En un informe detallado que conoció en exclusiva esta redacción, la Contraloría General de la República (CGR), Gerencia Tolima, se explaya a profundidad la problemática con el suministro y disposición final de servicio de acueducto y alcantarillado en el Complejo Residencial Arboleda del Campestre (Crac).

En el documento, se confronta de forma cronológica cómo se fueron consolidando las diferentes etapas del megaproyecto, amén de dar cuenta la forma en la que la empresa Ibal otorgaba disponibilidades hidrosanitarias en la zona a partir del licenciamiento del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del 2000 y posteriormente a través del Plan Parcial El Zorro (Ppez), sin contar, en algunos casos, con la totalidad de condiciones técnicas para garantizar el servicio en toda la comunidad.

Por otra parte, también se explica que, a raíz de las dificultades acaecidas por supuestos planes de factibilidad dentro de otorgamiento de las disponibilidades hidrosanitarias, las alternativas de suministro quedaron a cargo de otra concesión de aguas que, tal y como lo manifiesta la CGR, no son aptas para el consumo humano debido a que podrían tener una alta carga contaminante a raíz de su procedencia.

Debilidades

A lo largo de 2022, Ibagué se ha visto inmersa en una discusión alrededor del recurso hídrico. Debido a las acentuadas problemáticas que trajeron consigo los primeros meses de invierno, varias debilidades hidráulicas generaron múltiples protestas en las diferentes comunas de la ciudad, dejando en ‘entredicho’ los alcances de la empresa de acueducto y alcantarillado.

Los habitantes del Crac, quienes en diferentes ocasiones se manifestaron por la deficiencia en el servicio, no fueron ajenos a la circunstancia, denunciando a través de diversos medios de comunicación del orden local y nacional tanto la ausencia del suministro hídrico, como las pésimas condiciones en las que llegaba el líquido.

Entre tanto, “para los predios que con antelación habían sido incorporados al suelo urbano de la ciudad (POT Acuerdo 116 de 2000), el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado estaba “obligado” legalmente, (artículo 2.3.1.2.4. del Decreto 1077 de 2015), a otorgar la disponibilidad hidrosanitaria (acueducto y alcantarillado), para que el dueño de la tierra y el constructor desarrollaran el proyecto habitacional, según la habilitación entregada por el POT”, detalla el informe.

Y precisa: “Diferente es la situación legal que se genera para los terrenos incorporados “condicionalmente” al perímetro urbano (perímetro hidrosanitario), en virtud a la viabilidad y adopción, del Plan Parcial El Zorro (Decreto 1000-0223 de abril de 2018). 

“Los planes parciales de urbanismo, con fundamento en la obtención de una factibilidad hidrosanitaria, definen las condiciones que se deben superar o cumplir, para que suelos rurales o periurbanos, entren a la categoría de suelos urbanos, es decir, aquellos en los que el municipio se obliga a garantizar la prestación de todos los servicios públicos”.

Además, en el mismo, la CGR alude a que, si bien la expedición de los mismos viabiliza la edificación a partir del otorgamiento de factibilidades o disponibilidades según el caso, también precisa que “dicha obligación, sólo nace a la vida legal, una vez se hayan materializado los proyectos de inversión que desarrollan la infraestructura que soportará su prestación”, disposiciones que el ente de control subraya como ignoradas por parte de la empresa Ibal.

¿Reparto de ‘disponibilidades condicionadas’?

El ‘reparto’ de las viabilidades hidrosanitarias empezó sobre septiembre del 2013, con el ‘visto bueno’ de la primera etapa de urbanización denominada en aquel entonces ‘La Honda’, la cual se compone de los primeros conjuntos residenciales (Samán, Gualanday, Iguá y Almendro), los cuales están cobijados dentro del POT del 2000. 

En ese primer momento, el Ibal expide la viabilidad a través de un acto administrativo para 2 mil viviendas nuevas. “Por cuanto precisa en un comienzo, que la disponibilidad solo es para acueducto (disponibilidad hidráulica), pero termina autorizando la conexión de la red sanitaria al colector ‘La Honda’ (disponibilidad Sanitaria)”, detalla el informe. 

