Luego de que un primer proceso fuera declarado desierto, por inconsistencias en la propuesta del único interesado, el Ibal puso a andar una nueva contratación de régimen especial por $26 mil millones con la intención de concretar quién será el encargado de construir la planta de tratamiento de agua potable, el tanque de almacenamiento y las obras complementarias para abastecer del recurso a los habitantes de las comunas 12 y 13.

En el proceso en donde se dio plazo de ocho días (entre el 17 y 25 de enero) para la presentación de ofertas, aparecieron dos interesados de Ibagué y Sogamoso; sin embargo, con el contratista local se advierte que existe un presunto favorecimiento por parte del Ibal para que se quede con el millonario contrato.

El próximo 30 de enero el comité evaluador de la empresa de acueducto y alcantarillado debe publicar el informe de evaluación inicial y el 6 de febrero, el final, en donde se supone ya deben estar resueltas las dudas de quienes no estén conformes con lo expuesto.

¿Quiénes son los oferentes?

En el trámite de contratación aparece de Ibagué, el consorcio Abastecer 23, el mismo está conformado en un 58 % por Asdico Ltda, cuyo representante legal es Olaguer Agudelo Prieto; con un 40 % está Aitor Mirena de Larrauri Echevarría; la organización Oreka SAS, representada por Julio Junior Tovar con un 1 % y de nuevo aparece el nombre de Olaguer Agudelo Prieto con un 1 %.

Agudelo Prieto ha trabajado en varias obras en el Huila y en Tolima, y en varias de ellas ha hecho equipo con quienes ahora conforman este consorcio. Su nombre aparece, por ejemplo, en las obras de pavimentación de las calles de Gaitania en Planadas en el 2021, donde se hizo una inversión de $6.221 millones. 

Larrauri Echavarría y Julio Junior Tovar ya tienen un contrato con la Administración del alcalde Hurtado por $3.427 millones para un proceso de reubicación de familias asentadas en el Hato de la Virgen

Además, Larrauri Echavarría aparece en la ejecución de varios proyectos durante las dos administraciones del exgobernador Óscar Barreto y en la del exalcalde de Ibagué Luis H. Rodríguez. 

Contra ellos, además se puso andar un proceso de responsabilidad fiscal a través de la Contraloría del Tolima, por un presunto detrimento por $384 millones en la construcción de un parque en Melgar. En ese proceso también aparece vinculado Luis Egimio Barón, su entonces socio y quien hoy está encargado de culminar la etapa Dos del Acueducto Complementario.

En Neiva, Aitor Mirena de Larrauri Echevarría y Olaguer Agudelo Prieto también se quedaron con un contrato de la Gobernación del Huila para hacer 12 kilómetros de placas huella por $34 mil millones. 

El otro oferente es el consorcio Ptap MCJ 23, representado por Leonela Philip Daza. El mismo está conformado por Mopen SAS con un 40 %, representado por Juan José Cepeda Pérez; un 30 % corresponde a Civilags SAS de Andrés Felipe Gutiérrez y otro 30 % a Jairo Efraín Cerón Martínez.

A la empresa Mopen SAS, según el medio de comunicación de Casanare y la Orinoquía, El Nuevo Oriente, varios ciudadanos la señalan de ser la causante de varias inundaciones en Yopal por cuenta de la canalización de 1,8 kilómetros de aguas lluvias. 

Entre tanto, el nombre de Jairo Efraín Cerón Martínez, aparece en medios de comunicación de La Guajira en la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por unas obras en las que se hizo una millonaria inversión, pero que no se pusieron en operación. 

¿Un contrato chaleco?

En medio del proceso de contratación, la veeduría Total824 ha venido advirtiendo presuntas irregularidades en la elección del contratista de esta millonaria obra, lo hizo en el primer intento del Ibal por sacar adelante la contratación y lo hace ahora en el nuevo proceso de régimen especial. 

Según advierte la veeduría, la gerente del ente descentralizado, Érika Melissa Palma y sus funcionarios, adelantan los procesos sin la debida pluralidad, transparencia y objetividad y por el contrario buscan favorecer a una de las empresas que mostró su propuesta.

“ (...) buscando hacerle el esguince a la norma, para el favorecimiento de algún proponente, que presumiblemente ya cambió de nombre y ahora no se llama Duván Ramírez Bayona; sino presumiblemente Aitor Mirena de Larrauri Echeverría y sus empresas y amigos, que siempre han estado en la nómina del alcalde Hurtado y de la gerente Palma; pues los hechos son tozudos y demuestran el actuar probablemente corrupto al modificar los pliegos de condiciones 24 horas antes de su cierre inicial para favorecer a los contratistas del Consorcio Abastecer 23”, denuncia la veeduría.

Las modificaciones que menciona la veeduría, habrían ajustado ‘a la medida’ la licitación para el consorcio Abastecer 23. La veeduría advierte que se expidió un adenda, en donde con el argumento de las observaciones allegadas por los interesados se hicieron cambios.

Por ejemplo, en la experiencia general del proponente donde se exigían tres contratos celebrados con entidades públicas en temas relacionados con la construcción, rehabilitación, entre otros, en la optimización de sistemas de acueductos que sumaran un 100 %, ahora se pide un 70 %.

“Es decir, la experiencia demostrada en tres contratos debe ser de $18.484.125.043,30 y no de $26.405.892.919; que curiosamente era la que se pedía en el proceso anterior y aunque el argumento del anticipo del 30 % se aplicó en esta invitación, no fue aplicada en el anterior proceso. Esta circunstancia no es por pluralidad y mejorar la participación; sino porque su posible oferente elegido previamente no cumplía con los términos iniciales y tocaba modificarlos para que se pudiera presentar y luego posiblemente ser favorecido; tal circunstancia se demuestra en el folio 10 del tomo propuesta técnica, de la oferta entregada el día de hoy (ayer) y que devela el plan maquiavélico que sigue siendo el derrotero de la contratación del Ibal, sin que las autoridades ni los organismos de control ni la oficina anticorrupción de la Presidencia de la República hagan algo”, dijo Total824. 

Con este ‘cambio’, el valor de los contratos que presentó el consorcio Abastecer 23 se ajusta a las exigencias contractuales del Ibal, pues la sumatoria es de $19.954.097.607 y les permite presentarse al concurso. 

Además se resalta que el cambio no se hizo en la invitación que fue declarada desierta en el 2022 porque para ese momento quien era el único oferente sí cumplía con ese valor en contratos. 

“Se evidencia entonces de manera contundente, que en este nuevo proceso que pareciera que tuviera visos de transparencia y pluralidad, es todo lo contrario, los pliegos en el Ibal se arman dependiendo del oferente que los necesite y al acomodo de los amigos del alcalde y de la gerente del Ibal”, denunció la veeduría, que señala que la propuesta debe ser rechazada por la entidad. 

A su vez, se le pidió a los entes de control que en una acción preventiva investiguen si existen hechos de corrupción por parte de la gerente del Ibal y del alcalde de Ibagué.

Asimismo, hizo el llamado a la clase política para que eleven las denuncias respectivas por los aparentes malos manejos del erario. 

Dato: En artículo de EL NUEVO DÍA del 28 de agosto de 2016 se expuso un informe de la Auditoría General de la República y las mallas empresariales de contratación en el país. 

En el caso del departamento se identificaron cuatro, una de ellas era la integrada por Larrauri Echeverría, en esta época su mayor contratación se registraba en Espinal, Purificación y Melgar.

Cifra: $26.405 millones están dispuestos para estas obras.

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