Un grupo de colectivos de defensa de los derechos humanos entregaron ante la Corte Penal Internacional, CPI, un documento para solicitar la apertura de una investigación formal por el asesinato de dirigentes sociales en Colombia.

El texto se centra en los aproximadamente 500 líderes sociales que, según las cifras manejadas por los colectivos colombianos de derechos humanos, han sido asesinados desde septiembre de 2016, cuando se firmaron en La Habana los acuerdos de paz entre el Estado y el grupo armado Farc-EP.

“Si la justicia nacional no actúa, no puede o no quiere, entonces debe hacerlo la CPI”, afirmó el senador Gustavo Petro.

El senador señaló que los asesinos “se sienten empoderados y matan sistemáticamente en muchas regiones, porque creen que el Gobierno no los va a perseguir, porque sienten que el nuevo discurso gubernamental ya no está con la paz, sino con deshacer esa paz”.

La JEP

Petro indicó que, “si el presidente Duque destruye la JEP, la CPI debe investigar los crímenes contra la humanidad cometidos dentro de Colombia”.

El líder opositor calificó al mandatario como “una persona débil” que ha dejado el Gobierno “en manos de las facciones más extremistas de su propio movimiento político”, entre las que se encontraría el expresidente de Colombia Álvaro Uribe, quien “prácticamente está controlando el Gobierno en función de su interés particular”, aseguró Petro.

“Ellos no quieren la verdad. No tanto porque les avergüence que sus nombres puedan aparecer en crímenes contra la humanidad, sino porque quieren mantener y repetir un proceso de acumulación de riqueza (...) sobre la base de seguir matando y masacrando a colombianos y colombianas”, añadió.

La fuerte articulación

 Para Gustavo Petro, uno de los problemas más graves de Colombia es “la fuerte articulación durante décadas entre la clase política tradicional y los ejércitos privados del narcotráfico”.

Antes de acudir a la CPI, participó en una marcha organizada por grupos de defensa de los derechos humanos a la que acudieron unas 500 personas, la mayoría ciudadanos colombianos procedentes de distintos países de Europa.

La manifestación partió desde la embajada de Colombia en La Haya y recorrió las calles durante dos horas, para concluir en la sede de la CPI.

Petro pidió a los manifestantes “construir un cuerpo político como expresión del éxodo, de la diáspora colombiana”.

Destacado

Tras el acuerdo de 2016, se estableció en Colombia la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.