Extradición y política

Lo cierto es que desde siempre, de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Penal, ha sido el jefe de Estado quien por resolución ejecutiva –que firma con el ministro de Justicia– concede o niega la extradición.

En esa materia Colombia siempre ha tenido un sistema mixto, en el que intervienen la Corte Suprema y el ejecutivo. Si el concepto de la Corte es negativo, el presidente debe negarla, pero si es positivo, puede concederla o no a discreción. Sin embargo, desde la década del 80 hasta hoy, la extradición marcó buena parte de la agenda política del país. Desde 1936, Colombia no extraditaba nacionales, ni delincuentes político sociales.

El gobierno Turbay negoció con el de EE. UU. el tratado de extradición aprobado por la ley 27 de 1980, en pleno auge del narcotráfico. Inicialmente, el Congreso lo aprobó sin discusión. Solo hasta 1982, cuando vinieron las primeras solicitudes, comenzó el ‘crujir de dientes’.

Betancur, con tratado vigente, en principio negó extradiciones con argumentos nacionalistas. El cambio de actitud del entonces presidente llegó cuando la mafia asesinó al ministro Rodrigo Lara Bonilla. Pocas semanas después, en Panamá, los narcos ofrecieron su rendición –con participación del procurador Jiménez Gómez– con la única condición de no ser extraditados. En ese momento no pedían cárcel ni guardianes propios y menos que les cambiaran la Constitución. La noticia se filtró en EL TIEMPO. El presidente y el procurador se asustaron y negaron las negociaciones.

Luego de que la constituyente del 91 les hizo la concesión de prohibir la extradición, muchos nos preguntamos si no fueron inútiles los asesinatos de Guillermo Cano, Carlos Mauro Hoyos, Luis Carlos Galán y tantos otros que dieron su vida por defender la figura.

En la toma del Palacio de Justicia el M-19 incluyó el fin de la extradición de nacionales entre las peticiones para liberar a los rehenes. La Corte asesinada no cedió. Al contrario, el día de la toma, el magistrado Manuel Gaona llevaba su ponencia negando la pretensión de los extraditables. Los sucesores de esos magistrados –probablemente intimidados– se dividieron 12 a 12 y dejaron en manos del conjuez Suárez de Castro la decisión. Tumbaron el tratado con deleznable argumento en diciembre de 1986.

Desde entonces no hay tratado de extradición, pero el país ha honrado sus compromisos acudiendo a las normas de los códigos internos. Barco, usando el Estado de Sitio –era un problema de orden público– la mantuvo por la vía administrativa y no cedió ante el terror. Cuando en el Congreso los narcotraficantes introdujeron un ‘mico’ el 30 de noviembre de 1989 para someter la extradición a referendo –lo que hubiese significado una matazón– prefirió hundir el proyecto antes que ceder. Quien valientemente los desafío esa noche fue el ministro Carlos Lemos Simmonds.

Después vinieron los secuestros selectivos de Pablo Escobar. El entonces presidente Gaviria, antes de que lo hiciera la constituyente, probablemente para salvar vidas y poner fin a las bombas y a los asesinatos, suspendió condicionalmente la extradición. Finalmente, con la excepción de trece constituyentes, ‘la magna asamblea’ prohibió la extradición. Solo en 1997, en el gobierno de Samper, el Congreso la revivió, pero sin efecto retroactivo.

Muchos de los procesos del 8000 tuvieron como fuente cheques girados bien en la constituyente o luego al Congreso para impedir la extradición o no aplicarla retroactivamente. El país conoce varios de esos ‘nombres ilustres’.

Lo que el nuevo gobierno debe precisar es en qué circunstancia se daría esa ‘negociación’, quiénes serían sus beneficiarios, si se tendría en cuenta la verdad sobre crímenes cometidos –entre ellos, asesinatos–, cómo garantizar que no se repita lo de la Catedral con Escobar y sus secuaces, cómo garantizar la seguridad de fiscales y jueces, cuáles serían los instrumentos para evitar la corrupción que permite seguir delinquiendo desde las cárceles, y obviamente, cómo se manejaría el tema a nivel de las relaciones internacionales, y particularmente con los EE. UU.