La determinación, se basa en que la acusación formal contra el exministro debió hacerla el fiscal general de la Nación y no el vicefiscal.

El caso se remonta al año 2009, cuando el fiscal general era Mario Iguarán Arana. Al exministro, por esa condición, tenía que acusarlo él, pero Iguarán se declaró impedido por haber sido subalterno de Pretelt en la cartera del Interior y de Justicia; por esa razón el expediente llegó al despacho del entonces vicefiscal, Guillermo Mendoza Diago.

Cuando terminó el periodo de fiscalía de Iguarán y se inició una larga interinidad, Mendoza asumió la dirección de la entidad, pero consideró que, por estar ya abierto, el proceso no debería estar en sus manos, sino seguir en el despacho del Vicefiscal, que pasó a ocupar Fernando Pareja. 

Esa decisión es la que ahora la Corte ha considerado errónea.