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Las muchas constituciones que hemos tenido -incluida la actual- han señalado como uno de los objetivos del Estado la preservación de tres bienes jurídicos igualmente importantes: la justicia, la libertad y la paz. Para lograr esos fines esenciales no podemos seguir presentando como bienes excluyentes los de la justicia y la paz. Debe buscarse la convivencia pacífica, pero no a riesgo de sacrificar siempre la justicia.
Hemos superado parcialmente conflictos armados con los instrumentos de las amnistías y los indultos, pero debemos preguntarnos si esa debe ser la permanente solución. Como lo señaló recientemente el ex negociador en los acuerdos de La Habana, Sergio Jaramillo, subsisten serias dudas sobre si el Estado puede volver a adelantar negociaciones, con todos los beneficios incluidos, con grupos armados que deliberadamente se apartaron de un proceso cuyos acuerdos fueron incorporados a la Constitución.
Aun cuando es verdad que se ha avanzado significativamente con el Eln, no debe desoírse la voz de la joven gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, que frente a uno de los numerosos “paros armados” que tanto afectan a la población, le pide al gobierno que actúe frente a una guerrilla que en teoría está en tregua. Censurable también el aleve ataque de las mal llamadas disidencias de las Farc a un bus escolar en el Cauca.
La aplicación de la ley jamás podrá ser un obstáculo para la consecución de la paz. Las decisiones de jueces, magistrados y organismos de control, deben acatarse aun cuando no se esté de acuerdo. Si alguno de ellos incurre en abusos o desvaríos, el propio ordenamiento jurídico contempla mecanismos para hacerles efectiva su responsabilidad.
Hay que decirlo claramente: Gustavo Petro le jugó a la paz, depuso las armas, entró en la actividad política legal y ganó la presidencia de manera contundente. Igualmente, nadie está interesado en que no cumpla el periodo constitucional para el cual fue escogido por los ciudadanos. Los golpes de Estado son cosa del pasado.
El escrutinio público sobre las actuaciones de un Jefe de Estado, o las investigaciones de los organismos constitucionalmente instituidos para adelantarlas (Fiscalía, Congreso, Procuraduría o Consejo Nacional Electoral) no pueden asimilarse a actos de conspiración. Si hay abusos que sancionen la legitimidad del elegido no lo coloca a cubierta de las indagaciones judiciales, políticas o disciplinarias. La moción de censura, por ejemplo, está prevista en la propia Constitución como una forma de buscar la salida de un ministro por ineficiencia, torpeza, desatinos o actos de corrupción.
Desde 1910, la Constitución estableció la responsabilidad presidencial plena que la deduce el Congreso, y si se trata de delitos, la competencia se extiende a la Corte Suprema de Justicia. Debemos ya superar la falsa idea de que si se conocen las verdades se pone en riesgo el “establecimiento” como lo dijo de manera amenazante uno de los comprometidos en el caso Odebrecht.
Para que la justicia funcione, además de muchas otras cosas, se requiere que pueda actuar sin presiones. Los ciudadanos pueden cuestionar, pero no presionar. Así como no se puede presionar al Congreso para que expida o deje de aprobar una ley con métodos violentos, se debe dejar que los jueces tomen sus decisiones tranquilamente cumpliendo la Constitución y la ley. No se necesitan “plantones” ante la Corte Suprema -más allá de que pueden plantearse algunas reformas- para tomar una decisión sobre la Fiscalía.
Desde luego, la separación de poderes comprende también al Congreso frente al ejecutivo, descaecida por la pecaminosa vía del clientelismo. Y claro está, en situaciones como ésta se requieren partidos políticos de verdad.
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