El sector defensa ha estado en la palestra pública por la cantidad de irregularidades que se han registrado desde sus fuerzas. La lupa está sobre el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, sobre quien se surte un proceso disciplinario por presuntas irregularidades en la construcción de casas fiscales en San Luis, Tolima, mientras fungió como director del Fondo Rotatorio.

El oficial completó más de cinco diligencias públicas, en las que la Procuraduría ha expuesto una posible responsabilidad sobre extralimitación en sus funciones y tráfico de influencias.

A Atehortúa se le cuestiona que en calidad de director general del Fondo Rotatorio pudiera estar incurso en una falta por haber participado, entre el 26 de diciembre de 2014 y el 17 de diciembre de 2015, en la ejecución de un contrato en el que, a juicio de la Procuraduría, habría desconocido el principio de responsabilidad, al haber faltado “probablemente” a su deber de adelantar la revisión sobre la obra y velar por la buena calidad y el objeto del contrato.

Además de eso, el ente de control cuestiona que el oficial, en su calidad de inspector general de la Policía, entre el 19 de junio y el 13 de diciembre de 2018, no se hubiera declarado impedido para conocer un expediente disciplinario relacionado con las presuntas irregularidades en la construcción del proyecto de viviendas fiscales denominados Cenop, pese a la eventual existencia de un interés directo sobre la actuación.

Sumado a eso, el Ministerio Público le sigue la pista en una presunta extralimitación de funciones por haber acudido a un capitán para que verificara la actuación adelantada en el proceso por los hechos de la construcción de las viviendas fiscales, que conocía el Grupo de Procesos Disciplinarios de Primera Instancia de la Inspección General, y le suministrara una línea de tiempo del expediente.

Eso, sin contar que también a Atehortúa se le reprocha que, aparentemente, utilizara de manera indebida estar en el cargo de director de la institución, para que el inspector general de esa entidad, general William René Salamanca Ramírez, no diera curso a una actuación disciplinaria que estaba adelantando por posibles irregularidades ocurridas en el proyecto Cenop, en la que podía resultar comprometida su responsabilidad.

El proceso

Por estos hechos, el Ministerio Público le endilgó cuatro actuaciones indebidas y las calificó como falta gravísima a título de dolo, eso sin contar que parte de las pruebas que reposan en el despacho del procurador delegado, Carlos Orjuela, fueron enviadas a la Fiscalía General para que investiguen hechos que pese a estar fuera del ámbito disciplinario por prescripción, podrían constituir, presuntamente, delitos que vincularían a quienes intervinieron en la construcción de dicho proyecto.

Desde la otra orilla, el abogado Marco Antonio Velilla, quien defiende los intereses del oficial, en más de dos ocasiones interpuso recurso de nulidad sobre el proceso que se adelanta en contra de Atehortúa, argumentando que la construcción de las viviendas se adelantaron acorde a lo estipulado en el contrato y culminó con el presupuesto asignado.

En defensa de Atehortúa, Velilla en más de una ocasión ha mencionado que por los mismos hechos existieron investigaciones años atrás que ya fueron archivadas; sin embargo, el Ministerio Público como respuesta a dichas actuaciones, argumentó que si bien se han registrado indagaciones, las que se han surtido no vinculaban a altos mandos de la institución, sino a suboficiales.

Respecto de la posible extralimitación que hace su curso en el Ministerio Público, y que vincula como “víctima” al general Salamanca, en las diligencias ha trascendido que esto se registró en diciembre del año pasado cuando Atehortúa habría ordenado vacaciones forzadas para el oficial sin que éste las hubiera pedido.

No obstante, lo que se ha mencionado en este suceso es que Atehortúa fomentó dicha situación con el fin de que Salamanca, actual Inspector de la Policía, dejara de lado la investigación que se surtía en su contra internamente por las irregularidades en dicho proyecto de construcción.

Desde el sector Defensa

El jefe de las Fuerzas, ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se había mantenido al margen de la puja que se registró entre los dos oficiales, sin embargo, este viernes, salió en defensa de los mismos.

“El señor general Salamanca tiene unos deberes que debe cumplir, el señor general Atehortúa tiene unos deberes que debe cumplir, el señor general Salamanca tiene unos derechos que le deben ser respetados, el señor general Atehortúa tiene unos derechos que deben ser respetados, y las garantías procesales de presunción de inocencia y debido proceso de derecho a la defensa y contradicción de la prueba son garantías que el Gobierno respeta, preserva y defiende”, dijo el Ministro.

