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Recordemos que en el Acuerdo de La Habana se aprobó la creación de una Misión Electoral Especial, compuesta por especialistas en el tema, para diseñar una propuesta de reforma política electoral.
Efectivamente así se hizo y se conformó esa Misión de destacados académicos y especialistas en temas electorales, que realizó un serio trabajo y como resultado presentó una propuesta de reforma, que desafortunadamente se presentó al Congreso en un momento políticamente inadecuado, no sólo por la cercanía del siguiente certamen electoral –algo desaconsejado por todos los especialistas en esos temas-, sino además en un ambiente político caldeado por la reciente pérdida del plebiscito sobre el Acuerdo y todo ello explica porque dicha iniciativa, seria como pocas, terminó naufragando en el Congreso.
En términos electorales dicha propuesta de reforma tocaba varias dimensiones, dentro de las cuales hay que destacar la reforma del actual Consejo Nacional Electoral y de toda la rama electoral, el tema de las listas cerradas en las elecciones a cuerpos colegiados, lo relativo a la financiación de las campañas, a los requisitos para los partidos políticos, entre otros temas.
Es evidente la necesidad de la reforma del Consejo Nacional Electoral, por cuanto la estructura y composición del actual está lejos de que sea transparente y confiable para las diversas fuerzas políticas; el actual Consejo Electoral es simplemente un reflejo de las fuerzas de los partidos en el Congreso, lo cual lleva a que su elección es una distribución en cuotas-partes de dichos partidos; se requiere un Tribunal Electoral compuesto por verdaderos magistrados elegidos con participación de las Cortes y probablemente por la academia, para que sea un Tribunal independiente que vele por las reglas del juego político-electoral de manera imparcial y transparente para todos los participantes en dichas contiendas. Por supuesto la Registraduría debería depender de este Tribunal Electoral para darle unidad y coherencia a esta Rama Electoral.
Igualmente es necesario que se establezca la obligatoriedad de listas electorales cerradas por partido político o coalición, con paridad entre candidatos(as) mujeres y hombres, seguramente con un modelo ‘cremallera’ de dichas listas para garantizar que efectivamente la composición del Congreso y demás corporaciones públicas avance hacia corporaciones paritarias en su composición. También es imperativa que la financiación de las campañas y de los partidos sea asumida en su totalidad por el Estado, para garantizar de una parte la equidad de las distintas campañas e igualmente hacer un mayor control en relación con la utilización indebida de prácticas corruptas para inducir a sectores de electores en uno u otro sentido.
Todo indica que la o las iniciativas que se han empezado a presentar en el Congreso asumen algunos de estos aspectos, sin embargo es temprano para conocer la totalidad del contenido de las mismas e igualmente que vaya a tener un tránsito fluido en el Congreso, porque evidentemente toca intereses de los congresistas y de los actuales partidos; sin embargo, hay que abrir un compás de espera y desear que el espíritu del cambio, que parece ser el del momento y el que promueve el gobierno Petro, igualmente toque el análisis de esta iniciativa de cambio, tan importante para realmente modernizar todo el sistema electoral y buscar así que algo tan importante en una democracia, como lo son las elecciones, reflejen en cada momento la voluntad ciudadana y no otro tipo de manipulaciones.
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