¿Democracia bloqueada?

Alfonso Gómez Méndez

El vértigo de los acontecimientos de los últimos días -que han llegado al corazón mismo del poder- vuelve a facilitar la reflexión sobre el contenido, alcances y sentido de lo que llamamos genéricamente las “instituciones” y nuestro “sistema democrático”.
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Nos ufanamos de tener la democracia más sólida en América Latina, básicamente por cuanto con muy pocas interrupciones -1853, 1949, 1953- hemos tenido elecciones periódicas. Pero ahí no se agota el concepto real de democracia. El artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, dice claramente que toda sociedad donde no esté garantizada la separación de poderes y el ejercicio de los derechos fundamentales, carece de Constitución.

Si bien en todas nuestras Constituciones hemos consagrado la separación de poderes entre el Congreso y el Ejecutivo, ésta se ha desvanecido por el cordón umbilical del clientelismo. Ya hoy a nadie le causa sorpresa que las ponencias de los Congresistas se redacten en los despachos ministeriales o incluso en la casa de Nariño. Copiamos el sistema presidencial americano, pero sin la solidez que allá tiene el Congreso. Ningún presidente americano pensaría hoy en cambiar votos del partido opositor por puestos o contratos en el gobierno. Se mantiene, eso sí, la independencia del poder judicial frente al Ejecutivo aun cuando no fue afortunado que en la Constitución del 91 se restablecieran los lazos entre política y la administración de justicia, cortados del todo en el plebiscito de 1957.

El otro factor determinante de una democracia activa es el de la responsabilidad política de los funcionarios, que aquí la confundimos con responsabilidad penal. Los ejemplos en otras partes son múltiples: en la época de la Unión Soviética, el ministro de Defensa se cayó cuando las poderosas fuerzas no detectaron un pequeño avión que aterrizó en la Plaza Roja. En Francia, cuando un descuido en un hospital produjo el contagio de muchos pacientes por contaminación del virus del Sida en transfusiones sanguíneas, se cayó el ministro de Salud y casi tumban al primer Ministro. En Alemania, tuvo que irse el ministro del Interior por exceso de fuerza de la Policía en la captura de un delincuente. Allá mismo, una ministra renunció cuando le descubrieron plagio en un trabajo universitario…

Incluso en la actividad política, cuando un jefe político lleva al partido a una derrota electoral, en horas, presenta su renuncia. Aquí se cerró el Congreso en 1949 y nadie respondió. Hicimos el Frente Nacional para poner fin a la violencia liberal conservadora, pero sin responsabilidad política por las decisiones que la generaron.

Por la vergonzosa fuga de Pablo Escobar, cuando ya Fernando Carrillo había dejado de ser ministro de Justicia, nadie respondió, excepto un sargento por haberle recibido sobras de comida al capo. A nivel del alto gobierno nada pasó.

Ahora, por el episodio de interceptaciones ilegales, ojalá no terminemos en que fue un patrullero que se dejó engañar de una “fuente humana” sin identificar…

Desde el año 2009 se estableció que la violación de los topes electorales da lugar a la pérdida de la investidura o del cargo. Todo el mundo sabe que tanto en las campañas presidenciales como en las del Congreso y las regionales, “don dinero” hace de las suyas, pero las flamantes autoridades electorales nunca logran demostrar la violación de las normas sobre financiación a pesar de “pruebas al canto”. Es parte del bloqueo de la democracia.

Y el bloqueo se completa con la impunidad que en la práctica implica el sistema de investigación y juzgamiento del Congreso para presidentes, magistrados de las altas Cortes y el Fiscal General.

Cuando en el 2015 se quiso crear un “Tribunal de verdad” para estos casos, en curiosa decisión, la Corte Constitucional consideró que cambiar la desprestigiada comisión de acusaciones sustituía la Constitución de 1991.

Como no hay salidas, o las que hay no se aplican, en situaciones como la actual, puede pasar de todo a nivel mediático, pero no asomarán por parte alguna las responsabilidades políticas.

ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ

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