En julio de 2014, el proyecto urbanístico sufre una modificación, lo que amplió las etapas del proyecto, es decir, se pasó de cuatro a seis, aumentando la cantidad de viviendas a 3 mil 380. En esta modificación, surge el conjunto Cámbulo.

Los servicios públicos de acueducto y alcantarillado también estuvieron soportados a través de las viabilidades del Ibal. En un oficio expuesto por la CGR, detalla que las viabilidades que se expidieron cobijaban a 3 mil viviendas, lo que subrayan como un hallazgo administrativo debido a que 380 de ellas, que estaban licenciadas urbanísticamente, quedaron ‘en el aire’.

Y precisa el documento: “Determina que para la red hidráulica se debe ‘construir un tanque de almacenamiento de 5 mil 600 metros cúbicos, considerando que en la actualidad se está considerando la construcción de 11 mil viviendas que duplicarán la población existente”, así mismo, en ese momento el Ibal insistió en que la red sanitaria se debe conectar al colector La Honda”.

En enero de 2015, el Ibal ‘renueva’ la disponibilidad otorgada en el año 2013 para un total de 2 mil 028 viviendas (que tampoco corresponde a lo licenciado), en las cuales salen a ‘bailar’ las firmas de Juan Carlos Núñez (acueducto), Joanna Bonilla (alcantarillado) y la del actual alcalde Andrés Fabián Hurtado, en ese tiempo parte del área de Planeación del Ibal.

En el mismo oficio, la empresa de acueducto y alcantarillado añade que no cuenta con la posibilidad de otorgar redes sanitarias (alcantarillado), por lo que determina que la constructora deberá crear una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar).

Ante la medida, la CGR subraya que la decisión también se consolida como un hallazgo, máxime cuando se establece que “el proyecto habitacional sujeto de esta “no disponibilidad” de alcantarillado, se localiza en suelo urbano, por dictado del POT de la vigencia 2000, motivo por el cual, la disponibilidad del servicio, tendría que estar legalmente asegurada, por lo que resulta incomprensible, que habiéndose otorgado esa disponibilidad, merced a la autorización de conexión del alcantarillado al colector de aguas residuales ‘La Honda’, ahora este desaparece, no obstante, que fue gracias a el, que la Curaduría Urbana otorgó la correspondiente licencia de urbanismo.

“Así mismo, resulta sorprendente, que el prestador del servicio de alcantarillado, ahora manifieste no poder prestar el servicio, lo cual se traduce legalmente en la inexistencia de prestador, no obstante lo cual, el Ibal, orienta y autoriza al desarrollador del proyecto para que construya su propia Ptar, como si estuviera dotado de facultades legales para suplir su incapacidad autorizando la creación de nuevo prestador, dotado de infraestructura propia, olvidando así, que la ley exige la preexistencia de un prestador que expida la disponibilidad del servicio, como requisito, sin el cual no es posible siquiera dar inicio al trámite de licenciamiento urbanístico”, según el informe.

Meses después, nuevamente se modifica la licencia de urbanismo, donde el proyecto pasa de seis a ocho etapas, donde aflora la construcción del conjunto Totumo. En la expedición de disponibilidad hidrosanitaria, el Ibal aclara que sólo hay capacidad hidráulica para soportar el servicio y dejando a merced de la Ptar el asunto de alcantarillado.

Además, la disponibilidad hidráulica que otorgó la empresa, va condicionada a la construcción del distrito número 11, “el cual comprende la construcción del Tanque de la Fiscalía, del que saldrá una línea de 18” para la zona del Aeropuerto, y posteriormente se deriva una línea de 12” que reforzará el distrito número 9 con 115 litros por segundo que permitirá abastecer el tanque a construir de 5 mil 600 metros cúbicos”.

