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Al escoger esos temas, el departamento de Ciencias Sociales de ese establecimiento, ubicó el punto central de lo que son hoy los factores que han afectado el funcionamiento de la democracia clásica demoliberal.
Diferentes estudios han demostrado que a veces los pueblos sacrifican los valores de la democracia y la libertad a cambio, en apariencia, de garantizar “seguridad” o bienestar social. Y las redes sociales, en cuanto privilegian lo superficial sobre el análisis profundo de los temas de contexto, facilitan los regímenes autoritarios o populistas, que casi siempre van unidos.
Paradójicamente, el uso indebido de la “lucha contra la corrupción” –en ocasiones encabezada por corruptos– sirve de catalizador por la descontextualización de instituciones como el Congreso o la propia Administración de Justicia, que pueden ser los verdaderos diques contra el autoritarismo.
Cuando sectores de los medios fustigan a los congresistas por sus ingresos –constitucionalmente establecidos en nuestro país desde 1991, con aumento incluido–, o por sus periodos, o porque no presentan proyectos de ley, como si gobernar fuera solamente legislar, abren el espacio para que la gente piense que es mejor elegir un mesías o salvador que represente “algo distinto”.
Cuando Fujimori llegó al gobierno del Perú montado en la antipolítica y en la lucha contra la corrupción, frente a sus primeros “logros”, en Colombia varios dirigentes comenzaron a decir que lo que aquí se necesitaba era un ‘Fujimori’, a pesar del autogolpe de abril del ‘92.
Con excepciones, la llamada “democracia plebiscitaria”, invocando al “pueblo”, son mecanismos utilizados por dictadores para perpetuarse, siendo el más conocido el de Luis Napoleón Bonaparte en Francia en 1852. En Colombia, dictadores como Melo, Mosquera, Reyes o Rojas Pinilla, inicialmente contaron con amplia popularidad: ¡gran espejismo!
La “anti política” ha permitido a curtidos políticos perpetuarse en el poder en nombre del “pueblo”. La verdadera garantía para la realización de los fines de justicia, libertad y paz –como en el preámbulo del plebiscito de 1957– es el funcionamiento pleno del Estado de Derecho basado en una separación real y no solo aparente de los poderes públicos. Sin esa separación real y con la satanización de los partidos políticos, nuestra democracia se parecerá cada vez más a lo que Darío Echandía llamaba “El orangután con sacoleva” para describir las formas como perfectas pero el cuerpo muy feo.
Se ha querido encontrar similitudes entre el caso peruano y el colombiano. Aun cuando existe algún punto en común con fenómenos de nuestra historia, Castillo fue elegido en cuanto se le consideró como “algo distinto”, pero sin formación política. Perú y Ecuador tienen un sistema flexible que les permite, con cierta facilidad, defenestrar presidentes.
Aquí tenemos el otro extremo ya que el sistema de juzgamiento de los presidentes y de los magistrados hace que en la práctica sean impunes. Ojalá funcionara, no un sistema como el del Perú, sino el de responsabilidad política efectiva de los gobernantes pasando por procesos judiciales y políticos serios.
Por último, véase otro probable punto en común, pero con diferencias: Castillo, sin el apoyo del Ejército, cerró el Congreso que pudo funcionar para decretarle la “vacancia”, como dicen allá. En Colombia, en 1949, cuando el liberalismo le iba a hacer un juicio político al Presidente Ospina Pérez, éste, usando las facultades del Estado de Sitio, cerró el Congreso por casi diez años.
En el Perú encarcelaron al Presidente. Aquí siguió siendo el Jefe de Estado; después pudo montar a Rojas Pinilla y ayudar a tumbarlo en 1957, y murió “en olor de santidad democrática” en abril de 1976. Ospina sí contó con el Ejército, pues cuando los liberales llegaron a ‘sesionar’ se encontraron con la Policía militar rodeándolos.
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