Las presuntas irregularidades que se cometieron en la ejecución de un proyecto de viviendas fiscales Cenop y que comprometen al director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, se remontan al mismo momento en que se adelantó el proceso contractual. Después vendrían una cadena de presuntas anomalías.

Esta semana la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario al uniformado, pero poco se conocía de las sucesivas irregularidades que presuntamente ocurrieron y que motivaron la revisión de las entidades de control.

Al oficial de la Policía se le investiga porque, siendo director del Fondo Rotatorio, recibió a satisfacción el proyecto pese a que estaba inconcluso. Adicional a esto, será juzgado porque no se declaró impedido para conocer el expediente disciplinario que se abrió y por un presunto tráfico de influencias.

Inició con problemas

De acuerdo con un informe de auditoría adelantado por la Contraloría y revelado esta semana por W Radio, el Fondo Rotatorio de la Policía desarrolló un proceso contractual de forma directa y sin ninguna licitación, para la construcción de 51 viviendas fiscales correspondientes a la segunda etapa del proyecto ciudadela policías Cenop, ubicada en San Luis.

En el expediente, menciona la emisora, se justifica la contratación a dedo por razones de seguridad para la familia de los comandos que trabajan contra el terrorismo.

Según refiere el medio, la Contraloría estableció con asombro que el plazo de ejecución de este proyecto era de apenas tres días, pues el acta de inició se suscribió el 27 de diciembre de 2012 y la entrega se fijo para el 31 de diciembre del mismo año.

La fecha de entrega del proyecto se amplió hasta el 30 de junio de 2013, sin que se cumpliera el objeto del contrato. Luego vinieron cuatro prórrogas más, siendo la última la que venció el 28 de agosto de 2014, año en que el general Óscar Atehortúa asumió la Dirección del Fondo Rotatorio.

Pese a que el proyecto no estaba terminado y se estaba deteriorando, el uniformado recibió en 2015 la obra a satisfacción. Según W Radio, el abogado defensor de Atehortúa intenta justificar que el proceso ya habría prescrito porque no se han producido decisiones en cinco años, pero lo cierto es que la investigación lo compromete desde el momento que recibió el proyecto en esas condiciones.

El informe indica que nunca se ejecutaron las pólizas de incumplimiento por parte del contratista y el número de viviendas y sus especificaciones no correspondían a los permisos que otorgaron las autoridades en la licencia de construcción. Adicional a esto, no se ejecutaron compromisos relacionados con la plantación de árboles, acabado de viviendas, construcción de piscinas, planta eléctrica, entre otras.

La primera etapa, que contemplaba 51 viviendas, costó $10.000 millones. Y sin que esta fase hubiera terminado, inició la construcción de la segunda, que costó $7.000 millones, para el levantamiento de 111 viviendas, las cuales tampoco están terminadas.

Testimonios de policías que recaudó la Procuraduría darían cuenta de que después de recibirse el proyecto, comenzaron a hacerse arreglos fragmentados con dinero que no hacía parte del contrato original.

La intervención también fue irregular. Por un lado, William Muñoz, encargado de esta labor, fue enviado a la cárcel por el desfalco de la Universidad Distrital. Y por el otro, un teniente de apellido Moreno, hoy capitán, está siendo investigado por su actuación como supervisor de auditoría.

W Radio también indicó que Atehortúa, ya siendo director de la Policía, se reunió con un capitán José Fernando Llanos para que evaluara archivar el proceso de investigación en su contra. En declaración a la Procuraduría, el uniformado aseveró que fue presionado y le retiraron el esquema de seguridad que recibió tras haber sido objeto de amenaza.

La emisora tuvo acceso a un video que evidencia el pésimo estado de las viviendas.

A juicio disciplinario

El director de la Policía Nacional deberá responder por cuatro cargos. En el primero se le cuestiona presunto desconocimiento del principio de responsabilidad, al haber faltado probablemente a su deber de adelantar la revisión sobre la obra ejecutada y velar por la buena calidad del objeto contratado.

En el segundo cargo se cuestiona que no se hubiera declarado impedido para conocer el expediente disciplinario P-INSGE-2018-175, relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas.

El tercer cargo que pesa sobre Atehortúa es por la presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

Y el cuarto cargo tiene que ver con que aparentemente utilizara de manera indebida la influencia derivada del ejercicio de su cargo, para que el inspector general de esa institución, mayor general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando.

Dato

La Procuraduría General de la Nación tomó la decisión de compulsar copias a la Fiscalía General para que investigue al general Óscar Atehortúa por su parte estos hechos.