Toda la atención se había centrado en el descalabro de los escenarios deportivos de la Calle 42 y el Parque Deportivo, pero Revisar detectó graves anomalías en el contrato de la remodelación del Estadio, que señalan que el contratista eliminó 39 ítems que se contemplaban en el presupuesto de la obra a cargo del Imdri y aún así fue adjudicado.

La última jugada que termina por encerrar el círculo frente a los escenarios deportivos que fue la ‘gallina de los huevos de oro’ para contratistas y de políticos que estarían detrás de la adjudicación de los millonarios contratos es el estadio Manuel Murillo Toro, licitación por 13 mil 308 millones 743 mil pesos y que tuvo un adicional de mil 203 millones 714 mil pesos.

La Red de Veeduría Revisar puso la lupa en la adjudicación del contrato a la Unión Temporal Manuel Murillo Toro, que la conforman las empresas M & A Proyectos S.A.S, Río y Arquitectura S.A. y Construsar S.A., todas de Villavicencio.

Revisar pudo verificar que el contratista al que se adjudicó la obra eliminó 39 ítems de costos directos de la obra que estipuló el Imdri, entidad contratante, esto conllevó a que posteriormente se debieran incluir en la adición por mil 203 millones de pesos.

El panorama no es alentador: Revisar argumenta que “los ítems ó actividades de obra a presupuestar de acuerdo con el presupuesto oficial suministrado en el proceso de contratación, no aparecen registrados en el presupuesto de obra presentado en la oferta por el proponente Unión Temporal Murillo Toro, para 39 actividades, que ascienden a 443 millones 25 mil 741 pesos en costos directos”.

De acuerdo con lo anterior, la propuesta presentada debió ser rechazada al no incluir en su presupuesto de obra los 39 ítems especificados por el instituto en el presupuesto oficial publicado en el Secop (Sistema Electrónico para la Contratación Pública).

Según el análisis de Revisar, “el proponente se limitó a copiar al pie de la letra el presupuesto del instituto, pero olvidó restar del valor total de sus costos directos, los 39 ítems que eliminó a conciencia en su propuesta económica, la cual debió ser por 10 mil 421 millones 219 mil pesos en Costos Directos y no como quedó registrado en su oferta, 10 mil 864 millones 245 mil.

Lo anterior conllevó a que el cálculo del A.I.U. presentara menor valor, por lo que -según Revisar- el contrato debe ser revisado y reliquidado por cuanto los costos indirectos son inferiores, comparado con el consignado en la propuesta del proponente, habiéndose pagado alrededor de 100 millones de peso más a la Unión Temporal por error en el cálculo de los costos indirectos y que debe ser devuelta a la tesorería del instituto.

Para la ONG, el valor real del contrato era de 12 mil 766 millones 37 mil pesos y no el que aparece consignado en el contrato, superior a los 13 mil millones.

“Por todo lo expuesto, cabe deducir que presuntamente existió confabulación, maquinación, conspiración, connivencia, complot, trama y contubernio entre funcionarios del Imdri, el famoso asesor jurídico y el proponente ganador, es decir, la Unión Temporal Murillo Toro”, advierte Revisar.

Para Revisar, el oferente eliminó de un solo “tijeretazo” los ítems para ajustarse al presupuesto oficial de esta licitación, además se habrían limitado a copiar exactamente los valores registrados en el presupuesto oficial, que contiene 410 precios de análisis unitarios.

“Por lo anterior podemos presumir que el proponente ganador, Unión Temporal Murillo Toro tuvo acceso directo a la información existente en el Imdri, es decir, les fue entregado en medio magnético el presupuesto oficial que incluye los 39 ítems mencionados anteriormente, está escaneado en PDF y el suministrado por el contratista ganador presenta el recorte de los 39 ítems, pero todo el presupuesto coincide con los valores de los ítems del presupuesto oficial.

Según el análisis, se puede corroborar con solo observar que la digitación de las actividades a ejecutar presenta los mismos espacios entre palabras, ídem tipo de letra, el mismo formato, y exactitud en las mayúsculas y tildes.

“Se limitaron a copiar el presupuesto de obra del Imdri, es visible que no digitaron y mucho menos se tomaron la molestia de elaborar su propio presupuesto de obra. A simple vista se concluye que este proponente era quien debería ser la propuesta elegida”.

Críticas a los orgános de control

Para Revisar, Ibagué ha estado en los últimos 12 años con una corrupción campante y galopante sin que surjan liderazgos que enfrenten este flagelo.

“Urgen dirigentes honestos y transparentes, urgen investigadores honorables y responsables y urgen ciudadanos que exijan justicia”, es el llamado de la veeduría.

La red cuestiona en primer lugar a la Procuraduría General y su papel frente al control preventivo. “¿Qué hizo frente a todos los exabruptos contractuales, actuó a tiempo, a quién investigó?, permitió que se cometieran los delitos que se veían venir y ¿qué hizo?, ¿cuántas investigaciones hay en curso por estos hechos?”.

