Primero, en pleno lunes santo, el Gobierno lo sacó de la junta directiva de Vecol, la empresa nacional de productos veterinarios. Un día después, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri decidió no renovarle por diez años a Fedegán el millonario contrato para manejar la plata de los parafiscales de la carne y la leche, como es lo habitual. En cambio, le dio solamente una prórroga de nueve meses que mantiene en vilo al gremio ganadero por segundo año consecutivo y que le sube aún más la temperatura a una pelea que tiene dividido a todo ese sector.

Los cambios en Vecol

Mientras mucha gente se iba de vacaciones, Vecol vivía un Lunes Santos muy movido.

Ese día, el gobierno Santos tomó dos decisiones que agarraron por sorpresa al centenar de personas que se reunieron para la asamblea anual de la exitosa empresa nacional que fabrica la vacuna contra la aftosa y otros insumos para el campo.

Primero, Iragorri cambió a la mitad de su junta directiva, con lo que el Gobierno quedó con una mayoría absoluta en la empresa mixta. Gracias a esa movida, sacó al líder del gremio que agrupa a la mayoría de ganaderos del país, que ha sido un reconocido crítico del proceso de paz y que tiene varias peleas casadas con Santos, que llevaba varios años con un asiento allí.

Ninguno de esos cambios se veía venir en el salón de Vecol en la Avenida El Dorado. De hecho, por la mañana hubo una sesión de la junta, que presidió el viceministro agropecuario Hernán Román -en representación de Iragorri- y en la que no se anunció ningún movimiento.

Pero cuando se acabó la junta y arrancó la asamblea, Arturo Dajud -uno de los súper asesores de Iragorri- tomó la batuta y anunció que el Gobierno presentaría una plancha con sus propios candidatos para la junta.

Tanta fue la sorpresa que muchos de los asistentes comenzaron a mandarle mensajes de texto a Lafaurie, quien se había excusado -según dos fuentes- por estar enfermo.

Con esos cambios, el Gobierno quedó con tres de los cinco asientos -con titular y suplente- en la junta, en vez de uno solo -el del ministro- que tenía antes. Además de Lafaurie, salieron el expresidente del Banco Agrario Jorge Restrepo y los ganaderos independientes Camilo Ucrós y Jorge Ferro. En su reemplazo entraron el nuevo vice de desarrollo rural Juan Pablo Díaz Granados (en vez de Román) y tres consejeros de confianza de Iragorri: su asesor gremial Juan Pablo Pineda, su también asesor Juan Pablo Otoya y su secretaria general Alejandra Páez.

De todas, la salida de Lafaurie es la más visible. Dentro del Gobierno argumentan que Lafaurie debía salir porque Fedegán es el mayor comprador de la vacuna contra la aftosa -el producto estrella de Vecol- y tenía un conflicto de intereses al estar sentado en la junta que tomaba decisiones de la empresa. La Silla supo que el líder gremial ganadero llamó a Iragorri a protestar por su salida.

Estos cambios normalmente no habrían causado consternación, ya que el Gobierno es el mayor accionista de Vecol con casi un 80 por ciento y porque varios de los miembros de junta defenestrados habían sido nombrados por el propio Presidente, pero actuaban de manera independiente.

La nueva mayoría de Iragorri y el hecho de que ninguno de sus asesores cercanos tenga mayor experiencia en el agro dispararon de nuevo las alarmas de que la empresa -que estaba quebrada hace una década y que ahora es tan sólida que exporta la vacuna a países como Ecuador- pueda terminar en manos de cuotas políticas como sucedió -antes de Iragorri- con el ICA, el Incoder o el Banco Agrario.

Además, el recuerdo de lo que sucedió en julio pasado está muy fresco.

Ese día, durante una sesión de la junta, el vice Román pidió un aplazamiento para que el entonces ministro Rubén Darío Lizarralde -quien nunca asistía- viniera y anunció, sin dar mayores razones, que el Gobierno prefería un cambio en la gerencia. Como corría fuertemente el rumor de que el Gobierno quería poner a un recomendado político del representante conservador y antioqueño Juan Diego Gómez, la junta se le adelantó y le renovó -por mayoría- el contrato al cinco veces gerente por otros dos años.

En el Ministerio de Agricultura aseguran que no habrá ningún cambio al frente de Vecol, que la actual junta es transitoria y que busca una mayor presencia del Gobierno que permita elevar los niveles de transparencia y articulación.

Aunque a Borrero le queda año y medio de contrato a término definido y retirarlo acarrearía una cuantiosa indemnización, tres personas que estuvieron en la asamblea de Vecol temen que puedan tratar de cambiar a este administrador de empresas y ganadero huilense que es muy bien visto en el sector y que ha sido ratificado seis veces desde su nombramiento en 2003.

El limbo de los parafiscales

Apenas un día después de salir de la junta de Vecol, Lafaurie recibió otra mala noticia.

El ministro Iragorri decidió prorrogarle por nueve meses en cambio de renovarle por diez años a Fedegan el contrato de administración de los casi 100 mil millones de pesos que maneja anualmente el Fondo Nacional del Ganado, una plata pública que aportan unos 450 mil ganaderos y lecheros en todo el país (el segundo fondo más grande de su tipo tras el del café) y cuya finalidad es ser invertida en beneficio de todo el sector.