La puja policial que ha dejado un sinsabor en ambos oficiales, por el momento, se mueve en el proceso disciplinario en el que Atehortua espera controvertir con pruebas los señalamientos de la Procuraduría sobre los cargos endilgados.

¿Qué dice Salamanca?

En el marco del proceso disciplinario, la Procuraduría tuvo en cuenta el testimonio del general, quien aseguró que sostuvo una tensa reunión en diciembre pasado con el director de la Policía, en la que precisamente se mencionó el tema de sus vacaciones obligatorias, aún cuando el inspector ya había disfrutado de las mismas.

“Él me dice: -se me sale ya de la oficina, y no mi general, ¿por qué me voy a salir de su oficina?- Se me va ya de vacaciones. Mi general, ¿por qué esa decisión es suya? Aún quedo más sorprendido si ya disfruté de las vacaciones, las disfruté en junio del año pasado. Y usted ahora me da la orden que yo salga con vacaciones cuando le acabo de mencionar que estoy adelantando investigaciones graves contra la corrupción en la Policía y que hay una sociedad colombiana que exige que se luche contra la corrupción”, expuso en la diligencia adelantada el pasado 24 de noviembre.

Según Salamanca, en medio de la acalorada reunión, este le manifestó al jefe de la Policía que se sentía “decepcionado”, debido a que mientras Atehortúa estuvo como Inspector de la Institución archivó varias investigaciones que se surtían en el interior de la entidad.

Cabe mencionar que, si bien, el poder preferente para investigar a los uniformados es netamente de la Procuraduría General, la Inspección de la Policía tiene la potestad y diligencia de adelantar investigaciones contra los uniformados, y de ser necesario, esta unidad está en la facultad de suministrar información al Ministerio Público para que siga el curso de las investigaciones.

Los hechos mencionados anteriormente tienen en rifirrafe a dos de los oficiales más importantes de la Institución. Fuentes oficiales han confirmado que la discordia entre ambos mandos empezó con una rivalidad en la que se buscaba llegar al puesto que hoy ocupa Atehortúa.

Si bien, a la salida del general (r) Jorge Nieto, exdirector de la Institución, el nombre que sonaba para su reemplazo era el general Salamanca, por su antigüedad y trayectoria en la entidad, un coletazo que recibió este último cuando Atehortúa fue nombrado en el cargo.

No obstante, las rencillas entre los oficiales ha trascendido a un tema netamente laboral, pues en medio de la diligencia disciplinaria, Salamanca denunció que recibió amenazas y ha visto movimientos extraños cerca a su lugar de residencia, esto sin confirmar de forma directa que el actual director de la Policía tenga alguna relación en las mismas.

“He venido notando seguimientos y movimientos extraños en torno a mi casa. Mi suegra me visitó y la están siguiendo, a mi empleada la han abordado preguntándole donde trabaja. Mi vida y la de mi familia está en peligro”, manifestó el general Salamanca.

A juicio del oficial, recibió información de policías que se encuentran en retiro en el que mencionan que “me cuide, que cuide a mi familia, de hecho esa información también la he recibido de policías activos”, y bajo esa premisa el general dice que teme por su vida y la de su familia, que estaría en riesgo por las amenazas que, según él, han llegado.

En este caso, como resulta ser actuaciones ajenas a las que puede adelantar la Procuraduría, es menester de la Fiscalía avanzar las indagaciones para determinar si las denuncias hechas por Salamanca son verídicas y establecer el motivo por el cual se han realizado.

No obstante, desde la Procuraduría, la más reciente decisión es la práctica de pruebas que ordenó realizar al aplicativo Sistema de Información Jurídico de la institución, para establecer la veracidad de las versiones sobre una posible manipulación para la eventual adulteración de datos.

La Sala Disciplinaria ordenó que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría adelante una inspección al Sijur, que permita identificar el proceso de creación, verificación, supresión o eliminación de registros dentro del sistema.

Así mismo, determinar si el mismo cuenta con archivos de auditoría, identificar el administrador, cómo se generan los usuarios y niveles de acceso, y si desde el 19 de noviembre a la fecha se ha hecho algún tipo de modificación o alteración dentro del Sijur de documentos que pudieran tener relación con este proceso.