Así mismo, a la oficina Anticorrupción de la Presidencia. Se pregunta si se ha denunciado “la corrupción” que es transversal a este proceso?, ¿a quiénes denunció?, ¿en qué entes del Estado, están estas denuncias?, ¿cuál es su estado de avance?.

Y va más allá en protestar contra la sociedad al reclamar el silencio de los gremios, la academia y los ciudadanos de bien.

“¿Por qué no ha existido sanción social frente a los depredadores del erario público, a pesar de que dejan sus cargos y pueden ir a vivir ostentosamente sin tener que volver a trabajar, hay ex alcaldes intocables?, ¿por qué siguen exfuncionarios de altos cargos de elección popular jugando Golf tranquilamente, mientras que los deportistas ibaguereños entrenan en Antioquia, en el Valle o en Cundinamarca, sacrificando sus familias y su futuro?, ¿por qué en Ibagué no actúan los organismos de control, por qué nadie vigila que los organismos de control investiguen y sancionen ejemplarmente?”, se queja Revisar.

“Atando cabos”

El abogado Iván Ramírez Suárez en su columna del pasado 14 de febrero hizo un claro panorama de quiénes están detrás de los millonarios contratos de los escenarios de los Juegos Nacionales.

Mencionó: “Es conocido que a los hermanos Rodríguez, los de Ibagué (Jorge Tulio y Mario), no los de Cali (Gilberto y Miguel), les correspondió el contrato de remodelación del estadio Manuel Murillo Toro (adjudicado a la Unión Temporal Murillo Toro)”.

También que Jorge Alexander Pérez (a quien llaman ‘El Chatarrero’) manejó gran parte del contrato de remodelación y construcción de escenarios en el Parque Deportivo (119 de 2015) y ejecuta el de remodelación de la Unidad Deportiva de la 42 (074 de 2015).

Pero mientras en las obras contratadas en el Estadio se conocen ‘padrinos’ y contratista, en las del Parque Deportivo y la Unidad de la 42, se conoce el ejecutor (Jorge Alexander Pérez), mas no el ‘padrino’ o dueño del contrato. Todo apuntaría a Genaro Cerquera Baquero, a quien señalaron en su época de posibles vínculos con el narcotráfico.

En la segunda entrega del informe de Revisar, el próximo domingo, se expone claramente cómo en el presupuesto de las obras hay ítems del proyecto con precios muy por encima de los del mercado, “generando con ello una sobrevaloración desde el Imdri, puesto que el presupuesto oficial a la luz de los precios reales del mercado están sobrevalorados, es decir, las obras hubiesen podido ejecutarse satisfactoriamente con un presupuesto mucho menor, ¿en beneficio de quiénes?”.

El comité evaluador

Revisar cuestiona al comité evaluador: Orlando Arciniegas Lagos, Carlos Heberto Ángel, Andrés Mauricio Villegas Navarro, Maritza Rozo Riveros, Mauricio Campos del Cairo y Leonardo Alexánder Valero, que no vio o hizo caso omiso a la irregularidad.

Además, recuerda que el Imdri no aceptó las peticiones escritas enviadas por los posibles proponentes para que existiera pluralidad de oferentes, limitando la posibilidad para que otras firmas constructoras participaran en la licitación.

Para Revisar los exfuncionarios presuntamente incurrieron en comisión del contrato sin el lleno de los requisitos, adjudicación irregular a un oferente sin el cumplimiento de los requisitos habilitantes, violación de los principios rectores de la contratación estatal como objetividad, transparencia, pluralidad y publicidad.

Además, la violación al principio de Planeación, “que permite establecer de manera precisa, en una contratación estatal, antes de su validación a ofertas públicas, contar con todos los estudios previos, lo más completos posibles, debidamente sustentados, con los soportes técnicos, económicos, sociales, ambientales, pero, sobre todo, contar con un presupuesto adecuado y debidamente valorado para desarrollar las obras que requiere el Estado”.

“Cómo no fueron a darse cuenta de que esta propuesta carecía de 39 ítems contemplados en el presupuesto oficial, es decir, el elefante adulto estaba sentado en el sillón de la sala y no lo vieron. Lo que podemos concluir es que había conciencia frente a lo que estaba pasando con esta propuesta; sin embargo, ni siquiera se tomaron el trabajo de revisarla y procedieron a aprobarla y recomendar su adjudicación; o quizá estaban seguros de que nunca iba a pasar absolutamente nada. Y en algo tienen razón, pues llevamos 12 años en los que no se observan investigaciones serias con resultados acordes a la necesidad de vencer la corrupción”, enfatiza la Red.

Y recuerda que en los pliegos de condiciones página tres, el Imdri exigió a los oferentes el diligenciamiento de los anexos Ocho y Nueve de control preventivo de las prácticas colusivas y pacto de probidad de los proponentes interesados en participar en la licitación pública.

“¿Qué pasó con la validez de estos anexos?, ¿acaso el contratista al que se le adjudicó el contrato ha cumplido cabalmente con ellos?, ¿no se está violando flagrantemente el pacto de probidad con todo lo que ya se conoce?, ¿acaso no hay suficiente evidencia para iniciar las investigaciones respectivas para dar con los responsables de tan aberrantes hechos?”, indica la ONG.