En el informe, la CGR enfatiza en la irregularidad del condicionamiento de las disponibilidades, toda vez que “se niega una disponibilidad que ya había sido otorgada y de disponibilidades hidrosanitarias condicionadas, las cuales no son más que una ficción administrativa, para eludir el reconocimiento de la inexistencia del servicio público de acueducto”, es decir, se cimientan dichas disponibilidades a partir de supuestos.

Es menester recordar que, a día de hoy, el ‘Tanque de la Fiscalía’ está en completa quietud, luego de algunas consideraciones administrativas entre la Alcaldía de Ibagué y el Consorcio Atria. 

En el conjunto Yarumo, licenciado en el marco del POT 2000, la disponibilidad sufre una ‘renovación integral’ suscrita por Erika Melissa Palma (acueducto), Alfonso Augusto del Campo (alcantarillado) y Tania Arias Barrera (planeación) en diciembre de 2019.

En esta, se continúa con la disponibilidad hidráulica condicionada, donde se plantean que tanto para el conjunto en mención, Acacias, Payandé y Tamarindo, el condicionante es la “entrada en funcionamiento del proyecto Acueducto Complementario”.

Ante el hallazgo, la CGR enfatiza: “El Ibal difiere en el tiempo las condicionantes para la dotación del servicio de agua potable. Hace una curiosa diferenciación entre la entrada en funcionamiento del llamado “tanque de la zona industrial” (Tanque de la Fiscalía) en la vigencia 2017, y la entrada en operación del proyecto Acueducto Complementario (para lo cual no fija compromiso cronológico), dando a entender, que el funcionamiento del tanque de la zona industrial, no depende de la culminación del Acueducto Complementario”.

Los ‘bemoles’ del plan parcial ‘El Zorro’

En abril de 2018, el Municipio adoptó el Plan Parcial ‘El Zorro’ (Ppez), suelo de expansión urbana que dio cobertura a los conjuntos residenciales restantes del Crac. A partir de este momento, los servicios de acueducto y alcantarillado son soportados en factibilidad, lo que quiere decir que el Ibal “compromete la prestación del servicio a la terminación del Acueducto Complementario y, en materia de alcantarillado, se precisa que no se tiene cobertura, pero se “autoriza” la construcción de su propia Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar)”.

Así las cosas, se empiezan a repartir nuevamente disponibilidades hidrosanitarias condicionadas, las cuales cobijan a los conjuntos residenciales Jagua, Acacia, Laurel, Algarrobo y Arenillo, para una proyección de 7 mil 500 unidades de vivienda adicionales.

Dichas disponibilidades fueron renovadas en diciembre de 2019 mediante una comunicación suscrita por Erika Palma (acueducto), Alfonso del Campo (alcantarillado) y Tania Arias (planeación).

Tras la modificación, “se licenciaron 7 mil 500 unidades residenciales, y con la disponibilidad hidrosanitaria renovada según comunicación del Ibal de diciembre de 2019, se licenciaron 4 mil 332 unidades residenciales, para un gran total de 11 mil 832 nuevas viviendas, que conforman la totalidad actual del Crac (Complejo Residencial Arboleda Campestre)”, detalla el informe.

En el decreto 1077 de 2015, se establece que “la factibilidad de servicios públicos de acueducto y alcantarillado es el documento mediante el cual el prestador del servicio público establece las condiciones técnicas, jurídicas y económicas que dentro de procesos de urbanización que se adelante mediante el trámite de plan parcial permitan ejecutar la infraestructura de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 

“Una vez concedida la factibilidad no se podrá negar la disponibilidad inmediata del servicio, siempre y cuando el solicitante haya cumplido con las condiciones técnicas exigidas por la empresa de servicios al momento de otorgar la factibilidad”.

En ese sentido, la CGR contempla con preocupación el panorama en Ibagué en referencia al trámite de los planes parciales. En la actualidad, existen 18 planes parciales a lo largo y ancho de la ciudad, de los cuales ocho son dependientes a la terminación del Acueducto Complementario, obra que continúa sin concluirse y por la cual se adoptaron dichos planes de expansión urbana.

