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El Juzgado Noveno Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, ordenó el arresto domiciliario (por 15 días) del alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Daniel Jaramillo Ayala, y la personera municipal, Francy Ardila Salazar, entre otras sanciones por desacato.
A raíz del riesgo que corren niños, adultos, personas de la tercera edad y discapacitadas del corregimiento de San Bernardo desde hace varios años al intentar cruzar la quebrada La Chumba usando pedazos de guadua, por medio de un menor de edad se instauró una acción de tutela representada por su padre.
Dicho acto fue en contra de la alcaldía, la secretaría de desarrollo rural, la Personería de Ibagué y la secretaría de planeación y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en el que se suplicó la construcción del puente en la entrada de la finca el Chaleco.
Pero, el Juzgado de Ibagué, la negó, no obstante, llegó a la Sala Séptima de Revisión de la Honorable Corte Constitucional, donde se revisó la situación y de ahí emitieron varias órdenes como, revocar la sentencia del Juzgado Noveno, al igual que el fallo en segunda instancia del Juzgado segundo.
Además, le concedió el amparo de los derechos fundamentales a la educación, a la vida y la integridad personal de los menores, por lo que se le solicitó a la alcaldía realizar en un término de 12 meses estudios y diseños, construir los puentes necesarios para atravesar la quebrada y mientras se ejecutaban las diferentes fases del proyecto implementar un plan de contingencia para mitigar riesgos.
En ese orden de ideas, se le pidió a la policía garantizar la seguridad de la población de los corregimientos San Bernardo y Coello Cocora. A la Gobernación del Tolima se le ordenó brindar apoyo, y a la Personería el acompañamiento para que se cumpliera lo instado.
Respecto a la decisión, la Personería, el secretario de Agricultura y Desarrollo rural, además de la Alcaldía, guardaron silencio.
Contrario al actuar de la policía y la Gobernación, donde se manifestó disposición. Por ejemplo, desde jefatura departamental se sostuvo que oficiaron a la Administración municipal mostrando su interés de ayudar, una vez estuvieran los estudios y diseños, como la estructuración del proyecto.
Frente al silencio y la inferencia de la dilatación injustificada con el cumplimiento de lo ordenado a Hurtado, Ardila y a Jaramillo, se declaró el desacato a la Sentencia T-366/20 del 30 de agosto del 2020.
En consecuencia, son sancionados con 15 días de arresto domiciliario y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
“Se advierte los servidores incursos en desacato que deberán dar cumplimiento al fallo de tutela de MANERA INMEDIATA en los términos ordenados en el mismo, como lo consagra el canon 27 ídem, ya que de no hacerlo pueden estar incursos en el delito de fraude a resolución judicial”, se acotó en la comunicación del desacato.
Además, se les ordenó cumplir con la sentencia direccionada a proteger el derecho fundamental a la educación, la vida y la integridad personal de los menores.
Un logro para la comunidad
El abogado Joaquín Torres manifestó que en el 2019 regaló un diplomado para recicladores, amas de casa, campesinos, entre otros pobladores en los que les enseñó sobre acciones constitucionales.
Después del proceso formativo, Deycy Vera se comunicó con él para expresar su interés en interponer la acción de tutela, ya que un niño se había caído y representaba un riesgo para el resto de la población, de ahí se le pasó el escrito al papá del niño quienes lo presentaron.
“Una campesina tiene contra las cuerdas al alcalde de Ibagué”, sostuvo Torres, quien además acotó que el alcalde al igual que los otros sancionados, no tienen ningún recurso, “solo deben esperar lo que decida el superior de la Juez que dio la orden”.
Frente a lo anterior, Deycy le contó a esta redacción que la situación de los niños que a veces no pueden ir a estudiar y su deseo de ayudar a la comunidad la impulsaron a “nosotros no estamos pidiendo limosna, sino que se nos valoren nuestros recursos y derechos.
#Ibagué🚨Población campesina recurrió a una acción de tutela para exigir la garantía de sus derechos. Después de años de espera y ante el silencio administrativo, se sancionaron a varios funcionarios. ¡Se exige el cumplimiento a lo establecido! 👇 pic.twitter.com/MUh5XYdvBc
— El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) July 22, 2023
#Ibagué 🚨Población campesina recurrió a una acción de tutela para exigir la garantía de sus derechos. Después de años de espera y ante el silencio administrativo, se sancionaron a varios funcionarios. ¡Se exige el cumplimiento a lo establecido! 👇 pic.twitter.com/nhijGFNUSt
— El Nuevo Día - Colombia (@nuevodiaibague) July 22, 2023
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