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El preámbulo del plebiscito de 1957, en buena parte repetido en la Constitución de 1991, coloca al mismo nivel los valores de la ‘paz’ y de la ‘justicia’.
Mientras fue clara la distinción entre delitos políticos y delitos comunes, el problema se resolvía de manera relativamente fácil, pues se contemplaban leyes de “amnistía e indulto” para los autores de rebelión (alzarse en armas para derrotar al Gobierno), sedición (hacerlo para impedir el cumplimiento de una decisión sin desconocer la legitimidad del Gobierno) o asonada, entendida como la protesta tumultuaria con capacidad de alterar el orden público y la convivencia ciudadana.
Todas las guerras civiles del siglo XIX terminaban con indultos y amnistías... hasta la próxima guerra o “levantamiento”. La violencia liberal conservadora llegó a su final con un pacto de impunidad política y judicial como fue el Frente Nacional. Rojas Pinilla, quien llegó por golpe de Estado, expidió un decreto –después de desmovilizar a la guerrilla del Llano– que contemplaba indulto no solo para quienes se habían alzado en armas contra el Estado, sino para quienes se habían excedido en su defensa.
Ya con el fuerte movimiento guerrillero que incluía a las Farc, el M-19, el Eln, el Epl y otros de menor incidencia, Belisario les concedió una amplísima amnistía que permitió, con los acuerdos de la Uribe, una tregua de un año con la Coordinadora Nacional Guerrillera en 1984. Virgilio Barco, con su política de mano tendida y pulso firme, con leyes de indulto y amnistía, selló la paz en marzo de 1990 con Carlos Pizarro, entonces comandante del M-19, asesinado poco después.
La última ley de amnistía, complementada con reformas constitucionales, que permitió la desmovilización de la guerrilla más poderosa, fue la de Santos con las Farc, con acuerdos que aún están por cumplirse.
El problema empezó a complicarse cuando los ‘rebeldes’ comenzaron a realizar actos que difícilmente se podían asociar con la confrontación política como el secuestro –que inauguró el M-19– o el narcotráfico, en el que las Farc se involucraron ampliamente. Y, además, por la comisión de delitos de lesa humanidad excluidos claramente de la posibilidad de amnistía por los acuerdos de Roma.
La dificultad surge cuando la ‘paz’ es alterada no por grupos guerrilleros –a la antigua–, sino por organizaciones criminales de todos los pelambres que buscan el lucro personal o grupal, casi siempre asociado al narcotráfico. En estos casos, por el ideal de la paz, ¿hasta dónde puede el Estado abstenerse de aplicar la justicia? En situaciones como esa se habla de “sometimiento”.
En la década del 90, la mayor alteración del orden público no se produjo por la acción guerrillera sino del narcoterrorismo, organizado para ‘tumbar’ la extradición de los capos a los EE.UU. El libro de García Márquez, Noticia de un secuestro, llevado hoy a una espléndida serie de televisión, muestra cómo el Estado claudicó frente a la amenaza y el terrorismo, hasta el punto de cambiar la Constitución para impedir la extradición. Queda claro que al capo, antes de la aprobación total, se le llevó el texto del artículo 35 que prohibía la extradición. Es ahí cuando él personalmente se entrega ante el Procurador General, según dijo, “por la paz de Colombia”. Ya es historia conocida lo que pasó en La Catedral. Ojalá una comisión como la de la Verdad esclarezca realmente lo ocurrido.
Esas decisiones no son fáciles para un gobernante. Aparte de los secuestros selectivos a los que se refiere la serie, había ya un reguero de muertos y la gente estaba desesperada por los bombazos. Tal vez esa era la única manera de “pacificar” el país.
La violencia y el narcotráfico siguieron, pero, de otro lado, ¿qué hace un gobernante para frenar la violencia? Es lo mismo que puede pasar ahora con todas las organizaciones criminales –sin objetivos políticos– que parcialmente tienen arrodillado al Estado. Ojalá, ahora sí, resulte fácil combinar la paz con la justicia.
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