El ente acusador detalló en un comunicado que la operación se realizó con el apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea en varias localidades de los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Huila.

Según las investigaciones, las personas implicadas, que no fueron identificadas, serían testaferros del frente 42 de las Farc, que era liderado por Bernardo Mosquera Machado, conocido en su época de combatiente como “Negro Antonio”.

El “Negro Antonio”, quien lideró ese frente de la antigua guerrilla durante 14 años, fue capturado por las autoridades en 2009 y se le acusa de cometer secuestros masivos en carreteras colombianas conocidos como “pescas milagrosas”.

“Los bienes a su nombre, al parecer, fueron comprados con dineros producto de extorsiones y secuestros que esta estructura criminal ejecutó entre 1994 y 2009”, agregó la información.

Entre los inmuebles ocupados se encuentran tres establecimientos comerciales, nueve viviendas y siete fincas que suman 70 hectáreas.

Las operaciones se realizaron en las ciudades de Cali, Huila y Bogotá, así como en los municipios de Viotá y Apulo.

Una vez se cumplan los trámites de extinción de dominio las propiedades estarán a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administra bienes de las Farc destinados a la reparación de las víctimas del conflicto.

Bernardo Mosquera Machado, alias ‘Negro Antonio’, fue durante casi 14 años el cabecilla del frente 42 de las Farc. Su actuar delictivo se concentró, en su momento, en las provincias de Tequendama, Sumapaz y Oriente, en Cundinamarca; y sería uno de los responsables de las denominadas ‘pescas milagrosas’ y otras actividades criminales que le permitieron acumular gran cantidad de bienes, por lo que existen indicios de que sería el real propietario de los inmuebles y establecimientos ocupados por la Fiscalía.

Alias ‘Negro Antonio’ fue capturado en una operación militar en febrero de 2009 y recientemente se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Así como lo ordenó la Corte Constitucional los bienes con fines de extinción de dominio incautados serán destinados para la reparación integral de las víctimas. Bajo ese entendido, la Fiscalía expresó que, en 2019, ha impuesto medidas sobre 59 bienes cuyo origen sería el actuar ilegal de las Farc y ascienden a 31.000 millones de pesos.

Desde agosto de 2016 a la fecha, son 1.767 los bienes afectados por la misma circunstancia y su valor supera los 2.4 billones de pesos.