Recientemente los periodistas locales registraron en sus noticias que los nóveles gobernantes de la ciudad y el Departamento viajaron a Bogotá en procura de recursos y orientación por parte del poder central, como paso indispensable para factibilizar sus programas de acción, máxime ahora que la Nación, en contravía del inciso 3° del artículo 360 de la Carta Constitucional del 91, nos privó de las regalías sobre las cuales veníamos teniendo autonomía plena, como una acción más, enderezada a alcanzar la centralización a ultranza al país.

En contravía de la concepción descentralizadora de la Constitución Política con la que sus redactores pretendieron atemperar la rígida concepción centralista del año 1886, imperante desde aquel entonces y caracterizada por la concentración de la dirección del Estado en la mediterránea Bogotá, al promover la autonomía de las diferentes reparticiones que conforman la nación colombiana, en busca de la conciliación de dos tendencias que han sido antagónicas en el tiempo, antes que volver al añoso debate entre centralistas y federalistas en el que nuestros partidos tradicionales basaron su ideología en el siglo XVIII, apenas en los albores de la independencia dando origen a los más cruentos enfrentamientos civiles, como los acaecidos entre 1812 y 1816 durante el período bautizado en la historia como “la Patria Boba”, que sólo vinieron a cesar cuando los dos bandos acordaron unificar fuerzas contra el común enemigo español. Pero que renacieron durante la efímera existencia de la Constitución de 1863, conocida como la “Constitución de Rionegro”, de carácter marcadamente federalista.

Se torna, así, inocuo el nuevo pensamiento político que procura la prevalencia de la capacidad decisoria de los departamentos y municipios sin perjuicio de la autoridad central, con miras a lograr la satisfacción de las verdaderas necesidades locales por sobre el omnímodo poder de la capital en los criterios de asignación del presupuesto nacional, generador de desequilibrio e inequidad y culpable la más de las veces del estancamiento del progreso, al aclimatar la idea de una provincia irresponsable, conducida por funcionarios ídem a través de una estructura piramidal y jerarquizada de la administración pública, que equipara a los ciudadanos de todas las regiones con los menores de edad, incapaces de regir su destino y de trazarse sus propios rumbos en los diversos campos.

Una noticia de veras ilustrativa de cómo las regiones mansamente acatan su “capitis deminutio” o sea la disminución de sus derechos, con la aceptación plena de sus gobernantes y gobernados, renunciando a la autonomía indispensable para dinamizar la vida económica de una comunidad sempiternamente olvidada y empobrecida.