hermana, Flor María Rodríguez Díaz, habría prestado servicios al comité en 2007, para luego trabajar en Prohaciendo.

Para demostrar la situación, Luis Hoover Mora presentó copias del contrato 149 de julio de 2006, que tuvo una duración de seis meses, ganando ella 12 millones 540 mil pesos.

Por último, el denunciante revela que el hijo de Olivo Rodríguez Díaz, Daiton Olivo Rodríguez Bustos, trabaja en la Cooperativa de Caficultores del Sur del Tolima, en el que el Comité Departamental tienen un aporte del 38.9 por ciento, mientras Olivo Rodríguez es miembro del Consejo de Administración de esta misma en condición de delegado.

“Está en Cafisur de Chaparral, en un puesto muy importante donde se manejan los recurso que le cede el Comité a la Cooperativa para sacar adelante las compras de café”, dijo.

La situación incómoda que se da es que, según Mora, Olivo Rodríguez es juez y parte, al tener además la misión de vigilar el manejo de la cooperativa, lo que para él no otorga ninguna garantía de que no se den malos manejos.
    
La contratista
La segunda persona implicada en la denuncia de las posibles anomalías es Luis Oliver Montealegre Guzmán, miembro del Comité Departamental de Cafeteros por la circunscripción de Ibagué.    

Señala que su hija, Martha Paola Montealegre Posada, obtuvo diferentes contratos con la organización regional, entre agosto de 2009, y mayo de 2010.

“Su hijo, Oliver Andrés Montealegre Cuartas, trabaja actualmente en Prohaciendo, empresa donde el Comité Departamental de Cafeteros del Tolima es su socio patrocinador”, indica Luis Hoover Mora.

¿De la ‘vista Gorda’?
Por todo lo anterior, solicitó al ente superior que investigara al actual director Ejecutivo, Gildardo Monroy, por permitir las irregularidades, así como que se le diera traslado de los hechos al tribunal Disciplinario, para que imponga sanciones.

Pasaron seis meses sin que supiera de alguna actuación del Comité nacional de Cafeteros, lo que llevó a que Mora interpusiera un derecho de petición para que explicaran el silencio.

Le fue negada la información, esgrimiendo la condición de persona jurídica de derecho privado de la entidad.

Café, con aroma barretista
El Comité Departamental de Cafeteros del Tolima y su entidad anexa, Prohaciendo, han sido cuestionados por firmar numerosos convenios con la actual Gobernación  evadiendo así procesos que deberían estar amparados bajo la Ley 80, como los destinados a obras de infraestructura. En los primeros años de su mandato Óscar Barreto Quiroga entregó más de 30 mil millones de pesos al Comité, en convenios para labores viales y de infraestructura, de las que no se tiene certeza si son compatibles con el objeto social y figura jurídica de un Comité Regional de Cafeteros. Para obtener una perspectiva de la situación no hay que ir muy lejos. La Auditoría General de la República publicó a mediados de la semana que termina un informe que presenta a la Gobernación del Tolima entre los primeros entes territoriales del país en ejecutar sus recursos a través de contratación directa. Particularmente, registra los actos contractuales con la ONG estrella del Departamento, Prohaciendo. En el mes de junio, mediante seis contratos consiguió manejar recursos por dos mil 392 millones 274 mil 968 pesos. Entre las labores encomendadas están muchas que por ser etéreo su objetivo no podría verificarse a ciencia cierta su resultado. Por ejemplo, la Auditoría registra uno para “prevención, estrategias de fortalecimiento a la lucha contra el reclutamiento voluntario y forzado de niños, niñas al conflicto armado en el departamento del Tolima”; otro para “apoyo y fortalecimiento a la política de prevención y atención a víctimas” e  “implementación del plan de acción departamental en derechos humanos”. Así mismo, para la implementación de las “políticas públicas de juventud, mujer y género en el Tolima” y la puesta en marcha del “sistema de inspección y vigilancia de la educación en el Departamento”.

Prohaciendo, ¿constructor?
Si bien las anteriores labores no suenan del todo incongruentes para una corporación “para la Promoción del Desarrollo Rural y Agroindustrial”, la Auditoría reseña tres contratos para el mejoramiento de 348 viviendas rurales en municipios como San Luis, Alpujarra y Rioblanco.

Cuestionada inversión
El denunciante habló también sobre obras de infraestructura ejecutadas por el Comité Departamental en zonas que no son cafeteras, pese a que los recursos del fondo de los agricultores deben invertirse en el gremio. Uno de los casos es el tramo de vía en la Mesa de Pole, entre Ataco y Planadas. “Se llevó un equipo del Comité, se le aportó un dinero de nosotros los caficultores y alegorizan con que apoyan la ola invernal en el Sur del Tolima, pero no. Esas obras las necesitamos es en las vías terciarias, donde están las veredas y los cafeteros. Hacerle  mantenimiento a las rutas que el mismo Comité en otros tiempos nos ayudó a abrir; no es dinero para gastar en una vía central”, afirmó. Esta obra la resaltó la organización en su periódico Tolima Cafetero del pasado mes de mayo.

Síntesis
Empleados activos del Comité de Cafeteros suministraron a EL NUEVO DÍA documentos que reseñan presuntas anomalías en la administración de las cooperativas de caficultores. La mayoría de los soportes son cruces de comunicaciones entre Constantino Santos Marín, que se identifica como caficultor, con la  Gerencia Regional de la Contraloría General de la República. En la queja fechada en marzo de este año, sobre las irregularidades en la cooperativa de Rovira menciona a uno de los implicados en la denuncia sobre nepotismo. “Sería bueno verificar si existen compras realizadas a un miembro del Comité Departamental Luis Oliver Montealegre, muy por encima del precio fijado por la Federación. Si lo anterior es cierto, el Gerente está pagando el favor de su nombramiento. Una parte de este problema se podría visualizar en enero de 2010, en las compras de café de Rovira especialmente en la número Tres; a lo mejor no están los consecutivos”, afirma  Constantino Santos Marín. Sobre el tema aparece un oficio de respuesta firmado por la gerenta Regional de la Contraloría, Myriam Socorro Montoya, del pasado primero de abril. Le anuncia que el asunto lo trasladó al Grupo de Vigilancia Fiscal.

Ibagué
De otro lado, Constantino Santos Marín le pide ayuda para aclarar dónde esta el dinero de la venta del inmueble de la calle 60 con carrera Quinta de Ibagué. “Vendió la Cooperativa hace más de un año por valor de mil 600 millones de pesos para pagar un faltante del 2009 y a noviembre 2010 tiene una pérdida de 600 millones y en diciembre, sin tener ingresos queda con una pérdida de 300 millones de pesos entonces ¿dónde esta la plata?, pregunta. También cuestiona que la Federación avalara la Cooperativa para comprar café a través de agentes con dineros de la línea financiamiento FNC y solicita verificar “si se está cumpliendo la normatividad sobre los recursos que la cooperativa le gira a los agentes de compra de café y si las garantías de los agentes son reales, si el sitio donde están las garantías valen lo que dicen” y cuánto deben los agentes de compra a la cooperativa y el número de estos que ha tenido siniestros.