Agua con sabor a ‘distrito de riego’

En julio de 2016, Cortolima aprobó la solicitud de cambio de uso de la concesión de aguas como alternativa para la dotación de agua de los predios que estarían dentro de Ppez, asunto que no se determinó en los determinantes ambientales, concepto emitido por la CAR, para la adopción de la zona de expansión urbana. 

La alternativa hídrica que estuvo dispuesta para esta zona, es la captación de agua para consumo humano, de 21 litros por segundo, proveniente del río Combeima y conducidos por canales de riego para labores agropecuarias.

En el artículo 28 del decreto de adopción del Ppez, se “presenta la alternativa de acuerdo con la disponibilidad que se tiene del Ibal. El promotor podrá hacer uso provisional y temporal de fuentes alternas. Tales como la concesión que para el efecto tiene la sociedad Guillermo Laserna y Cía., en liquidación, por 21 litros por segundo, siempre y cuando se establezca un esquema de autoprestación mediante la conformación de una E.S.P. En el último evento se requerirá de la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap)”.

En el informe de la CGR, se establece que el Ibal acude a tres opciones de suministro de agua. La primera, la provisión marginal y paliativa de agua en carrotanque a los reservorios de agua en la hacienda El Zorro. La segunda, el suministro racionado a otros sectores o circuitos hidráulicos de la ciudad, para redirigir caudales a Arboleda del Campestre.

La última opción es la puesta en operación de la Ptap de 20 litros por segundo instalada por el desarrollador del Ppez, a partir de los 21 l/s concesionados por Cortolima para suministro de agua para consumo humano, en virtud de concesión que se surte del canal de riego Laserna que capta aguas del río Combeima.

En una comunicación de Cortolima del expediente de concesión de aguas, la autoridad plantea lo siguiente: “Las caracterizaciones físico químicas del río Combeima antes de la entrada de la planta potabilizadora, son necesarias para el diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptap), pues este dependerá de la calidad del agua a tratar para que se cumplan las condiciones y calidades exigidas para el consumo humano a la salida”.

Y señala: “Cuestión distinta es la aprobación o certificación de la calidad del agua que sale de la Ptap y que será distribuida a los usuarios del servicio de acueducto, que sí corresponde a la Secretaría de Salud del Departamento, entidad que evaluará las condiciones y calidad del agua que resulta como efluente del tratamiento efectuado por la Ptap y que en últimas será consumida por los usuarios”.

A lo anterior, la CGR indica que no está definido con claridad quién es el prestador del servicio público, dado el caso que el suministro corre por cuenta de la concesión de aguas del canal de los Laserna y la disposición de las aguas servidas son tratadas en una Ptar, ninguna de las dos operadas por el Ibal de forma institucional, lo que ‘choca’ en términos legales con las responsabilidades en la prestación del servicio. En concreto, el ente de control señala que no hay una definición del prestador.

Además, el informe subraya que es inadmisible que la CAR avale una autorización sanitaria por parte de la Secretaría de Salud Departamental, a sabiendas del estado en que llega el caudal del río Combeima a ese punto de la ciudad. A su vez, señala que el concepto emitido por la autoridad departamental de salud es “vacío de contenido y omisiva de la reglamentación y procedimientos que debería de haber agotado”, dejando entrever que hubo una posible omisión en los estudios previos para habilitar esas aguas para el consumo humano.

“El expediente no contiene ninguna información que le permita a la Autoridad Sanitaria determinar una mínima caracterización de la población a atender con el sistema de agua potable a establecer; por esta razón, la oferta de una Ptap se presenta como suficiente para atender la demanda de agua potable para la Arboleda del Campestre sin determinar cuántas viviendas y habitantes atenderá”, señala la CGR.

Es menester recordar que el agua captada del río Combeima a través de los canales de riego, ha sufrido profundos impactos tras su paso en la ciudad por el canal de Mirolindo y diferentes puntos, donde comúnmente caen aguas servidas, aguas escorrentías de vías urbanas y lotes de cultivos, que finalmente terminan en la laguna La Esmeralda, ubicada en el predio San Rafael II, la cual es bombeada a la Ptap.

