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En el registro de obras inconclusas de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloría General de la República, el Centro Regional de Atención a las Víctimas (Cravic) aparece en el bochornoso listado en representación de la capital tolimense. Pese a los anuncios y aparentes intenciones, el proyecto se quedó en completa incertidumbre.
En el lote contiguo a la Fiscalía General de la Nación, lo que se visualiza es un espacio consumido por la maleza y con los cimientos de una obra que no logró superar el 24 % de su ejecución, pese a que inicialmente se preveía destinar $2.309 millones en un contrato suscrito en el 2019 con el consorcio Betar Ibagué, a quien finalmente se le declaró el incumplimiento.
Esto aunado a que en julio del 2022, se confirmó que la resistencia del concreto que se alcanzó a construir, era menor a la mínima exigida por la NSR-10 para elementos de resistencia sísmica y se recomendaba la demolición. A la 'ola de errores' se sumó la incompatibilidad del uso del suelo con el Plan de Ordenamiento Territorial que fijaba el predio como una zona verde e impidió que se renovara la licencia de construcción de la que se desconoce cómo pudo ser expedida en medio de las inconsistencias.
El convenio
En el desarrollo de la obra, que ha estado a cargo de las dos últimas alcaldías se le ha dado largas al convenio que suscribió el Municipio con la Unidad de Víctimas por $2.906.801.604 de los cuales la Unidad de Víctimas se comprometió con $1.791.771.604 y la Alcaldía con $1.115.030.000 millones, de dicho monto $904.400.400 millones son en efectivo, el resto va incluido en la entrega del lote avaluado en $210.630.000.
En enero de este año fue el alcalde Andrés Hurtado quien confirmó que desde el ente nacional se pidió la liquidación del convenio y responsabilizó a la anterior Administración de lo que señaló fue una completa "improvisación" que derivó en la no inversión de recursos.
Esta redacción buscó a la Unidad para las Víctimas para conocer cómo quedó el proyecto, quien confirmó que tras una audiencia de conciliación extrajudicial, no solo se acordó la liquidación bilateral del convenio, sino que se pactó el reintegró de $895.885.802 indexados de enero a junio de este año.
"Una vez vencido el convenio en diciembre de 2022, la Unidad para las Víctimas aplicó el mecanismo de solución de conflictos prevista en la cláusula del convenio con el fin de liquidarlo y que el Municipio de Ibagué devolviera los recursos que le fueron girados. En la Audiencia de Conciliación Extrajudicial realizada a finales de junio 2023, se acordó la liquidación bilateral del convenio interadministrativo y la devolución de $895.885.802 indexados de enero a junio de 2023 que fueron desembolsados al municipio de Ibagué", explicó la unidad.
La entidad indicó que no fue posible entregar una nueva prórroga al convenio 1600 suscrito en diciembre de 2018, primero porque ya se había ampliado el plazo en cuatro oportunidades y segundo, porque se detectó que el convenio no tenía las condiciones.
"La Unidad para las Víctimas no pudo suscribir una nueva prórroga debido a que el convenio no contaba con las condiciones para su ejecución como: i) el concepto emitido por la Curaduría Urbana No.2 del municipio de Ibagué, en el cual se negó la licencia de construcción, debido a la destinación del lote donde se pretendía construir el Centro Regional como “zona verde”, ii) los resultados del estudio de diagnóstico de patologías de infraestructura del Centro Regional evidenciaron mal manejo de los procesos constructivos, por lo tanto, la obra, que llevaba el 24 % de avance, deberá ser demolida en su totalidad. Desde diciembre de 2022 la Unidad para las Víctimas inició el Mecanismo de Solución de Conflictos prevista en la cláusula del Convenio", explicó la unidad.
Frente al cómo recuperar la inversión de la nación que buscaba beneficiar a más de 10 mil víctimas del conflicto armado no solo en Ibagué, sino en el Tolima, la entidad explicó que se rigen por los principios de planeación y que hasta tanto el Municipio no tenga las condiciones no se evaluará la puesta en marcha de un nuevo proyecto.
Con tutela esperan respuestas de Unidad de Víctimas
El concejal Miguel Bermúdez le ha hecho seguimiento a la ejecución de la obra y en múltiples espacios ha mostrado su preocupación porque este sea un nuevo 'elefante blanco'.
Precisamente para el miércoles 26 de julio estaba programado un debate de control político, pero tuvo que ser reprogramado ante la falta de explicaciones de la Unidad para las Víctimas frente al tema.
"Lamentablemente la Unidad de Víctimas no dio respuestas a nuestra solicitud para poder esclarecer por qué la Unidad se niega a suscribir un nuevo convenio o a renovar el que había, por qué se está solicitando que se devuelvan los dineros, por qué si sabían que habían problemas no lo denunciaron y por qué prorrogaron el convenio y permitieron que se adelantara una obra que hoy conocemos se convirtió en un 'elefante blanco'. Para el Concejo es muy importante conocer la versión de la Unidad nacional de Víctimas", expresó.
El concejal sostuvo que a través de una acción de tutela espera "obligar" a la unidad a entregar la información de manera pertinente para esclarecer qué pasó con la obra.
El cabildante indicó que sobre esta obra los entes de control encontraron hallazgos de tipo administrativo y penal y que eso contrasta con lo que refiere el Gobierno local frente a los innumerables contratiempos que existieron para la ejecución de la obra. Bermúdez requirió también a la Oficina Jurídica del Municipio para que explique si hay situaciones de tipo legal.
Está previsto que el debate de control político se pueda reprogramar en octubre en un nuevo periodo de sesiones ordinarias.
Desde la Alcaldía
Desde la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario, el titular de la cartera, Óscar Huertas indicó que "seguimos haciendo los esfuerzos necesarios para llevar a cabo este proyecto, lastimosamente la Unidad de Víctimas inició un proceso de controversias contractuales, una demanda contra la Alcaldía municipal, lo cual requiere el recurso y han exigido la devolución del recurso".
Huertas confirmó que el dinero de la Unidad que tenían en sus arcas tuvo que ser devuelto; no obstante, señaló que tienen el compromiso de ejecutar la obra, toda vez que ya se corrigieron las falencias que presentaba la obra inicialmente. "Habían unos inconvenientes por tema de POT esto ya fue saneado con Planeación municipal y ya tenemos todos los documentos y el nuevo proyecto listo para la solicitud de licencia".
Datos:
- En el 2021 la Procuraduría hizo un llamado a la Alcaldía para que estableciera un cronograma que garantizara la culminación del Cravic.
- 24% de ejecución fue lo que alcanzó la obra del Cravic en manos del contratista elegido en el 2019.
- En el contrato suscrito con el consorcio Betar Ibagué el Municipio hizo efectiva la garantía de las pólizas y se indemnizó por garantía $461.886.087.
- $2.906 millones fue el valor del contrato suscrito por las partes que expiró en diciembre de 2022.
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