Las imágenes muestran el brazo de un uniformado que golpea, en por lo menos cuatro oportunidades, a uno de los muchachos que está en ropa interior y tendido en el piso al igual que sus compañeros.

A cada golpe, el uniformado le lanza gritos y groserías ordenándole que se tienda boca abajo. Aunque el plano no permite ver el rostro del policía, sí se pueden apreciar las huellas en las espaldas de los jóvenes internos: señales de repetidos golpes sobre su humanidad.

Mario Gómez, fiscal delegado para la violencia contra niños y niñas, indicó que desde el ente acusador se abrió investigación en contra de los uniformados.

“Se inició la noticia criminal en el marco de una posible práctica de tortura. Esto lo hacemos en asocio con las investigaciones que la Policía Nacional ha realizado e informamos que ya nos entregó el nombre de las personas involucradas”, dijo el funcionario.

La paliza, al parecer, tuvo su origen en un intento de fuga que no fue controlada dentro de los parámetros que la ley contempla en estos casos. Basta recordar que en junio de este año desde la institución se socializó un protocolo de actuación para cada uniformado.

Según Gómez, en el motín se presentaron dos policías heridos con arma blanca, “pero en ningún caso este hecho podría justificar actos inhumanos y de trato cruel desproporcionado y violento”.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar inició lo correspondiente en cuanto a las indagaciones con el operador de El Redentor, para determinar si se presentaron fallas en el protocolo de las situaciones especiales.

“El ICBF espera que la Policía de Bogotá aclare la presunta participación de los miembros de la Fuerza Pública en las agresiones en contra de los jóvenes (…) y exige sanciones ejemplarizantes”, se lee en un comunicado de la entidad.

De ser hallados culpables, los responsables podrán pagar prisión de hasta 11 años (270 meses), que es lo contemplado en el artículo 178 del Código Penal que hace referencia a tortura.

La Personería de Bogotá, a su vez, envió una copia del expediente a la Procuraduría para que proceda en lo concerniente a la investigación disciplinaria.

Qué dolor ver esto, todo indica que es en el centro de reclusión de menores 'El Redentor' en Bogotá. Una clara violación de derechos, legitimados por un gobierno (nacional y distrital) punitivo. Con razón salen a hacer cosas peores, a punta de humillación y golpes nadie entiende pic.twitter.com/zhSlQH0mdx

— Mafe Carrascal (@MafeCarrascal) 8 de octubre de 2018