La CGR observa con preocupación que, dentro de las posibilidades de una gran carga contaminante, el agua que llega a la Arboleda Campestre podría estar contaminada con valores perjudiciales de organoclorados y organofosforados, lo que deriva en intoxicaciones en el ser humano de ser consumidos por alguna vía posible.

¿Indolencia con la comunidad?

A través de una audiencia pública convocada en la Arboleda Campestre, la comunidad se reunió para hablar sobre el delicado ‘chicharrón’ que hay detrás de las aguas que llegan a los conjuntos residenciales.

Al acto asistió la Veeduría Aguas Para Ibagué (Vapi), la Contraloría General de la República, Gerencia Tolima; el Comité Ambiental, el diputado Renzo García y el concejal Jaime Tocora.

Luis Fernando Díaz, representante legal de Vapi, precisó durante la audiencia: “Si nos detenemos a considerar lo que está sucediendo en la Arboleda Campestre, tenemos que concluir que es demencial lo que acción institucional y el silencio ciudadano, viene haciendo con la ciudad con absoluta impunidad. Parece que los órganos competentes no han tomado conciencia de la tragedia que representa para Ibagué el desmanejo de todo lo concerniente con el servicio de acueducto y alcantarillado, a pesar de los múltiples llamados y denuncias. ¿qué más tendremos que hacer ante tanta indolencia? Da espacio a la hipótesis de que todo ello está mediado por la corrupción”. 

En diálogo con la comunidad, los habitantes manifestaron que tras las dificultades con el suministro, han empezado a aflorar algunas disposiciones de salud entre algunos de los residentes.

Uno de los asistentes, quien pidió reserva de su identidad, manifestó: “En una ocasión mi hija tuvo una alergia en el cuerpo. Lo primero que hice fue ir a la droguería y quien atendía el negocio me dijo que tuviera cuidado porque ya eran más de veinte padres que habían ido a pedir medicina por las mismas recomendaciones. En ese entonces, hace seis meses, se abría la llave del agua y salía de color amarillo”.

Otros padres de familia apuntaron: “Nuestro hijo actualmente está con diarrea, dolor de estómago, dolor de garganta, fiebre y mucha ‘rasquiña’. Va para una semana así. Además, cuando uno se baña, a veces se siente una sensación de ‘picor’ en el cuerpo”. 

Tome nota

La Contraloría General de la República, Gerencia Tolima, presume que ante una eventual apertura del Acueducto Complementario, el abastecimiento hídrico no sería suficiente para solventar las necesidades del municipio por la proliferación de múltiples planes parciales, lo que dejaría entrever que el recurso estaría comprometido.

Datos

- Tanto el Acueducto Complementario como el Tanque de la Fiscalía fueron ‘factibilidades’ que estuvieron consignados dentro de la entrega de viabilidad hidrosanitaria por parte del Ibal en los complejos residenciales.

- A lo largo del año, según el Sivicap, en medición al acueducto de la Arboleda Campestre a cargo de la Constructora Bolívar, el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (Irca) en algunas temporadas del año estuvo en 19,35%, lo que constituye un nivel de riesgo medio y no es aceptable para el consumo humano.

- A lo largo de la entrega de disponibilidades hidrosanitarias, firmas como las de Juan Carlos Núñez (exsecretario de Movilidad), Erika Palma (gerente del Ibal) y Andrés Hurtado (hoy alcalde de Ibagué) aparecen dispuestas en el informe de la CGR, quienes trabajaron en distintas épocas y cargos en la empresa de acueducto y alcantarillado.

- 11.832 unidades de vivienda alberga el complejo residencial de la Arboleda Campestre.

- Andrés Fabián Hurtado se desempeñó como director de Planeación del Ibal, en el ‘nefasto’ gobierno de Luis H. Rodríguez.

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