Ante la Juez 27 de conocimiento, el fiscal tercero ante la Corte Suprema de Justicia, Ricardo González, presentó ayer el preacuerdo al que se llegó con el exsubdirector técnico del IDU Inocencio Meléndez, en el que se destacó el hecho de que el implicado aceptó su responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción, prevaricato por omisión y celebración indebida de contratos sin los requisitos legales. 

El Fiscal manifestó que ante este hecho el implicado pagaría una pena de siete años y cuatro meses de prisión, y tendrá que cancelar una multa de 142.20 salarios mínimos legales vigentes.

Sin embargo, el delegado de la Procuraduría manifestó su inconformismo ante el preacuerdo y pidió una revisión del expediente.  

Según el representante del Ministerio Público, la Fiscalía no aportó las pruebas que tiene en contra de Meléndez para sustentar el preacuerdo por cuatro de los cinco delitos por los que fue acusado.

“Para este tipo de acuerdos se deben presentar documentos que le otorguen la legalidad, así como los elementos probatorios que se recolectaron para realizar este preacuerdo y aquí no lo han demostrado”, precisó el delegado de la Procuraduría.  

Ante este hecho la diligencia judicial fue pospuesta para hoy, cuando la Fiscalía deberá presentar todos los documentos que se han recolectado en el proceso contra el exfuncionario del IDU, acusado de haber recibido dádivas por parte de un grupo de contratistas con el fin de beneficiarlos con la licitación de la fase III de Transmilenio y la reparación de la malla vial en Bogotá. 

Con esto Meléndez se convertirá en el “testigo estrella” dentro del proceso por el llamado ‘carrusel de las contrataciones’ y será una de las piezas fundamentales en las investigaciones que se adelantan contra los primos Nule, el excontralor de  Bogotá Miguel Ángel Moralesrussi y el congresista Iván Moreno Rojas, entre otros. 

Destitución 

La Procuraduría Segunda Distrital destituyó e inhabilitó por 11 años a la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona y al exsubdirector técnico del Instituto Inocencio Meléndez por las irregularidades halladas en la contratación de la entidad.

Según el fallo de primera instancia, los dos exfuncionarios incurrieron en la celebración de un pago exagerado a un grupo de abogados, “sobrepasando las tarifas máximas legales establecidas por el IDU”. En el caso de Meléndez se le señaló de vulnerar las normas establecidas en la cesión de un contrato de prestación de servicios por valor de 700 millones de pesos.