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Pero un día ocurre un desastre inesperado en esa casa, un incendio, una inundación o incluso una invasión al patio trasero. Es entonces cuando el Presidente, como administrador principal de la casa, se le permite actuar de manera extraordinaria para evitar el colapso, y puede hacer uso de la figura del estado de conmoción interior.
Cuando el Gobierno declara este estado, lo que está diciendo es: "Las reglas normales ya no bastan; necesitamos tomar decisiones rápidas y excepcionales para enfrentar una crisis grave". Esto significa que el Presidente puede asumir temporalmente facultades extraordinarias, como expedir decretos que tienen la misma fuerza que las leyes, controlar libertades básicas como la movilidad o la protesta, y tomar decisiones que normalmente tomarían meses en ser aprobadas por el Congreso.
Por ejemplo, en un contexto de violencia generalizada, el Gobierno podría decretar toques de queda, intervenir regiones específicas o restringir el acceso a información bajo la justificación de proteger la seguridad nacional. Estas medidas podrían ser necesarias en casos extremos, pero también pueden abrir la puerta a abusos. Dicho de otra manera, esta herramienta puede ser tanto un salvavidas como un arma peligrosa si no se utiliza con prudencia y bajo vigilancia estricta. La historia de muchos países, incluyendo Colombia, nos ha enseñado que estas medidas excepcionales pueden ser usadas para concentrar poder, silenciar voces críticas y limitar derechos fundamentales bajo la excusa de una supuesta emergencia.
El gran problema es que, en medio del miedo y la incertidumbre que suelen acompañar a estas crisis, las personas tienden a aceptar restricciones sin cuestionar si son realmente necesarias o proporcionales. Y ahí es donde como ciudadanos debemos ser vigilantes. Un Gobierno que abuse de esta herramienta puede llevarnos a un punto donde las libertades que perdamos durante la emergencia no se recuperen una vez pasada la crisis.
Por eso el Congreso y la Corte Constitucional van a tener un rol protagónico, serán los encargados de supervisar cada decisión que tome el Gobierno nacional durante el estado de conmoción interior. Su función es asegurarse de que las medidas sean proporcionales, estén justificadas y respeten los derechos fundamentales en la medida de lo posible. Por eso como ciudadanos debemos estar atentos al actuar de nuestros representantes en el Legislativo.
En resumen, el estado de conmoción interior es como un bisturí: necesario para ciertas cirugías de emergencia, pero extremadamente peligroso si cae en las manos equivocadas o se usa sin la debida supervisión. No se trata solo de confiar en quien dirige la casa, sino de asegurarnos de que las reglas del juego se respeten incluso en medio del caos. Porque una vez que renunciamos a nuestras libertades, recuperarlas puede ser una tarea mucho más difícil de lo que imaginamos.
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