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La obra del tanque de la Zona Industrial, conocido en el argot local como ‘Tanque de la Fiscalía’, continúa su avance tras el ‘destrabe’ jurídico que logró la Administración municipal sobre el pasado marzo, y que permitió la ejecución de las acciones contempladas dentro de la tercera fase del Acueducto Complementario.
No obstante, su ejecución ha sido controvertida por las veeduría Más Tolima y Veeduría Agua Para Ibagué (Vapi), quienes no ven con buenos ojos la obra, tras el robo miles de kilos en acero en el pasado, el poco tiempo de ejecución y el avance en las conexiones hidráulicas pertinentes.
Acciones y avances
En concreto, el tanque podrá almacenar 10 mil metros cúbicos, suministrados por el Ibal. La construcción quedó adjudicada al consorcio Zona Industrial 2023, en un contrato por $7.339 millones.
La obra va anclada a otro proyecto que ejecutarán los privados a través de plusvalía y que comprende la instalación de 7.3 kilómetros de tubería para interconectar dicho tanque con el que está en el barrio Miramar en la comuna 13.
Dentro de la misma fase, además, se hará la conexión entre el tanque Fiscalía hasta el tanque Mirolindo, este proceso oscila los $2.700 millones y ya fue adjudicado a través de un proceso de contratación pública.
Con dicha interconexión se prevé que se subsane los contratiempos que tienen con el servicio de agua los habitantes de la zona de expansión de Ibagué, ubicados principalmente en la comuna Nueve.
"Vamos a darle funcionalidad al proyecto desde la bocatoma Cocora, Pola, tanque Miramar, Fiscalía y tanque Mirolindo. Esto va a dar continuidad, va a mejorar las presiones, va a mejorar el suministro de agua en la comuna Nueve, en la zona de expansión, va a mejorar las condiciones de la comuna Ocho en la Ciudadela Simón Bolívar porque el caudal que se está entregando se reparte entre la Ciudadela, plan parcial Santa Cruz, en todo el desarrollo", refirió la gerente del Ibal, Erika Palma, con anterioridad.
Múltiples intermitencias
Es menester recordar que el proyecto comenzó a sonar en el gobierno de Luis H. Rodríguez con un contrato de $9.970 millones con el consorcio Atria, sin embargo, desde allí comenzaron los inconvenientes que heredó el gobierno de Guillermo Alfonso Jaramillo quien tampoco pudo subsanar el tema que se convirtió en todo un litigio jurídico en donde se acusaron de incumplimientos las dos partes.
En el 2020 fue Vapi quien denunció el abandono de la obra, pues el hierro instalado para hacer la cimentación del tanque metálico estaba expuesto al sol y al agua y completamente oxidado.
En el 2021, la novedad fue el robo del hierro, situación de la que además del contratista, también alertó la veeduría que alega un detrimento por $357 millones por estos hechos y que hoy en día revisa la Procuraduría.
En el 2022, la Alcaldía logró que el consorcio Atria entregara el tanque que fue traído de Inglaterra y que estaba almacenado hace años en una bodega en la vía a Buenos Aires, sin embargo, la jefe jurídica del Municipio, Johana Méndez dejó claro en su momento que la batalla jurídica continua, pues el Municipio exige el pago de unos $3.400 millones, mientras que el consorcio le exige a la Administración más de $11 mil millones por daños y perjuicios.
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