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Varias cosas me impactaron. En primer lugar, por muchos aspectos parecía que se refería a lo que había pasado en Colombia en 1991. Y en segundo lugar, ya después de la elección, el vaticinio del triunfo del no sobre el sí en el plebiscito convocado para pronunciarse sobre el texto constitucional.
Muchas diferencias y algunas similitudes. En Chile, se llegó a plantear el cambio constitucional, como producto de una concesión del gobierno de centro derecha de Piñera, por un estallido social que produjo más de veinte muertos. En Colombia el fenómeno fue distinto, pues lo que el país vivía era una zozobra generalizada por razones de orden público (asesinatos y secuestros selectivos, bombazos y actos terroristas) perpetrados por los narcotraficantes para impedir su extradición a los EE. UU.
El país tenía toda la legislación de emergencia para hacer frente al terrorismo, pero el peso de los narcos para tumbar la extradición era más fuerte que las normas. Por un extraño fenómeno de fetichismo constitucional se achacaban todos los males a la Constitución.
En la patria de Neruda, por considerar que era la Carta Política de ‘Pinochet’ a pesar de que no solamente ya le habían introducido 60 reformas, sino que permitió ‘la concertación’ y que bajo su amparo se eligieron presidentes de corte social demócrata como Aylwin, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.
Aquí se le echaba la culpa a la Constitución del 86, de la cual en el 90 apenas quedaba la tercera parte del texto inicial, con 79 reformas, incluidas la del 36 que estableció el Estado Social de Derecho, la función social de la propiedad, la intervención del estado para racionalizar la producción, distribución y consumo de la riqueza.
Como consecuencia del proceso en Chile, llegó la izquierda al poder con un joven de 35 años, líder de la protesta en las calles, hoy en dificultades que lo han llevado a negociaciones políticas. En nuestro país, dentro del proceso y por el asesinato por acción de la mafia de quien iba a ser el más seguro presidente, Luis Carlos Galán, se eligió no a un joven rebelde como Boric, sino a un joven político, inteligente y pragmático que había sido alcalde, viceministro, y varias veces ministro con Turbay y Barco.
En el proceso Constituyente de Chile la participación fue del 85 % del censo electoral. Aquí no llegó ni al 30 %. Los 185 constituyentes de Chile fueron en su mayoría contestatarios, indígenas, líderes sociales forjados al calor de las protestas. De los 70 constituyentes en Colombia, más del 70 % fueron políticos ya curtidos como expresidentes, exgobernadores, exalcaldes, excongresistas… Allá Boric, eso sí por la derrota, volvió al Congreso buscando consensos. Aquí unos constituyentes elegidos por tres millones, en golpe de mano, revocaron un Congreso elegido por ocho millones.
Se queja el profesor chileno de que el proyecto tenía 388 artículos. Nuestra carta tuvo 380 y 60 transitorios. Advertía sobre el costo Fiscal de la nueva Constitución. Le pareció que se contemplaban demasiados derechos sin posibilidad práctica de hacerlos efectivos. Nuestra carta –en muchos aspectos exitosa– tiene 83 artículos dedicados a los derechos, muchos de los cuales siguen en el papel.
Basta señalar normas como la de la vivienda digna comparada con la realidad o las de los derechos de los niños, confrontándolas con la cifra de hoy que solo en este año murieron en la Guajira 130 niños por desnutrición. En ambos países prevaleció el ‘ilusionismo constitucional’.
Rectitud de Juliana Márquez
Tremenda injusticia la que se ha cometido en ciertos sectores de los medios contra una persona de limpia trayectoria como Juliana Márquez, madre del expresidente Iván Duque. Pertenece ella a una distinguida familia tolimense de sólidos principios éticos. Me consta el afecto por su terruño y su deseo de ayudar en causas sociales. Fue víctima de una amiga que se aprovechó de la amistad para actos indebidos de los cuales nunca se enteró y que jamás hubiera aceptado. Es hora de poner fin a la infamia.
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