Se pararon de la mesa

El pasado fin de semana, las disidencias de las Farc anunciaron la suspensión de la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional debido, según ellos, al incumplimiento total de los acuerdos pactados. Aunque el cese bilateral al fuego continúa, en el Tolima preocupa el panorama de seguridad durante lo que resta del 2023 y el próximo año. 

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Según el comunicado emitido por ese grupo ilegal: “El Estado se sigue privilegiando de la visión militarista sobre la intervención social, los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso. No obstante, la respuesta ha sido incrementar el pie de fuerza copando todos los espacios que las partes nos comprometimos en desocupar, demandando en ellos una actuación contraria a los acuerdos adoptados”.

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Al mismo tiempo, las disidencias explicaron que están dispuestos a continuar con las negociaciones si existe la creación de un documento donde el Estado se comprometa con el cumplimiento de cada uno de los acuerdos, decretos, protocolos y compromisos que se adopten en el interior de la mesa.

La advertencia del gobernador

El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, se pronunció en las últimas horas acerca de la suspensión de la mesa de diálogo por parte de las disidencias de las Farc con el Gobierno Nacional, anuncio entregado por dicho grupo armado ilegal a través de un comunicado el pasado fin de semana. 

Orozco aseguró que en el 2024 será necesario que las autoridades le presten especial atención a delitos como la extorsión, el narcotráfico y el desplazamiento forzado, sobre todo en el sur del Departamento.  

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Asimismo, recalcó que aunque los disidentes se levantaron de la mesa de diálogo, el cese bilateral al fuego continúa, por lo que esperan que como colombianos, sientan que se llega a una paz verdadera. 

Las disidencias en el Tolima 

En el sur del Tolima hace presencia la estructura Ismael Ruiz del Grupo Armado Organizado Residual, autodenominado Estado Mayor Central de las Farc, cuyos hombres han cometido varias acciones en los últimos meses, entre esas el atentado a la alcaldesa de Rioblanco y a una comisión de una empresa de Bogotá. 

También han sostenido combates con miembros de la Fuerza Pública en el corregimiento Puerto Saldaña y en Maracaibo, zona rural de Rioblanco.