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El cargo principal señala que Cruz Vélez habría dirigido personalmente la demolición de parte de las instalaciones escolares sin la debida autorización, comprometiendo la idoneidad para clases presenciales.
La investigación indica que desde octubre de 2021, Cruz Vélez habría ordenado la demolición de puertas, ventanas, cubiertas, tejas, cerchas y luminarias sin haber iniciado la obra contratada por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal para la mejora de las instalaciones.
Se sostiene que esta presunta irregularidad ha resultado en el desmantelamiento de siete aulas, una sala de sistemas, un laboratorio, una sala de profesores, y oficinas administrativas, así como el cerramiento de las canchas, obligando a la reubicación de los estudiantes en otras sedes escolares.
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Adicionalmente, se alega que Cruz Vélez habría vendido los elementos retirados de la demolición y otros bienes muebles, sin llevar a cabo el estudio de mercado necesario para establecer su valor real, incumpliendo el Estatuto Contractual.
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué sostiene que estas acciones podrían constituir una omisión injustificada de los deberes de conservación y administración de bienes, así como un incumplimiento de las normativas contractuales de la Institución Educativa, violando los principios de responsabilidad, transparencia, moralidad y publicidad.
En esta etapa del proceso, el ente de control ha calificado las presuntas faltas del rector como gravísimas a título de culpa grave, argumentando falta de cuidado necesario en sus actuaciones.
Los implicados tendrán la oportunidad de presentar descargos y/o aportar pruebas en su defensa.
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