Empresarios señalados de acoso y maltrato 

En septiembre del 2023, se hizo viral un video donde un par de sujetos agreden verbalmente a un grupo de personas. Los que aparecen en dichas imágenes son Diego y Gustavo Charry, dueños de la empresa Casta Agroindustrial Ganadera, con sede en Ibagué, quienes gritan, insultan e intimidan a varios de sus empleados. 

En su momento, el Ministerio de Trabajo ordenó investigar a estas personas y se llevó a cabo el cierre de las oficinas. Hasta el mismo presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto: “Confunden ser empresarios con esclavistas. Pasan por encima de la dignidad del trabajador. Olvidan que la empresa se basa en la solidaridad y en la inteligencia”, expresó el mandatario.

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En esa ocasión, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, señaló que la entidad realizaría una inspección y expresó que no se toleraría la violencia laboral: “Estos son de los empresarios que se oponen a la reforma laboral porque siguen convencidos de que los espacios del trabajo son inmunes al respeto de los derechos humanos”, dijo. 

A pesar de las pruebas que se evidenciaban en el video, los testimonios de los empleados afectados y la orden dada por el Ministerio del Trabajo desde Bogotá, la inspección de la Dirección Territorial de la entidad en el Tolima, decidió tomar una polémica decisión y archivó la investigación contra estos empresarios. 

El anuncio del viceministro 

En las últimas horas, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, informó que “Enterado de esta decisión proferida por nuestra inspección en el Tolima y después de leída y analizada, este despacho no la comparte”.  

Así las cosas, el viceministro indicó que se reabrirá la investigación contra los hermanos Charry, propietarios de Casta Agroindustrial Ganadera: “Ordenaré el traslado de este expediente a la Unidad de Investigaciones Especiales del Ministerio de Trabajo en Bogotá”.  

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De igual forma, explicó que “actualizaremos el procedimiento y emitiremos una circular dirigida a nuestros inspectores, con argumentos de hecho y derecho, del porqué en casos de violencia en el trabajo sí podemos sancionar sin perjuicio de lo señalado en la ley 1010 de 2006”, puntualizó el viceministro.