La Fiscalía General de la Nación informó sobre el fallo condenatorio contra Katherine de Los Ángeles García Rodríguez, ex comisaria de Armero Guayabal, por su presunta omisión en el proceso de protección de la Sara Salazar, menor maltratada y abusada en el Tolima. 

García Rodríguez es señalada de los delitos de prevaricato por omisión en concurso heterogéneo con prevaricato por acción. El ente acusador encontró irregularidades durante su labor en este caso. La gravedad del asunto es que la niña estaba en custodia de sus padrinos, quienes fueron enviados a prisión por su responsabilidad en la muerte de la víctima, todo por el aval de la exfuncionaria. 

¿Qué ocurrió con Sarita?

El 21 de abril de 2017 ‘Sarita’ fue llevada en muy malas condiciones de salud, inconsciente al hospital Nelson Restrepo de Armero-Guayabal por su madrina y una hermana de ella en una motocicleta. La menor de edad falleció hacia el mediodía del 22 de abril de 2017 en el hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, a donde quedó sola, sin ninguna persona que la acompañara. 

La menor de edad ingresó en malas condiciones de salud, falta de aseo e higiene; traumas múltiples en el cráneo, hematoma occipital, laceraciones en la boca, ausencia del tabique nasal, cicatrizaciones hipopigmentadas antiguas en la piel, lesiones a nivel genital e insuficiencia respiratoria.

Ya en Ibagué también se evidenció que a la niña le faltaba la uña del tercer dedo de la mano derecha con herida, en la izquierda, una amputación de la punta del tercer dedo de la mano izquierda, lesiones en el introito vaginal, esfínteres complacientes.

 Asimismo, en la necropsia se plasmó que la niña tenía un callo en el húmero y fémur izquierdo, por una fractura que soldó sola. La niña sufrió lesiones o traumas con elementos contundentes sin que hubiera recibido atención médica especializada en ortopedia.

Aunque el cuerpo de la pequeña tenía evidencias de un abuso sexual crónico, no lograron obtener espermatozoides en el momento de la inspección del cuerpo y por ende el culpable de los accesos carnales con la menor de edad. 

Según el dictamen de Medicina Legal la niña murió de manera violenta por trauma encefálico, ‘síndrome de zarandeo’, el cual se presenta cuando un adulto ejerce fuerza que doblega al menor o lo mueve de adelante hacia atrás o de forma horizontal que la cabeza se mueva como un péndulo generando una lesión.

En 2021,  la Sala Penal del Tribunal Superior de Ibagué, con ponencia de la magistrada Julieta Isabel Mejía Arcila confirmó la condena contra los padrinos,  Ángela Johana Guerra Urueña y Edilberto Rojas Torres por el crimen de ‘Sarita’, la niña abusada, torturada y asesinada en Armero–Guayabal, que falleció el 22 de abril de 2017.

¿Por qué acusan a la excomisaria?

Se determinó que Katherine de Los Ángeles García Rodríguez no cumplió con sus funciones al no garantizar, proteger y reparar los derechos de la menor, según se lee en el comunicado de la Fiscalía. 

La comisaría suscribió un acta de custodia solidaria para dejar a cargo de los padrinos a la niña.

No obstante, este no era el procedimiento adecuado, pues no se trataba de un asunto conciliable. Además, debió haberse apoyado en otras entidades o figuras solidarias; busca familia extensa o un hogar sustituto y asegurar así su protección, pues no se revisó jamás cuál era la situación de los padrinos ni su entorno familiar.

Meses después de que la pareja quedó con su custodia, la pequeña ingresó al hospital con una picadura de abeja en su rostro. En esa oportunidad los médicos detectaron, además, que la niña se encontraba en estado de abandono, con signos claros de maltrato infantil, desnutrición y descalcificación, lo que fue informado debidamente a las autoridades competentes, entre ellas a la comisaría García Rodríguez.

Poco después se reportó el detrimento del estado de salud de la menor de edad, pero se logró comprobar que nunca acudió a verificar su situación, posteriormente la niña murió.

Para la Fiscalía, la mujer actuó de manera negligente, se saltó todas las normas legales e hizo caso omiso a las alertas que las autoridades competentes, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le notificaron, negándose a restablecer los derechos de la pequeña.

La procesada renunció a su cargo un mes después de la muerte de la niña, exactamente, el 21 de abril del 2017.