Es el fundamento de los fondos privados de pensiones, donde lo que el trabajador recibe cuando se jubila es la devolución del capital, más los rendimientos que logró acumular con sus cotizaciones mensuales a lo largo de sus años de trabajo.

Es un principio razonable pero unidimensional, pues sólo mira el aspecto financiero, y por lo tanto no puede ser el único que se tenga en cuenta para diseñar un sistema pensional, sino que debe tener excepciones fundadas en otros principios como los de equidad y solidaridad.

Hacer absoluto el principio de la autofinanciación puede generar situaciones de profunda injusticia, pero también hay que decir que son injustas e inequitativas muchas de las excepciones que hoy existen a la aplicación de este principio.

La excepción más importante que se debe establecer es la conocida como “garantía de pensión mínima”, es decir, que todo ciudadano debe tener el derecho a recibir una mesada pensional que le garantice el mínimo para sus subsistencia. Esta garantía existe en forma parcial en Colombia, pues solo se aplica a los afiliados al Seguro Social o a los Fondos de Pensiones, y hay millones de colombianos que no lo están y enfrentan una vejez en la miseria.

Por supuesto que la universalización de la pensión mínima tiene un alto costo financiero que debe asumir el Estado como parte de su misión redistributiva y garante de la equidad.

Pero como los recursos del Estado, que son los impuestos pagados por los contribuyentes, no son ilimitados, es necesario introducir ajustes al sistema pensional, como por ejemplo el aumento de las semanas requeridas de cotización y, sobre todo, insistir en la formalización laboral y la exigencia de contratos de trabajo dignos.

La mejor solución al problema de la sostenibilidad del sistema pensional es que todos los colombianos tengan un trabajo decente. Por eso la reforma pensional debe ir de la mano con la reforma laboral.

En el extremo alto del sistema pensional también existen grandes injusticias asociadas al principio de autofinanciación de las pensiones, pero ya no por excepciones que deberían existir, sino por aquellas injustificadas que deben ser eliminadas.

Es el caso de los regímenes especiales de congresistas, magistrados y otros funcionarios públicos que reciben enormes pensiones paras las cuales nunca cotizaron; más grave aún son los casos en que estas pensiones se obtienen de manera abusiva y corrupta en los carruseles de nombramientos con elevados salarios.

Como estos funcionarios no autofinanciaron sus millonarias pensiones, es al Estado, es decir a los contribuyentes, al que le toca pagarlas. Es una injusticia aberrante que los escasos recursos públicos se destinen a subsidiar a unos pocos ricos en lugar de usarlos para reducir la pobreza de millones.

Hacia el futuro la solución es muy simple: eliminar todos los regímenes especiales y controlar y castigar de manera ejemplar los carruseles pensionales. Como los que ya los disfrutan van a alegar derechos adquiridos para no dejárselos quitar, hay que acudir a otra solución simple: reducir la exención tributaria que hoy tienen las pensiones altas.

Hoy solo pagan impuestos las pensiones superiores a $26 millones mensuales. Es un tope ridículamente alto que debe ser reducido. Si, por ejemplo, solo quedaran exentas las pensiones superiores a 10 salarios mínimos, solo se afectaría un pequeñísimo número de pensionados y el Estado recuperaría una parte del regalo que hoy le hace sin justificación a unos cuantos privilegiados.