La razón es que el manejo que le ha dado Fedegán al Fondo le ha valido -como contó La Silla- fuertes cuestionamientos de la propia Presidencia, la Contraloría, el Ministerio de Agricultura, casi todos los lecheros (desde los pequeños productores hasta los pesos pesados como Jenaro Pérez de Colanta y Carlos Enrique Cavelier de la Alquería) y algunos ganaderos disidentes.

Con el nuevo plazo hasta el 31 de diciembre, el gobierno Santos aún no resuelve de fondo el difícil dilema político que le trae el caso.

Si le extiende por otros diez años el manejo de esa plata, pasaría por encima de las advertencias que le han hecho los contralores Sandra Morelli y Edgardo Maya, su ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo y su propio secretario de Transparencia. Y si le niega ese nuevo contrato, crecerá la tensión con Lafaurie, que insiste -en línea con lo que viene diciendo el uribismo- en que se trata de una persecución política por no ser santistas.

Pero, al tratarse de la cuarta prórroga en menos de año y medio, le manda un mensaje a Fedegan de que todavía no está tranquilo con el manejo del Fondo.

Aunque el Ministerio aún no ha anunciado siquiera la firma de la prórroga y no se conocen las condiciones que le impone a Fedegan, el nuevo aplazamiento es un golpe para el gremio ganadero que lleva 22 años administrando el Fondo y decidiendo en qué se invierte esa plata.

“Es como cuando a un mal estudiante en el colegio le dicen que tiene matrícula condicional y luego le repiten que no pierde el año sino que la mantiene. Es una advertencia de que ‘si no se porta bien, lo echamos’. En cambio, el Fondo del café se renueva cada diez años, siempre por diez años”, dice una persona del sector.

Renovar o no renovar, esa es la cuestión

 Ese enfrentamiento entre Fedegan y el Gobierno por los parafiscales arrancó en 2012, cuando el entonces ministro Juan Camilo Restrepo ordenó -como contó La Silla- una auditoría externa tras oír las quejas de los lecheros y ganaderos disidentes que sienten que el gremio de Lafaurie manejaba esa plata pública a su antojo.

Tras ese informe, la Contraloría de Morelli ordenó una actuación especial y encontró un centenar de presuntos hallazgos y malos manejos, tanto de Fedegan (como administrador del fondo) como del Ministerio (como cabeza, casi siempre ausente, de su junta), y también de otros gremios como el cacaotero y el de fruticultores. Tanto Morelli como el Secretario de Transparencia Rafael Merchán le pidieron al Ministerio, ya bajo la batuta de Lizarralde, que no le extendiera el contrato a Fedegan hasta que no hiciera ajustes a la manera como maneja el fondo. Al llegar Maya a la Contraloría, ratificó esas denuncias y le advirtió a Iragorri sobre una renovación en esas circunstancias.

La Silla supo que en el Ministerio aún no hay una decisión sobre los diez años, pero que sienten que en este momento no está la información completa para tomarla.

Por un lado, creen que Lafaurie ha llegado a compromisos importantes como no usar la plata del Fondo para fines de propaganda política y no hacer publicidad del sector -con esos recursos- en donde el logo gremial salga más grande que el del Fondo. Pero que aún es muy temprano para saber si los cambios en sus estatutos, que hicieron en el Congreso ganadero de noviembre pasado, realmente harán que Fedegan -que no afilia a ganaderos individuales- sea tan democrático como ordenó la Corte Constitucional para los gremios que manejan recursos públicos.

Lafaurie le escribió una carta a Iragorri la semana pasada, en la que no protesta por la decisión pero le expone las razones por las que el contrato debería ser renovado.

Entre sus argumentos está que el último informe sobre el Fondo que hizo la Contraloría -terminado en diciembre por el equipo de Morelli y hecho público hace un mes por Maya- le dio muy buena calificación a Fedegan por la gestión financiera y administrativa de los parafiscales.

Ese informe, sin embargo, volvió a lanzar otra alarma sobre una renovación a Fedegan, que Lafaurie no mencionó.

En él, Maya advierte que Fedegan no puede ignorar las recomendaciones que le hace la Contraloría (y a los que el gremio responde que ‘no aplican’ o ‘no se aceptan’) no son opcionales y que no tomarlas en cuenta “obstaculiza el ejercicio del control fiscal”. Y que, por lo tanto, solicita el inicio de un proceso administrativo sancionatorio contra el gremio de Lafaurie.

Esos nueve meses le dan al Gobierno una herramienta adicional para enfrentarse al caso Fedegan, ya que el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que está en el Congreso le dará al gobierno Santos más dientes para tomar decisiones de fondo en los gremios con líos parafiscales.

Esto porque, en uno de sus 200 artículos, dice que los fondos parafiscales del campo deben representar a todos los productores que aportan a ellos y que las juntas que los manejen deben ser elegidas democráticamente. Y que, en caso de no cumplir estos criterios, el Gobierno puede declarar la caducidad de los contratos y crear una fiducia para manejar esa plata.

Aunque esa idea está en una sentencia de la Corte Constitucional y en los estatutos de los fondos parafiscales, no estaba escrita de manera tan clara y -al incluirla- el Gobierno busca enviar un mensaje de que será más vigilante con cómo se manejan esos recursos públicos. El articulito ya encontró su primera oposición en el Congreso, con el voto negativo en las comisiones económicas de la bancada del Centro Democrático al que pertenece la esposa de Lafaurie, María Fernanda Cabal.