Invasión oficial

Las autoridades saben bien que detrás del vendedor ambulante hay mafias que venden las esquinas como si se tratara de la parcelación de un terrateniente. Y más allá, conocen hasta sus identidades.

Una problemática de impacto social frente a la hay que andarse con cuidado, pues, cierto es que muchos de quienes han optado por este oficio como fórmula para ganarse la vida, son al mismo tiempo víctimas de la falta de oportunidades.

El asunto no es menor, aceras y peatonales nos pertenecen a todos y deberíamos tener la posibilidad de hacer uso de ellos, sin restricciones.

Pero al tratarse de un escenario donde media la vulneración de derechos y deben ponderarse los de los ciudadanos y los comerciantes informales, incluso las instancias judiciales han sentado jurisprudencia.

Al respecto, en el caso de la capital del Tolima, existen sendos fallos a acciones populares en los que los magistrados han ordenado recuperar y mantener el control del espacio de todos. Sentencias por demás objeto de verificación periódica.

Una papa caliente con la que ni alcaldes, ni secretarios de gobierno, ni directores de espacio público quieren lidiar y a la que le hacen el quite para evitar lo que siempre termina en confrontación y mesas de concertación, donde lejos de concertar, se da tratamiento paliativo con compresas de agua fría para bajar la temperatura a los ánimos.

Sin embargo, más grave que la misma omisión, a la hora de encarar el tema, es que la propia autoridad municipal sea permisiva frente a los abusos sobre el derecho colectivo al espacio y que incluso se convierta en infractora.

Tan evidente como el déficit de franjas para peatones, resulta cada vez más el de vías que descongestionen y faciliten los desembotellamientos, por ello constituye un despropósito el que se mutilen o privaticen tramos viales, más allá de que sea para beneficiar a instituciones oficiales. 

Ese parece ser el caso de la calle 21 entre carrera Tercera y avenida Ferrocarril que hace ya un buen tiempo dejó de ser parte del especio público para vehículos y peatones. 

Silenciosamente y sin argumento jurídico, la Policía y la Administración decidieron que la calle tendría fin a la altura de la carrera Tercera, para convertir una cuadra en extensión de la infraestructura de la Permanente Central o  el Comando de la Estación Centro de la Policía, asunto que no es muy claro.

Hoy el sector luce como lo que es: una invasión, un gran cambuche de vallas y polisombras, instantánea para nada estética con la que se estrellan los visitantes que arriban a Ibagué por la terminal de transportes.

Pero no es el único caso, lo propio sucede a la altura de la calle 14 A entre carreras Cuarta y Tercera A, donde funcionan instalaciones de sanidad de la Policía Nacional, espacio público también “expropiado” para satisfacer caprichos particulares.

Ya en el pasado, la proyección de la carrera Tercera en su conexión con la carrera Segunda, a la altura de la calle 23, también se había visto frustrada ante intempestivos cambios en el ordenamiento territorial que habilitaron la construcción arbitraria de parqueaderos para la fuerza pública, en lo que antes era parte de una de las vías más emblemáticas de la ciudad.

Esgrimir razones de seguridad para justificar esta extralimitación sólo prueba dos cosas: que instalaciones como la Permanente Central ya no deben operar donde hoy se encuentran o que nuestra Policía desconfía de su propia vigilancia, si es que no se puede transitar por frente a una sede de esa institución.

En cualquier caso, es tiempo, no por la presión que ejerza la prensa, la ciudadanía o esta columna de opinión, sino por respeto a Ibagué que se revierta el estado de las cosas y se le devuelva a la comunidad lo que le pertenece.

Que en tiempos en los que los asentamientos subnormales se pusieron de moda, se predique con el ejemplo y cese voluntariamente la ocupación de zonas que desde la legitimidad son públicas, evitando la bochornosa e innecesaria actuación de los tribunales para que se ordene a quien tiene por obligación cuidar el espacio público que, en calidad de contraventor, lo restituya.