Con la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) el ministerio de Justicia y del Derecho asumirá las funciones que esta entidad dejó de cumplir.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, aseguró que la DNE se convertirá en una dirección general del Ministerio.  ?En la nueva estructura del Ministerio de Justicia ya se incorporaron las competencias que hoy cumple la DNE en el proceso de lucha contra las drogas por lo que habrá una dirección general en ese ministerio?, afirmó Vargas Lleras en diálogo con Colprensa.

En días pasados, Colprensa dio a conocer el documento oficial en el cual el Gobierno Nacional expone las razones por las cuales se ordenó, desde comienzos de julio, la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Ahora la recomendación del estudio en el que participaron la Contraloría, la Auditoría y el Archivo General de la Nación, es que las funciones de la DNE pasen al nuevo ministerio de Justicia y del Derecho. 

Según el estudio, el Ministerio cuenta con la infraestructura necesaria para asumir las funciones que tenía encomendada la DNE y que no fueron cumplidas. Con la supresión y liquidación de la entidad. En ese sentido el Ministerio asumirá las funciones que tienen que ver con la política antidroga. 

El informe asegura que el Ministerio está en total capacidad de ejecutar las decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes por su conocimiento del tema. También de coordinar el desarrollo y ejecución de las políticas del Gobierno Nacional en materia de control, prevención y represión de estupefacientes.

Sus funciones Entre las funciones que se trasladarán al Ministerio de Justicia y del Derecho está la de políticas e iniciativas en materia de lucha contra las drogas y contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También deberá orientar la elaboración de propuestas para la prevención del consumo, producción y tráfico de drogas ilícitas, además de la administración de bienes incautados y en extinción de dominio.

De la misma manera, el Minjusticia deberá, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, evaluar en forma permanente la ejecución de los compromisos internacionales en materia de drogas, además de proponer proyectos de ley o de actos legislativos en materia de lucha contra este flagelo.

Pero esta nos son las únicas facultades encomendadas al Ministerio, pues también deberá dirigir y administrar el Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) elaborando y actualizando el inventario de los bienes ocupados o decomisados por su vinculación al delito de narcotráfico.

En este último aspecto (Frisco) el Ministerio deberá disponer correctamente de los bienes ocupados o decomisados por sus relación con el narcotráfico; también deberá supervisar la utilización de los bienes por parte de los destinatarios provisionales o depositarios y colaborará con las autoridades judiciales en el cumplimiento de las órdenes de devolución o de destinación definitiva de los bienes.

Recuerde que

Una vez esté vigente el decreto de supresión y liquidación de la DNE, las multas y sanciones que impongan las autoridades por infringir lo establecido en la Ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes), ingresarán al patrimonio del Ministerio de Justicia y del Derecho, que asumirá las funciones de cobro y recaudo. 

 
 Las conclusiones del informe

El documento oficial del estudio, presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia, que contiene las razones por las cuales se decidió la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes, y que fue revelado por Colprensa concluye que: 
- Hay desnaturalización de la entidad, la cual se concentra más en la administración de bienes y menos en las líneas de acción y componentes de una política antidroga.
- Hay dificultades en planificación, coordinación y control de la DNE para asumir los desafíos que implica la administración de los bienes incautados y con extinción de dominio o comiso definitivo. 
- Hay conductas presumibles de corrupción, acciones ilegales, extralimitación de funciones, irregularidades en la contratación pública, irregularidades en la enajenación de bienes, alteraciones y uso indebido de información confidencial.
- Existe un creciente déficit financiero generado por la ineficiente administración de los bienes y recursos incautados y con extinción de dominio o comiso definitivo.
- Hay carencia de personal, bajo perfil del mismo y necesidad de acudir a contratos de prestación de servicios para su funcionamiento.
- No hay TIC adecuadas, habida cuenta el alto riesgo de pérdida de información, por el alto nivel de obsolescencia de su plataforma y por la carencia de políticas de seguridad de la información.